Multa millonaria del Gobierno al operador Hatta Energy, que ve en riesgo su viabilidad y sus inversiones en Galicia
La Audiencia Nacional da la razón a Transición Ecológica, que había multado a Hatta Energy con 4,5 millones por el incumplimiento de la obligación de mantener existencias mínimas de seguridad y solicitaba medidas cautelares advirtiendo a la vez de su eventual insolvencia
CEO de HATTA Energy, Javier Alonso – LUIS MALIBRAN/HATTA
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Hatta Energy no es un mayorista de productos petrolíferos cualquiera. La compañía, que hasta octubre de 2022 operaba bajo la denominación social de Trust Company Investment T.R., se encuentra en pleno desembarco en Galicia, con dos proyectos de biocombustibles anunciados y con el traslado de su sede fiscal a Oleiros, manteniendo su domicilio social en Madrid, en Torre Picasso. Accidentada es su relación con las grandes petroleras, y también con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) e incluso con la Agencia Tributaria. Ahora, la compañía tiene un nuevo frente abierto. Y complicado, según sus propias advertencias. Tanto, que compromete su viabilidad.
Javier Alonso, CEO de Hatta Energy, y todo su equipo, se enfrentan a un nuevo revés. La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional acaba de dar la razón al Gobierno, concretamente a la Vicepresidencia de Sara Aagesen, y deniega las medidas cautelares que solicitaba Hatta Energy para librarse de una multa de 4,5 millones de euros impuesta por el incumplimiento de la obligación de mantener existencias mínimas de seguridad. La compañía, según Transición Ecológica, había contravenido el artículo 110 de la Ley de Hidrocarburos, por lo que fue multada por una infracción considerada grave.
Incumplimiento y sanción
El auto denegando las medidas cautelares solicitadas por la compañía, al que ha tenido acceso Economía Digital Galicia, es del pasado 26 de junio, que daba respuesta a un recurso de la compañía presentado el 5 de mayo. Transición Ecológica, ahora avalada por el criterio de la Audiencia Nacional, que le da la razón, consideró a Hatta Energy responsable de la comisión de una infracción grave “como consecuencia del incumplimiento de su obligación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad del grupo de destilados medios desde septiembre de 2024 a marzo de 2025, ambos incluidos” y le imponía una sanción de 4,47 millones.
La sala no atiende a los argumentos de la compañía de Alonso, que detalló en su recurso una serie de problemas derivados de la asunción de esa sanción que comprometería su viabilidad y también sus inversiones en Galicia. Argumentaba el equipo jurídico de la mayorista, con los balances en aportados en el recurso, que “la mera existencia de partidas en el activo corriente no permite concluir que la sociedad disponga de capacidad real para afrontar una salida extraordinaria e inmediata de fondos como la derivada de la sanción impugnada”.
“Tensión crítica de liquidez”
Hatta Energy iba más allá al asegurar que “la ejecución inmediata de la sanción supondría la imposibilidad de la continuación de la actividad mercantil, ya que junto a las necesidades de tesorería derivadas del tráfico mercantil ordinario, la entidad soporta una estructura de costes operativos fijos que deben atenderse de forma recurrente e ineludible”. Abundaba en ello al asegurar que “en consecuencia, atendiendo a los costes laborales, los gastos estructurales recurrentes, las obligaciones tributarias periódicas y la detracción adicional de tesorería derivada del régimen de anticipos del IVA, Hatta Energy necesita una tesorería mensual disponible de más de 150 millones de euros”.
“La ejecución inmediata de la sanción supondría una detracción súbita y extraordinaria de tesorería”, insistía en su recurso, “rompiendo el equilibrio financiero de la compañía y generando un escenario de tensión crítica de liquidez”. También comprometía su capacidad “para acometer y culminar las inversiones estratégicas” en marcha. Y aquí entra en juego Galicia.
Golpe a las inversiones
La compañía de Javier Alonso aseguraba en su recurso que ha definido un plan estratégico de inversión “que pivota, fundamentalmente, sobre el desarrollo de dos proyectos industriales de carácter estructural, como son el proyecto Galicia Biowaste y Proyecto Bio Vigo (biocombustibles a partir del aceite usado), que constituyen activos estratégicos esenciales, no solo desde la perspectiva empresarial, sino también en términos de transición energética, generación de empleo cualificado y fortalecimiento del tejido industrial”.
“A ello se suma el desarrollo progresivo de una red de estaciones de servicio abanderadas, con un plan de apertura de 85 establecimientos en el plazo de cinco años, lo que implica un volumen agregado de inversión especialmente significativo”, decía. La compañía aportó un “informe ejecutivo” de sus planes de inversión referente a la planta de Galicia y a la creación de la red de gasolineras y la presentación del proyecto de Vigo con el plan de inversiones, con una inversión global de 58,8 millones de euros.
Sin prueba suficiente
La sala, en su auto de rechazo de las medidas cautelares, y sobre los problemas de liquidez planteados por Hatta, considera que “no han resultado acreditados mediante prueba suficiente, pues se han aportado diversos documentos contables e informes elaborados por la propia sociedad no siendo corroborados por otras pruebas o informe pericial alguno”.
La compañía presumía en su recurso de la condición de operador al por mayor de productos petrolíferos, “ocupando en 2024, según los datos publicados por la CNMC, como quinto operador del mercado nacional por volumen de actividad, y previsiblemente la cuarta posición conforme a los datos del ejercicio 2025”, posicionamiento que reviste “especial relevancia” por cuanto constituye “el único operador independiente entre los principales actores del sector que no ostenta la condición de refinero”.
