El gobierno fusiona los reguladores de energía, telecomunicaciones y competencia

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CONSEJO DE MINISTROS

Soraya Sáenz de Santamaría, ministra de la Presidencia

24 de febrero de 2012 (16:18 CET)

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley para la creación de una Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que centralizará las tareas de los actuales organismos supervisores a excepción de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Dirección General de Seguros y el Banco de España, que afectan al mercado financiero.

El nuevo organismo asume entre otras las competencias de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y la Comisión Nacional del Sector Postal (CNSP).

También centralizará las competencias del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria, la Comisión Nacional del Juego y el Comité de Regulación Ferroviaria.

En rueda de prensa, la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha indicado que esta integración permitirá "evitar duplicidades, contradicciones en los informes, pérdidas de seguridad jurídica y desprotección del mercado y de los consumidores".

"Buscamos transformar toda esta pluralidad en un único supervisor de estos mercados y de la competencia para incrementar la independencia, fortalecerla, así como profesionalizar y ganar en competitividad", ha dicho.

La nueva Comisión contará con nueve miembros que serán propuestos por el Gobierno y que se someterán a una entrevista en el Congreso de los Diputados, que podrá vetarlos por mayoría absoluta.

Según ha señalado, hasta ahora los miembros de estos organismos eran nombrados por el Gobierno, salvo en el caso del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, antes de pasar una entrevista en el Congreso que apenas tenía trascendencia.

Asimismo, ha señalado que con esta medida se reducirá de 52 a 9 el número de consejeros, lo que permitirá un "importante ahorro para las arcas públicas", que en sueldos y retribuciones cifró en 4 millones de euros.

"Imaginen esa cifra cómo se elevará cuando se racionalicen las sedes y las distintas actividades", indicó para añadir que "indudablemente va a haber un ahorro en sedes en el ámbito nacional, por cuanto ahora hay 8 sedes".

No obstante, ha admitido que, al crearse un organismo mayor, el propio anteproyecto de Ley prevé la constitución de subsedes fuera de Madrid, según el volumen de actividad en los diferentes territorios.

Facturas pendientes de pago

El Gobierno también ha aprobado el plan que esta semana anunció el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que los proveedores cobren sus deudas con las administraciones, que se calcula que ascienden a entre 30.000 y 50.000 millones de euros.

En virtud del texto, las corporaciones locales tendrán la obligación de suministrar al Ministerio de Administraciones públicas la información de las facturas pendientes antes del 15 de marzo y antes del 31 de marzo un plan de ajuste", ha explicado Santamaría.

"Debemos saber lo que hay y hacerle frente. Se trata de poner orden y de conocer la cuantía de la deuda por facturas pendientes y que las administraciones públicas se sometan a un plan de viabilidad para cumplir con estas obligaciones, como paso previo para aprobar el mecanismo financiero que garantice a pymes y autónomos el cobro de dichas deudas".
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