Optral, histórica productora de cables de fibra óptica, entra en concurso de acreedores

El sector de la fibra óptica en España recibe un nuevo golpe tras confirmarse que la compañía Optral, especializada en la fabricación de cables de altas prestaciones, ha sido declarada en concurso de acreedores. El Juzgado Mercantil número 6 de Barcelona emitió el auto que formaliza la insolvencia y que pone bajo supervisión judicial las operaciones de la empresa, nombrando al despacho Tem como administrador concursal.

Fundada en 1988, Optral ha sido un actor de referencia en el desarrollo y manufactura de cables de fibra óptica dirigidos a sectores estratégicos. Su sede operativa principal se encuentra en Sant Iscle de Vallalta (Barcelona), aunque la compañía también cuenta con una planta en Fraga (Huesca) y una delegación en Alcobendas (Madrid). En paralelo, mantiene tres filiales comerciales en países iberoamericanos, lo que hasta ahora le permitía tener una proyección internacional estable.

La plantilla, en el centro de las preocupaciones

Con 130 empleados en nómina, el futuro laboral de la plantilla es uno de los puntos más delicados en este proceso concursal. La designación de un administrador concursal busca garantizar que se preserven al máximo los puestos de trabajo, aunque el desenlace dependerá de la capacidad de la compañía para reestructurarse o encontrar un comprador que asegure la continuidad de la producción.

El expediente presentado ante el juzgado incluye la oferta de un tercero interesado en la adquisición de la unidad productiva. Esta propuesta podría abrir la puerta a la continuidad de la marca, aunque bajo un nuevo propietario. En este tipo de operaciones, los jueces y los administradores concursales suelen valorar la viabilidad de la oferta, su impacto en el empleo y la capacidad de mantener la actividad.

Los últimos datos oficiales, correspondientes a 2023, reflejan que Optral facturó 34 millones de euros y registró un beneficio neto de apenas medio millón. La compañía presentaba un activo valorado en 40 millones, frente a unas deudas que rondaban los 30 millones de euros. Dentro de este pasivo, destacan los 12 millones de euros en ayudas y avales del ICO recibidos entre 2021 y 2025, reflejo de las dificultades que atravesaba la firma en plena pandemia y crisis de suministros.

Renvolta Corp, principal accionista

El capital social de Optral asciende a 1,8 millones de euros, acompañado de una prima de emisión cercana a 0,9 millones. Entre los accionistas destaca Renvolta Corp, con sede en Sant Pol de Mar y controlada por Ramón Alós Vidal, administrador único de Optral y titular del 33% de la compañía. Esta estructura accionarial ha estado marcada por decisiones estratégicas complejas, como el traslado de la sede social a Alcobendas en 2018, coincidiendo con la inestabilidad política en Cataluña derivada del procés.

Uno de los grandes activos de Optral ha sido siempre su cartera de clientes, integrada por empresas de telecomunicaciones, productoras de televisión, compañías energéticas, del sector de hidrocarburos e incluso industrias de defensa. Su capacidad para atender pedidos de nicho y de alta exigencia técnica convirtió a la empresa en un proveedor muy valorado en determinados segmentos industriales. Sin embargo, la creciente competencia internacional, especialmente desde Asia, ha reducido los márgenes y ha tensionado su rentabilidad.

El caso de Optral se suma a una lista creciente de insolvencias en Cataluña, que en las últimas semanas ha afectado a empresas de sectores muy diversos. Entre ellas se encuentran Barcelona Sifon’s Factory, mayorista de bebidas y alimentación; Concerts Estudio, dedicada a la gestión de salas de espectáculos; Vicent Taller de Barnizados, especializada en muebles de madera; y Viladós Expeditions, fabricante de piezas de aluminio inyectado. Estos ejemplos reflejan cómo distintas ramas de la economía catalana están afrontando un escenario de presión financiera y caída de la demanda.

Un futuro incierto

Aunque la existencia de un comprador interesado puede interpretarse como una señal de esperanza, la realidad es que la situación de Optral plantea interrogantes relevantes. La continuidad de las fábricas, la protección de los trabajadores y la gestión de la deuda con entidades públicas y privadas son cuestiones que determinarán si la compañía logra salvarse del colapso definitivo o si termina desintegrándose en el proceso concursal.

La entrada en concurso de acreedores de Optral supone un aviso para el conjunto del sector tecnológico español, donde la transición hacia modelos de mayor digitalización y conectividad exige contar con fabricantes fuertes en el ámbito de la fibra óptica. La pérdida de un actor con décadas de experiencia podría debilitar la posición de España en una industria clave para el desarrollo de infraestructuras de telecomunicaciones.

Los expertos apuntan a que la falta de inversión sostenida en I+D y la dependencia de las ayudas públicas han sido factores que han limitado la capacidad de Optral para competir con rivales internacionales. En un momento en el que la demanda de soluciones de conectividad crece con fuerza, la compañía no habría logrado escalar sus operaciones ni diversificar suficientemente sus ingresos para blindarse frente a crisis coyunturales.

Entre la supervivencia y la desaparición

El desenlace del proceso concursal marcará el destino de Optral. Si prospera la oferta de compra y se logra mantener la actividad, la compañía podría reinventarse bajo un nuevo paraguas empresarial. De lo contrario, se estaría ante la desaparición de una empresa con más de 35 años de trayectoria, que ha contribuido de forma significativa al tejido industrial español. Lo que ocurra en los próximos meses servirá también como termómetro de la resiliencia de la industria nacional en tiempos de incertidumbre económica y tecnológica.