La zona tensionada sitúa a A Coruña como la única ciudad gallega en la que el precio del alquiler echa el freno

A Coruña fue la primera ciudad gallega que optó por implantar la Zona Residencial Tensionada (ZRT), herramienta prevista en la nueva ley de vivienda que permite ampliar el abanico de regulaciones que las distintas administraciones pueden aplicar para hacer frente a la tendencia alcista del mercado. Tras la petición de la ciudad herculina llegó la de Santiago, que fue desestimada por la Xunta, si bien el Consistorio trabaja en una nueva solicitud.

La medida entró en vigor en A Coruña el pasado 30 de julio, después de que la alcaldesa Inés Rey solicitase su puesta en marcha al Gobierno central. Según los datos publicados por el Observatorio de Vivenda de Galicia, (órgano dependiente de la Xunta) A Coruña pasó de un alquiler medio de 735,20 euros en agosto a 731,60 en noviembre, 3,6 euros menos. Aunque pueda parecer un descenso mínimo, desde el Ayuntamiento subrayan su carácter “significativo”, especialmente si se analiza el comportamiento en el resto de ciudades de la comunidad, en las que se ha experimentado un crecimiento, más o menos pronunciado.

El mayor contraste se encuentra con Vigo, la ciudad más poblada de Galicia, con 293.000 habitantes, muy cerca de los 250.000 de A Coruña. Entre agosto y noviembre el alquiler medio de la ciudad olívica registró un aumento de 13,3 euros, un 2%. El incremento más pronunciado en este periodo se anotó en Ourense, con 18,1 euros (+3,2 %), seguida de Santiago, con 16,8 euros (+2,6 %) Lugo, con 8,9 euros (+1,6 %), Pontevedra, con 3,8 euros (+0,06 %) y Ferrol, con 2,4 euros (+0,05 %).

Desde el Ayuntamiento destacan que, aunque es difícil extraer conclusiones definitivas por el poco tiempo transcurrido desde la declaración, sí que parece evidente que la zona tensionada “ha tenido un efecto tangible y casi inmediato” en el mercado del alquiler coruñés, mientras que el resto de las urbes gallegas profundizaban en la crisis.

La lucha del Concello para hacer frente a la escalada en el precio de la vivienda no es nueva. Desde hace años la regidora ha venido advirtiendo de las posibles consecuencias nefastas que provocaría la inacción institucional para el ciudadano de a pie, teniendo en cuenta que, cada vez más, los mercados se servían de la especulación inmobiliaria como nueva vía para maximizar beneficios. Lo que es, en realidad, un derecho constitucional, se estaba convirtiendo en un bien de consumo sujeto exclusivamente a la ley de la oferta y la demanda.

La respuesta tradicional a este problema ha sido, históricamente, reforzar el parque de vivienda social. Solo en A Coruña constan más de 3.000 personas inscritas como demandantes de este tipo de vivienda La alcaldesa ha señalado en numerosas ocasiones que la Xunta de Galicia “apenas ha destinado recursos a estos proyectos en los últimos años”.

Es por ello que, ante esta falta de actuación, la alcaldesa apeló al Ejecutivo nacional para poner en marcha la única medida al alcance de los ayuntamientos, que ha permitido, al menos, frenar el encarecimiento de los precios.

El Ayuntamiento coruñés pone en valor que, a pesar de las críticas de los detractores, la declaración de zona tensionada ha conseguido frenar en tan solo cuatro meses la fiebre inflacionaria y lo ha hecho en la recta final del año. “La población donde los alquileres son (aún a día de hoy) más caros, se ha revelado como la que mejor está sabiendo lidiar con la problemática, al ser la única en la que no solamente no ha aumentado el precio medio, sino que ha registrado un leve descenso”.

Efectos de la Zona Residencial Tensionada en la oferta

La posible contracción de la oferta de viviendas ante el endurecimiento de las regulaciones era el principal argumento contra la ZRT. Sin embargo, esto no se ha producido, al menos no en términos significativos. Si bien la media de alquileres mensuales ha sido levemente más baja en los cuatro meses de zona tensionada que en los siete anteriores, esta tendencia se ha observado en absolutamente todas las principales ciudades, también en las que no han optado por implantar la medida.

En concreto, en Pontevedra hubo un descenso de la oferta más abultado que en A Coruña, por ejemplo. Además, en A Coruña la variación es mínima. Según los datos del Observatorio de Vivienda de Galicia, facilitados por la Xunta, entre enero y julio, sin zona tensionada, se formalizaron, de media 472,57 fianzas al mes. Entre agosto y noviembre, se registraron 466,25. Dos cifras muy similares.

En esos cuatro meses de aplicación de la medida, A Coruña se posicionó como la urbe con mejor media de fianzas mensuales de Galicia. Vigo, con casi 50.000 habitantes por encima, se quedó en las 435,75. Continúan la lista Santiago, con 300,75; Ourense, con 207,5; Lugo, con 179,25; Pontevedra, con 103,25 y, por último, Ferrol, con 96. Esta tendencia se mantuvo en el mes de noviembre. En A Coruña, con un censo sustancialmente menor, se materializaron más alquileres (381) que en Vigo (368).

“Desde el Ayuntamiento hemos hecho todo lo que está en nuestra mano, porque no podíamos quedarnos con los brazos cruzados y no hacer nada mientras nuestros vecinos sufren por la especulación y la privación de un derecho básico como es la vivienda. Pero la zona tensionada no es una fórmula mágica. Es tan solo una medida de contención que aplicamos para paliar la problemática mientras las instituciones que sí tienen capacidad de actuar a nivel estructural se deciden a aplicar medidas valientes. El problema es que esto, en Galicia, no está sucediendo. La Xunta no para de anunciar los nuevos pisos que llegarán, en un futuro indeterminado, pero a la hora de la verdad desatienden su obligación como Gobierno, que es tratar de mejorar la vida de los ciudadanos”, ha apuntado la alcaldesa.

Rey ha incidido en la crítica a la política de vivienda (o falta de ella) dibujada por la Xunta en los últimos años. “Si su visión de la vivienda es que es un bien de mercado, de especulación, al menos que lo digan claramente. Que no disimulen con discursos afectados y vacíos para luego, a la hora de la verdad, dejar a los gallegos solos. Un piso no es un activo financiero. No es un elemento para especular y hacer caja. Esta es la posición del Concello de A Coruña, que parece que no es compartida por el Gobierno autonómico, porque a día de hoy aún no han diseñado claramente el marco sancionador que nos permita aplicar totalmente la zona tensionada y multar al que se salte la ley. En Cataluña y País Vasco esto ha sido ya definido claramente por sus ejecutivos. Aquí no se ha hecho nada. Sin la redacción del tramo autonómico de la legislación tenemos las manos atadas en los ayuntamientos”.

En este sentido, la regidora ha reclamado, al menos, la construcción de urgencia de unos 3.000 pisos que ayuden a aliviar la demanda de vivienda social existente. “No debería ser polémico, ni siquiera algo político, afirmar que es una vergüenza que un ciudadano que cobra 1.300 euros tenga que elegir entre compartir piso o pagar 800 euros de alquiler. Así no se puede vivir. Si la Xunta cree que el libre mercado está por encima de los derechos constitucionales, al menos que tengan la decencia de dar la cara y decirlo en voz alta. Para nosotros, las personas estarán siempre por encima del mercado”.