Troyano reclama a Penedès 3,7 millones por el despido, su blindaje y daños al honor

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RETRIBUCIONES

Manuel Troyano, Caixa Penedès

28 de febrero de 2012 (20:23 CET)

El llamado pensionazo de Caixa Penedès sigue coleando. Uno de los implicados, el ex director general de la entidad, Manuel Troyano, ha interpuesto una demanda en la que reclama a la caja una indemnización de unos 3,7 millones de euros por diferentes conceptos. Este alto cargo fue cesado junto a otros tres directivos por haber ocultado al consejo de administración un plan de pensiones millonario mediante el que se aseguró una prestación de unos cinco millones de euros.

Troyano fue despedido pocos días después de forma procedente y sin indemnización acusado por la entidad de haber facilitado préstamos de forma irregular a través de una filial del conglomerado financiero con sede en Vilafranca del Penedès (Barcelona).

Tras fracasar el acto de conciliación previo entre los abogados de las partes, Troyano ha presentado una demanda en el juzgado de lo social que se sustenta en tres elementos, según fuentes cercanas al litigio. Por un lado, solicita que su despido se declare improcedente.

Como ha trabajado 43 años en la entidad, pide el máximo legal estipulado en la ley laboral anterior, es decir, una compensación de 42 mensualidades o tres años y medio de sueldo. Troyano ganaba 500.000 euros al año, según hizo público Caixa Penedès a final de año a requerimiento del Banco de España. El resto de cajas que han recibido ayudas públicas también han desvelado los emolumentos de sus ejecutivos.

Pero Troyano como cualquier otro directivo de este grupo de entidades tenía derecho a mantener ocultas sus retribuciones si se hubiera acogido a la Ley de Protección de Datos. Solo por ese despido el antiguo director general exige el pago de 1,75 millones.

Blindaje oculto

Además reclama el blindaje que tenía garantizado y que fue ocultado al consejo de administración al igual que lo fueron los paracaídas de los otros implicados en el escándalo. Por este concepto solicita tres anualidades, es decir, 1,5 millones, según las mismas fuentes.

Finalmente, su demanda acusa a la entidad financiera de haber vulnerado su derecho al honor, algo que, alega, se traduce diariamente en una fuerte presión en su entorno personal, donde ha sufrido descalificaciones.
Considera la demanda que Penedès cercenó este derecho al hacer público su sueldo y divulgar su despido y las causas del mismo.

Fuentes oficiales de la caja insisten en la procedencia del despido y se desvinculan de cualquier filtración sobre su salida de la entidad o las causas de la misma.

Mientras tanto, Penedès y las otras tres entidades que forma el grupo BMN viven bajo un fuerte clima de tensión laboral fruto del anuncio hecho por el banco sobre su intención de acometer un plan de ajuste que supondrá la salida de unas 600 personas, el cierre de 120 oficinas, una bajada general de sueldos y otra serie de medidas de flexibilidad interna.

Los sindicatos han empezado a movilizarse contra este programa y este martes han llevado a cabo un paro de 10 minutos en todos los centros de trabajo de la entidad. Las centrales piden que el proceso de reestructuración sea consensuado y negociado, que se garantice la viabilidad y estabilidad de la empresa, que se articule a través de medidas voluntarias no traumáticas y de medidas de flexibilidad interna y que se minimice la pérdida de puestos de trabajo.
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