Fainé tiene un mes para evitar el primer concurso de un partido político

Si Unió no consigue un acuerdo con la banca, que lidera Caixabank, antes del 14 de julio, el partido de Ramon Espadaler acabará con los libros en el juzgado

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Unió Democrática de Cataluña (UDC) se encuentra inmersa en un preconcurso de acreedores, con una deuda bancaria de más de 19 millones de euros, de los cuales nueve corresponden a La Caixa, la entidad que todavía preside Isidro Fainé.

Si no consigue un acuerdo con la banca acreedora antes del 14 de julio, cuando se cumple el término máximo previsto por la ley concursal (los tres meses más uno de adicional desde la solicitud al juzgado), el histórico partido democristiano entrará en suspensión de pagos.

Fuentes de Unió confirman que se está «renegociando» la deuda y que, para reducirla, han puesto a la venta su sede central de la calle Nápoles de Barcelona. Estas fuentes precisan que todavía no se ha alcanzado un acuerdo con el pool de bancos acreedores, liderado por Caixabank, ni con ninguna de las inmobiliarias que se han interesado por el inmueble.

Un ex dirigente democristiano, que formó parte de la cúpula del partido hasta hace un año, advierte de que, con la venta de patrimonio, no se cubre ni la mitad de la deuda y que necesitarán una substancial rebaja por parte de la banca acreedora, en una negociación que califica de «compleja».

La ley orgánica 5/2012, de financiación de partidos políticos, restringe severamente la condonación de las deudas contraídas con bancos. Su artículo segundo establece que las condonaciones estarán sujetas a un límite de 100.000 euros anuales. No obstante, en esta ley no se contempla la posibilidad que un partido político se acoja al concurso de acreedores, tal como ha hecho Unió.

Repetidas condonaciones

De forma repetida, hasta la promulgación de la ley orgánica 5/2012, Unió se benefició de condonaciones de su deuda. Por ejemplo, en 2011 consiguió una «regularización de intereses de demora», mediante la cual Caixabank perdonó casi 490.000 euros, según la documentación del Tribunal de Cuentas.

En el marco del proceso concursal, Unió intentará conseguir que la banca perdone parte de una deuda que supera los 19 millones de euros sin vulnerar la ley.

El pool de bancos acreedores está formado por La Caixa, que roza los nueve millones; el Santander con otros 3,7 millones; BBVA (que ha heredado los créditos de CatalunyaCaixa), tres millones más, IberCaja, 1; CEC, 1; Banco Sabadell, 800.000 euros; Banco Popular, 600.000 euros; y kukxabank, 400.000 euros, según fuentes que han tenido acceso al pliego del preconcurso de acreedores.

Con el vasco Kutxabank, Unió llegó a acumular una deuda de más de diez millones de euros que se esfumaron en su mayor parte. El partido suscribió un crédito con la antigua caja de ahorros BBK que, a su vencimiento en 1996, era de 516.000 euros.

Como nunca lo pagaron, en 2012, alcanzó un importe de más de diez millones de euros, pero una nueva liquidación redujo la cuantía adeudada a menos de un millón. El Tribunal de Cuentas pidió explicaciones en el último informe auditado, que precisamente corresponde a 2012.

Créditos para las elecciones del 27S y del 20D

Los últimos créditos los concedieron el Sabadell y el Popular para que el partido pudiera concurrir a las elecciones catalanas del 27S y a las generales del 20D, en las que no obtuvo ningún representante. A causa de las dificultades económicas, Unió descartó presentarse a las elecciones de este 26 de junio.

En la documentación del preconcurso de acreedores no se reconoce ninguna deuda a Convergència, que fue su socio en CiU, pese a que el partido de Artur Mas les sigue reclamando 1,8 millones de euros de gastos electorales.

Respecto a las gestiones para conseguir recursos, Unió ha vendido sus sedes de Girona, Tarragona y Lleida, a la inmobiliaria Levante Capital, y espera cerrar pronto la de su sede central en Barcelona. El partido mantiene en secreto el importe de estas operaciones.

Con la venta de patrimonio, Unió espera rebajar el pasivo con los bancos, pagar las dos mensualidades que adeuda a sus empleados y financiar un expediente de regulación de empleo. Un asalariado del partido confirma que les adeudan las mensualidades de abril y mayo, si bien tienen «plena confianza» que las cobrarán cuando se venda su sede central.

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