Los clientes de Banco Madrid y BPA demandan al gobierno de Andorra 

stop

Un grupo de 222 inversores reclaman 360 millones al gobierno andorrano por haber sobreactuado por presiones de Estados Unidos

Un cliente de la Banca Privada d'Andorra.

Madrid , 10 de marzo de 2016 (11:27 CET)

A un año de la intervención de la Banca Privada de Andorra, BPA, y su filial española, Banco de Madrid, un grupo de 222 ahorristas han presentado una demanda colectivos contra el gobierno de Andorra por sobreactuar y no garantizar el dinero de los ahorradores.

La demanda, presentada por la plataforma de afectados, exigirá responsabilidad al Estado de Andorra por los daños económicos a los clientes del banco. "El gobierno andorrano señaló un número de personas que blanqueó dinero. Eso no puede ser una justificación para liquidar todo un sistema bancario que tenía una tradición y una clientela que ha sido afectada", explicó Javier Cremades, socio del despacho Cremades & Calvo Sotelo que ha participado en la elaboración de la demanda colectiva.

Sólo 2.500 euros por semana

Según una auditoría elaborada por PwC, unos 900 clientes del BPA blanqueaban dinero, pero la reacción contra estos clientes afectó a 29.000 depósitos que todavía no han sido recuperados.

La intervención de Fincen, el organismo de Departamento del Tesoro estadounidense que trabaja contra el blanqueo de dinero, precipitó la caída de la entidad andorra, una de las cinco que operaban en el Principado.

Los clientes que no han podido recuperar su dinero (quienes tenían cuentas por importe superior a los 100.000 euros) ahora sólo pueden disponer de 2.500 euros por semana. "Es una situación terrible. Yo tuve la suerte de recuperar casi todo mi dinero. Sólo me queda recuperar unos 6.000 euro", explicó Fernando González, uno de los afectados del Banco de Madrid.

Los dueños demandan a Estados Unidos

Los afectados han seguido la línea adoptada por la familia Cierco, propietarios de la entidad, que también han demandado al gobierno andorrano y hasta se han atrevido a demandar a la administración estadounidense.

Los abogados de los afectados españoles, que ahora pugnan por recuperar los depósitos retenidos, no descartan futuras demandas por los daños patrimoniales ocasionados por la medida.

La operación estadounidense estaba destinada a captar el blanqueamiento de fondos de altos jerarcas del gobierno venezolano pero hace pocas semanas el gobierno estadounidense ha retirado la nota de alerta que encendió hace un año todas las alarmas. 
Suscribir a boletines

Al suscribirte confirmas nuestra política de privacidad