Beneficio récord para Acento Public Affairs (José Blanco y Alfonso Alonso), que roza los 10 millones en ingresos
Acento Public Affairs, la consultora impulsada por el exministro José Blanco, cerró 2024 con más de dos millones de euros de beneficio y 9,6 millones de facturación tras crecer un 22%
Los exministros Alfonso Alonso y José Blanco / EDG
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Nuevo acelerón en la cuenta de resultados de Acento Public Affairs. La consultora impulsada a finales de 2019 por el exministro de Fomento con José Luis Rodríguez Zapatero, José Blanco, ha dado carpetazo a su ejercicio fiscal 2024 con un nuevo récord tanto en materia de ingresos como de beneficios.
De acuerdo a las cuentas anuales de la firma, Acento Public Affairs estiró su cifra de negocio hasta el punto de que ya acaricia la barrera de los diez millones. En concreto, la consultora que tiene a José Blanco como CEO y al exministro de Sanidad con Mariano Rajoy, Alfonso Alonso, como presidente, elevó su facturación un 22%, hasta alcanzar los 9,58 millones de euros.
Acento Public Affairs incrementó así su cifra de negocio respecto a los 7,85 millones de euros cosechados el año anterior. La firma, que aumento su número de trabajadores de 34 a 38, aprovechó esta buena evolución para disparar su beneficio neto hasta máximos históricos.
Más de dos millones de beneficio neto
No en vano, las ganancias de la consultora se incrementaron un 47%, hasta alcanzar los 2,09 millones de euros. La firma ha optado, al igual que en ejercicios anteriores, por descartar la opción de abonar un dividendo a sus accionistas. En su lugar, destinará la totalidad de esta cantidad a reservas voluntarias.
Acento Public Affairs fue constituida con un capital social de 3.000 euros, pero su patrimonio neto ya se eleva hasta los 2,86 millones de euros tras el reguero de beneficios que ha logrado desde su puesta en marcha. La firma ha logrado pulverizar la barrera de los cuatro millones de euros en activos bajo gestión (4,15 millones) en un 2024 en el que la firma rebasó el millón de euros en ingresos procedentes de su actividad en Bruselas.
Acento Public Affairs figura como grupo de presión (lobby) en el Registro de Transparencia de la Unión Europea desde octubre de 2020 y cuenta con un total de cinco personas acreditadas para acceder a los edificios del Parlamento Europeo para mantener reuniones con eurodiputados y los equipos de los distintos comisarios.
Entre la lista de clientes de Acento Public Affairs figuran la Asociación para la promoción de la asistencia farmacéutica (Aproafa), CT Ingenieros, la Embajada de Marruecos, Grupo Mediapro, Grupo Neolectra, Huawei Technologies Belgium, Isdin, la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LFP), Lilly y Novartis Farmacéutica.
La Embajada de Marruecos supone prácticamente la mitad de su facturación en Bruselas. De acuerdo a los datos del Registro de Transparencia, la entidad abonó entre 500.000 y 600.000 euros a Acento Public Affairs para influir en «políticas relativas a la cooperación multisectorial y la seguridad en el Mediterráneo y el Magreb)«.
La filial belga de Huawei, que aportó entre 200.000 y 300.000 euros y la LFP (pagó entre 50.000 y 100.000 euros) completan el podio de mayores clientes de Acento Public Affairs en Bruselas.
Políticos del PSOE y el PP
Además de José Blanco y Alfonso Alonso, la consultora con sede en Madrid cuenta con otras caras políticas de la política española que están presentes como senior advisors o en su consejo asesor. Es el caso de Elena Valenciano, exvicesecretaria general del PSOE y exeurodiputada, así como de Valeriano Gómez, exministro de Trabajo durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, o José María Lassalle, exsecretario de Estado de Cultura con Mariano Rajoy.
Elena Pisonero (exsecretaria de Estado de Economía), Joan Clos (exalcalde de Barcelona y exministro de Industria) y Clara Aguilera (exconsejera de Agricultura de Andalucía) también están presentes en el consejo asesor de Acento Public Affairs, que recibe opinión con salvedades por parte de AGB, su auditor.
La decisión se tomó al entender que la memoria abreviada no incluye el detalle de las operaciones con partes vinculadas. Esto significa que la empresa no proporcionó información obligatoria sobre las transacciones que haya podido tener con personas o entidades con las que tiene algún tipo de relación significativa (por ejemplo, socios, administradores u otras empresas del mismo grupo).
