El principal accionista del Popular debe 185 millones al propio banco

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Sogefi y Unión Europea de Inversiones, que aglutinan el 9,85% del capital en manos de la Sindicatura de Accionistas, deben aportar 247 millones en la ampliación de capital para no diluir su participación

Una sede del Banco Popular

Madrid, 26 de mayo de 2016 (15:37 CET)

Como hace cuatro años, el núcleo duro de accionistas del Banco Popular, tanto las antiguas familias como los empleados de la entidad, volverán a tener que hacer frente a la parte que les toca de la nueva ampliación de capital de 2.500 millones, para no diluir su participación por debajo del actual 9,85%.

Entonces, la entidad cubrió con ese mismo importe las necesidades adicionales de capital detectadas en las pruebas de estrés realizadas a la banca española por parte de la consultora Oliver Wyman.

Ahora, el impacto previsible de unos 5.000 millones de euros derivado de nuevas medidas regulatorias, más provisiones por los activos inmobiliarios o la devolución a los clientes de lo cobrado de más por las cláusulas suelo, ha llevado de nuevo a la entidad presidida por Ángel Ron a pedir la misma cantidad a sus accionistas.

Sindicatura de Accionistas: Sogefi y UEI

De esta manera, tanto Sociedad General Financiera y Fiduciaria (Sogefi) como Unión Europea de Inversiones (UEI) –las dos sociedades que, con el 7,53% y el 2,3%, respectivamente suman el 9,85% que permite a la Sindicatura de Accionistas del Banco Popular mantenerse como principal accionista de la entidad–, deberán aportar 247 millones de euros para no diluir su participación.

Y no será fácil. Las cuentas de ambas entidades no son para tirar cohetes. Las de Sogefi –la sociedad que vehicula los títulos de los empleados en la Sindicatura– presentaban, al cierre de 2015, un activo corriente tres veces inferior a los 30 millones de euros de pasivo, indicativo de la escasez de liquidez a corto plazo.

Una situación que los administradores estimaban poder solventar negociando los plazos de vencimiento de esas deudas.

Situación patrimonial deteriorada

En el caso de UEI, que aglutina los intereses de las familias históricas de la entidad y que preside desde hace un año José María Montuenga, la situación no es mucho mejor.  Cerraba el primer trimestre de 2016, como la propia sociedad reconocía, con una situación patrimonial "sensiblemente deteriorada por la caída del valor de las acciones del Banco Popular". 

En un año ha visto reducido su activo a la mitad, de 290 a 148 millones de euros, dejando su patrimonio neto con un negativo de 6,2 millones, cuando en marzo de 2015 rozaba los 140 millones positivos. Lo que se ha mantenido, con un ligero incremento, es la deuda que atesora –ahora de 155 millones de euros–, de la que el Popular es su casi único acreedor. 

Venta de derechos

Para hacer frente al abono de las diversas pólizas de préstamo, la UEI, tanto en enero como en marzo, con motivo del pago dividendo del Popular, optó por la retribución en efectivo, vendiendo los derechos al banco a precio garantizado obteniendo unos ingresos de 2,56 millones de euros en la operativa. 

En lo que va de mayo, los accionistas adheridos al pacto sindicado han movido en el mercado continuo casi 400.000 títulos. Compraron algo más de 174.000 y vendieron 222.000 euros, en una franja de precios de entre 2,05 y 2,31 euros, según la última notificación remitida esta semana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

Inversores institucionales

Del resto de accionistas significativos, la aseguradora Allianz ya ha manifestado su intención de suscribir la ampliación, con lo que aportará cerca de 90 millones equivalentes a casi el 3,5% del capital que atesora en la entidad presidida por Ángel Ron.

Y es previsible que también respalden la ampliación otros inversores institucionales, como Crédit Mutuel, Baillie Gifford, Blackrock o Vanguard Fond Growth. Entre los cuatro cubrirían el 13,2% de la operación. Si sumamos la aportación de Allianz y la de los accionistas del pacto sindicado, se llegaría hasta el 26,5%. 

Dudas en la Fundación Barrié

Más difícil será que apoye la ampliación la Fundación Barrié, los antiguos propietarios del Banco Pastor que, tras la fusión, se quedaron con una participación significativa, pero que ya en febrero optaron por reducirla por debajo del 3%.

De mantener el 2,56% que entonces declaraba ante la CNMV, la Fundación tendría que poner unos 63 millones de euros. No parece que estén por la labor, aceptando sin más la dilución de su participación. En el consejo del Popular también se sienta la presidenta de Prosegur, Helena Revoredo, que debería desembolsar 2,5 millones para asentar el 0,1% del capital del banco.
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