Ábalos sale en ayuda de Audasa en la causa por los atascos de la AP-9
El Gobierno se personará en el juicio por las retenciones en Rande al entender que podría afectar al estado de la concesión, que tiene vigencia hasta 2048
El Gobierno central ha salido al rescate de Audasa, la dueña de la AP-9, en el proceso judicial derivado de los atascos que se vivieron en el puente de Rande a finales de 2017. El antiguo Ministerio de Fomento, dirigido por Jose Luis Ábalos, cree que el resultado del juicio podría afectar al estado de la concesión, que tiene vigencia hasta 2048. Por ese motivo, el Ejecutivo ha decidido personarse en el proceso a través de la Abogacía del Estado. La decisión ha sido criticada por las asociaciones de usuarios que se también se han personado como parte de la acusación.
La Abogacía del Estado tampoco está a favor de que la causa, promovida por la Fiscalía, se deba dirimir en la vía civil y apuesta por el ámbito administrativo para llegar a un acuerdo.
Un juicio con consecuencias para el Gobierno
La decisión de Fomento tiene consecuencias ya que la Fiscalía ya ha presentado un recurso de reposición contra la resolución que acuerda la personación en la causa de la Abogacía General del Estado. La Fiscalía considera que la personación del Estado no es pertinente «ya que la causa se ciñe estrictamente al ámbito de la explotación comercial de la infraestructura por parte de la concesionaria, desde la perspectiva civil y privada de sus relaciones con los usuarios».
El movimiento de la Abogacía del Estado se topa con las críticas de En-Colectivo, una de las asociaciones civiles personadas en la denuncia que defiende a los usuarios afectados por el cobro indebido de los peajes por parte de Audasa durante las obras de ampliación del Puente de Rande. La asociación denuncia que la personación de la Abogacía del Estado en representación del Ministerio de Fomento fue notificada el 28 de enero, a escasos días del comienzo de la vista principal, que tendrá lugar la próxima semana.
Personación tardía del Estado
Además, arremeten también contra el escrito de la Abogacía del Estado por considerar que los hechos que se juzgarán se refieren al ámbito jurídico administrativo y no al civil, apoyando “la tesis de la concesionaria” de que ha cumplido y no ha “vulnerado norma alguna de contratación pública”, en contra de los postulados defendidos por En-Colectivo.
Según Diego Maraña, presidente de En-Colectivo, “es llamativo que el Estado se persone de forma tan tardía, cuando ha podido tener conocimiento de la existencia delprocedimiento judicial mucho antes y que la Abogacía del Estado haya presentado un escrito en el que evidencia un conocimiento amplio de los escritos de demanda y contestación que obran en los autos, a pesar de indicar que hasta la fecha no tenía constancia alguna del expediente judicial”.
