El Supremo obliga a que los salarios de empresa igualen o superen los de los convenios estatales
Mazo de madera de juez utilizado en los juicios. Foto: Freepik
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El Tribunal Supremo (TS) ha sentado un precedente relevante en materia laboral al determinar que los convenios colectivos de empresa no pueden establecer salarios inferiores a los fijados en los convenios colectivos estatales. La sentencia, dictada el pasado 18 de diciembre, abre la puerta a que los trabajadores reclamen la diferencia salarial desde el 1 de enero de 2023.
Según el alto tribunal, todos los convenios empresariales vigentes a la entrada en vigor de la reforma laboral de 2021 deben adaptarse a los convenios sectoriales. Esto incluye aquellos acuerdos que se firmaron antes de la reforma y que mantenían estructuras salariales inferiores a las establecidas por las tablas estatales. El Supremo concluye que la disposición transitoria sexta de la reforma obliga a actualizar los sueldos en un plazo máximo de un año, vencido en enero de 2022.
Antes de esta reforma, la normativa permitía que los convenios colectivos de empresa prevalecieran sobre los sectoriales en materia salarial. Esta situación llevó a que muchas compañías pudieran fijar sueldos más bajos, generando diferencias notables entre trabajadores de un mismo sector según la empresa en la que laborasen.
Implicaciones prácticas para las empresas
Para los especialistas en derecho laboral, la sentencia del Supremo implica que las compañías deben revisar y adaptar sus convenios de empresa para garantizar que ningún salario sea inferior al mínimo sectorial. Los socios de PwC Tax & Legal, María Eugenia Guzmán, Julio Calvo y Francisco Marín, junto al abogado Diego Marazuela, explican que esta revisión no es opcional: cualquier disposición salarial que no cumpla con los estándares sectoriales debe ser eliminada o modificada.
El fallo también habilita a los representantes de los trabajadores a impugnar judicialmente las tablas salariales que no se ajusten al marco legal. Además, los empleados afectados pueden reclamar la diferencia económica acumulada desde el 1 de enero de 2023, lo que podría traducirse en pagos retroactivos significativos para quienes hayan percibido sueldos inferiores al convenio estatal.
El Supremo refuerza así la idea de que la reforma laboral de 2021 no solo impacta los convenios firmados posteriormente, sino también los acuerdos de empresa anteriores que no se actualizaron durante el período transitorio. Esto consolida la prioridad de los convenios sectoriales sobre los de empresa en materia de retribuciones, eliminando cualquier posibilidad de que los empleadores mantengan sueldos más bajos bajo acuerdos previos.
Revisión obligatoria de convenios y nuevas reclamaciones
La sentencia establece que, aunque un convenio empresarial continúe vigente hasta fechas posteriores a la reforma, la parte correspondiente a los salarios debe ser modificada para cumplir con los mínimos establecidos en los convenios estatales. En la práctica, esto significa que empresas de distintos sectores, desde seguridad hasta servicios, deberán actualizar sus convenios y adaptar sus tablas salariales, incluso si el resto del acuerdo permanece vigente.
Los expertos recuerdan que la medida también sirve como herramienta de control para sindicatos y representantes de trabajadores, que pueden revisar las tablas salariales existentes y, en caso de incumplimiento, iniciar acciones legales. Este mecanismo protege a los empleados y garantiza que los convenios sectoriales actúen como un suelo salarial mínimo para todo el país, evitando disparidades entre compañías de un mismo sector.
Impacto económico y social
El efecto de la sentencia puede ser notable para varias compañías, especialmente aquellas que habían aprovechado la prevalencia de convenios propios para fijar sueldos más bajos. Los ajustes pueden generar incrementos salariales retroactivos y requerir revisiones contables para adaptarse a la nueva normativa. Para los trabajadores, sin embargo, esta decisión representa una garantía de que su remuneración nunca podrá ser inferior a la fijada por su sector, fortaleciendo su protección laboral.
En palabras de los expertos, la resolución del Supremo refuerza la equidad en las relaciones laborales y asegura que la reforma de 2021 cumpla su objetivo de establecer un marco de salario mínimo sectorial obligatorio. Además, marca un precedente importante para futuros litigios y consultas legales sobre la aplicabilidad de los convenios de empresa frente a los estatales.
Con esta decisión, el Tribunal Supremo no solo clarifica la jerarquía normativa en materia salarial, sino que también ofrece un instrumento práctico a los trabajadores y sindicatos para reclamar derechos salariales no respetados. De esta manera, se consolida la idea de que los convenios estatales actúan como referencia imprescindible para garantizar la justicia y equidad en los salarios en España.
