Montoro endurece el impuesto de sociedades

El adelanto del pago de este impuesto sube al 23% para las empresas que recauden más de 10 millones, una medida del Gobierno para recaudar 8.000 millones y poder cumplir con Bruselas

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El Gobierno aprueba el aumento del pago del impuesto de sociedades, que sube del 12% al 23%, para recaudar con urgencia 8.000 millones de euros y poder cumplir con las pautas acordadas con Bruselas de situar el déficit en el 4,6% del PIB.

Luego de su aprobación en el Consejo de Ministros, tiene que ser validado por las Cortes, y el Gobierno confía que además del PP también tenga la luz verde del PSOE y Ciudadanos, y que el decreto ley ya sea enviado a Bruselas antes del 15 de octubre.

Las empresas que facturen más de 10 millones de euros anuales (unas 9.000 firmas) tendrán que adelantar el 23% de su resultado contable, mientras que la banca y las petroleras pagarán un 25%. En un principio, el proyecto estipulaba que paguen las empresas que facturen más de 20 millones de euros, pero la necesidad de liquidez del Gobierno llevó a rebajar el límite a la mitad, y así se duplicó el número de empresas involucradas.

Los pagos fraccionados a cuenta de Sociedades se abonan en los 20 días naturales de abril, octubre y diciembre, y en julio del año siguiente se liquidan las diferencias que puedan surgir en la declaración del impuesto.

Ola de críticas por la improvisación del Gobierno

La aplicación de esta normativa ha levantado un tendal de críticas en patronales, técnicos y sindicatos. Gestha, el colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda, dice que esta reforma es «un nuevo vaivén» de la política fiscal del Gobierno, ya que se vuelve a poner en marcha un impuesto que se había suprimido el año pasado.

Para Gestha, el Gobierno aprueba el impuesto sin emprender una reforma fiscal integral que reduzca el fraude y la evasión fiscal de grandes fortunas y multinacionales. Los técnicos puntualizan que el pago anticipado faltará cuando se tengan que realizar los reintegros, «y se volverá a desplomar la recaudación».

En tanto, el vicepresidente de la CEOE y presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, criticó la reforma del Impuesto de Sociedades, al considerar que se acomete con «nocturnidad y alevosía» y porque afectará al empleo y a las inversiones.

«La cantidad que se quiere recaudar es dinero que las empresas necesitaban para otros menesteres muy importantes que no van a poder destinar», dijo el representante de los empresarios.

En Pimec, la asociación de las pymes catalanas, afirmaron que la medida es una «improvisación» del Gobierno y que traerá importantes dificultades financieras a las empresas, que pueden llevar hasta su cierre.

Y desde la UGT, el secretario general Josep María Álvarez calificó a la reforma como una «chapuza», y pidió que con la fiscalidad «no hay que hacer electoralismo».

Economía Digital

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