El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. EFE

Sánchez pone patas arriba la reforma de las antiguas cajas de ahorro

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Caixabank, Unicaja, Liberbank o Ibercaja pueden chocar con los reguladores si aplican los votos de lealtad que quiere introducir Economía

Madrid, 14 de junio de 2019 (12:40 CET)

Este viernes finaliza el plazo de consulta pública del Anteproyecto de Ley por el que se modifica la ley de sociedades de capital y, aunque la CECA ha preferido no responder a la solicitud de información de Economía Digital, las antiguas cajas, hoy fundaciones bancarias y bancos cotizados -Caixabank, Liberbank, Unicaja y en el futuro Ibercaja-, se enfrentan con esta reforma a incertidumbres jurídicas.

La inclusión en la normativa española de los "votos de lealtad", como propone el anteproyecto, con los que los accionistas estables pueden doblar su peso político en las empresas en las que invierten (2 votos por cada acción), podría crear un enfrentamiento con los reguladores financieros, como el Banco de España o el BCE.

Estos pueden ver con malos ojos que las antiguas cajas volvieran a ganar peso político en los bancos. Además, existe el riesgo de crear disparidad entre entidades, y problemas de gobierno corporativo. Desde Corporance, firma asesora de voto española, explican que la introducción de esta herramienta en los estatutos dañará el buen gobierno de las cotizadas.

Tal como está redactado el documento lanzado a consulta pública por Economía, si la junta de Caixabank aprobara la adopción de los votos de lealtad, Criteria (Fundación Bancaria 'la Caixa') controlaría un 80% de los derechos de voto. Algo que chocaría con todos los esfuerzos dados para reducir el peso de las fundaciones en el capital de los bancos en los últimos años.

Desde el sector financiero contemplaban enviar comentarios al ministerio.

En contra de la filosofía del rescate bancario

Uno de los puntos clave del Memorando de Entendimiento entre España y Bruselas que dio origen al rescate de la banca, concretamente el punto 23, limitaba el peso que las fundaciones (antes cajas) podían tener en el capital social de los bancos para evitar la politización de estas entidades, mejorar su gobierno corporativo y reforzar el sistema financiero español.

"Las autoridades españolas prepararán para finales de noviembre de 2012 normas que aclaren la función de las cajas de ahorro en su calidad de accionistas de entidades de crédito, para, en último término, reducir su participación en las mismas hasta un nivel no mayoritario", explica el documento. De aquel acuerdo nació la Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias.

Para aplicar la obligación de no contar con una posición mayoritaria, La Caixa, a través de Criteria, previo acuerdo con el Banco Central Europeo (BCE), redujo hasta el 40% sus derechos políticos en Caixabank y las fundaciones tuvieron que remitir planes al Banco de España explicando cómo iban a desarrollar que fuera efectivo; y algunos de ellos todavía no se han completado.

De hecho, ciertos bancos cotizados -Unicaja Banco- o que pretenden dar el salto al parqué -Ibercaja- lo tienen pendiente.  Fundación Unicaja, que ostenta un 49,685% de Unicaja Banco debe reducirla por debajo del 40% antes de que acabe 2020 y la intención de Fundación Ibercaja, hoy con un 87,5% de las acciones, sería quedarse con una participación no mayoritaria -inferior al 50%- tras sacar a bolsa a Ibercaja Banco

Si se cumple el calendario que se maneja Economía, la reforma de la Ley de Sociedades de Capital debería entrar en vigor en 2020. En ese caso, de acuerdo con fuentes financieras, estas entidades se podrían encontrar en una situación legal paradójica: sus juntas podrían aprobar los votos de lealtad, pero no sería aplicable a las fundaciones porque todavía no habrían cumplido con las obligaciones impuestas por la legislación previa. 

Por el contrario, Caixabank y Liberbank, donde las fundaciones presentes en el capital controlan un 40% y un 32,476%, respectivamente, podrían plantearlo en sus juntas. 

Desde el sector financiero, ya auguran una revisión del anteproyecto, o bien una reglamentación posterior intensa para explicar su aplicación, dada la incertidumbre que plantea para la banca española. 

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