Catalunya Bank mima a su comprador con créditos fiscales

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AUDITORÍA

El nuevo consejo de administración de Catalunya Caixa

15 de mayo de 2012 (13:52 CET)

Catalunya Bank, la entidad creada tras la unión de Caixa Catalunya, Caixa Manresa y Caixa Tarragona, en pleno proceso de privatización no tiene seguro si cobrará los créditos fiscales de este año. La firma de servicios profesionales Deloitte ha realizado un informe sobre las cuentas de la entidad en el que advierte de las dificultades del banco catalán a la hora de afrontar el cobro de una serie de créditos fiscales.

Concretamente, Deloitte asegura en su informe de auditoría que “no dispone de información suficiente para llegar a la conclusión de si en los próximos ejercicios se generarán bases imponibles positivas que permitan la recuperación de los activos fiscales diferidos netos de pasivos fiscales diferidos que, a 31 de diciembre de 2011, figuran registrados en el balance por importe de 891 millones de euros”.

En manos del Estado

Catalunya Bank está en estos momentos en un proceso de integración al que han asistido las principales entidades bancarias del país (Santander, BBVA, Popular y Kutxa, entre otros) y según expertos todo indica que será Banco Santander quien se quede finalmente con la entidad catalana a no ser que finalmente el Estado decida quedarse con ella al igual que ha hecho con Bankia.

A día de hoy el 100% del capital de Catalunya Bank está en manos del Estado tras haber inyectado en dos ocasiones cerca de 3.000 millones de euros. Fuentes de la entidad catalana aseguran que el comprador final se verá beneficiado por los 891millones de euros en créditos fiscales.

Otros 995 millones en provisiones


El pasado lunes Catalunya Bank anunció que tendrá que provisionar otros 995 millones de euros como impacto de la nueva reforma financiera. La entidad explicó que solo esta nueva obligación le hará aumentar las provisiones en 995 millones de euros, una vez descontados los efectos fiscales, que se suman a los más de 4.100 millones brutos que le obligaba el real decreto de febrero.
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