La salvación de Alcoa y la gran industria depende de los presupuestos

“El Gobierno liga más de la mitad del apoyo económico del Estatuto del Consumidor Electrointensivo a la aprobación de los presupuestos”. Son declaraciones de Paulo Carril, sindicalista de la CIG que el pasado lunes participó en la reunión en la que el Ministerio de Industria dio a conocer a centrales sindicales y patronales empresariales las líneas básicas de su proyecto electrointensivo, un real decreto que está ideado para regular el precio de la factura eléctrica de grandes industrias como Alcoa o Ferroatlántica. A pesar de su naturaleza reguladora, los sindicatos, que ya han anunciado que presentarán alegaciones al texto (que se tramitará por vía de urgencia y se espera aprobar en marzo), critican que la cuantía final de las ayudas a percibir por las empresas dependa, en gran medida, de la aprobación de las cuentas estatales.

El estatuto garantiza a la gran industria (como Alcoa o Ferroatlántica) una nueva partida para compensar los cargos en su factura eléctrica destinados a financiar las renovables, cogeneración de alta eficiencia y el extracoste de territorios no peninsulares. Esta cantidad, que se estima en 92 millones de euros, se unirá a la que perciben por las emisiones de CO2, que ascendió a unos 172 millones de euros en 2019 y que el Ejecutivo espera seguir aumentando. En total, al menos 262 millones de euros a repartir entre los grandes consumidores eléctricos que, según el propio proyecto, son 602 empresas en España.

Necesaria disponibilidad presupuestaria

No obstante, y según se expone en el proyecto de estatuto (que Industria hizo público en la noche de este martes para abrir un período de alegaciones de una semana) la cantidad final está condicionada a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, algo que torna especialmente complicado si hablamos de un Gobierno que, como el actual, no cuenta con mayoría absoluta. El documento indica que tanto las bonificaciones de cargos como las ayudas de emisión de CO2 se realizarán con cargo a las cuentas estatales.

Sobre el impacto en las cuentas que pueden tener las bonificaciones por cargos, el proyecto indica que este se determinará en función «de la cuantía que se dote para cada año«. Si bien “en relación con la compensación de los cargos por la financiación de renovables y cogeneración, el posible impacto en los Presupuestos Generales del Estado ya se ha analizado, la norma condiciona su aplicabilidad a que exista disponibilidad presupuestaria en cada ejercicio”.

Este es uno de los apartados del nuevo proyecto presentado que ha despertado los recelos por parte de los sindicatos. “Si la naturaleza de este estatuto es, precisamente, dar un marco estable regulador para la industria, por qué está ligado a algo que no lo es, como la aprobación presupuestaria”, reflexionan desde la CIG.

Al igual que esta central, CCOO y UGT también han indicado que para que la nueva normativa sea competitiva es necesario que las compensaciones por costes indirectos de CO2 se apliquen en el mayor porcentaje posible y para ello «los Presupuestos Generales del Estado deben recoger la máxima cuantía marcada en la directiva de la UE»

La plantilla de Alcoa: «No es suficiente»

Pero esta no es la única pega que se le pone al texto (que, no obstante, ya tiene el ok de Europa y no tendrá que pasar por el filtro de Competencia como el anterior borrador, que fue tumbado hace aproximadamente un año ante el temor a que incurriera en ayudas de Estado consideradas ilegales en el ámbito comunitario). La plantilla de Alcoa, por ejemplo, indica que la reducción en la factura de la luz no es la suficiente. De hecho, van más allá, y aseguran (mediante un comunicado colgado en redes sociales) que es incluso menor que la conseguida en años anteriores.

“De todo lo expuesto, se calcula que la reducción que se conseguirá en la tarifa eléctrica es de 12,5 euros por megavatio incluyendo las ayudas por emisiones de CO2 y las bonificaciones por cargos. Teniendo en cuenta que la reducción en 2019 fue de 17 euros con las ayudas a la ininterrumpibilidad (que ahora se eliminan) y las de CO2, el Gobierno reduce las ayudas a la industria electrointensiva”, indican desde el comité de empresa de Alcoa en San Cibrao que, al igual que la Xunta, demandan la inclusión en el estatuto de la figura del consumidor hiper-electrointensivo, pensado especialmente para las consumidoras de mayor tamaño, precisamente como la factoría de Cervo.

Bonificaciones por cargos

El proyecto de estatuto dado a conocer en la noche del martes indica que las bonificaciones en los cargos de las facturas de consumo que prevé llevar a cabo el Gobierno (también con cargo al Presupuesto General del Estado) supondrán un coste de unos 92 millones de euros y una rebaja media de 2,25 €/MWh en el precio de la electricidad, teniendo siempre en cuenta que sería aplicable a los 612 consumidores que el Gobierno cuantifica como empresas electrointensivas. De esa cantidad, “47,70 millones se corresponden a la compensación por financiación de renovables, 28,69 millones a la compensación correspondiente a la financiación de la cogeneración de alta eficiencia y 15,48 millones a la compensación a la financiación del extracoste de los territorios extrapeninsulares”.

La plantilla de Alcoa sostiene que estas bonificaciones con cargos se quedan pequeñas. “Nos dejan en una situación muy poco competitiva con respecto a nuestros vecinos europeos”, dicen. “Necesitamos una rebaja, además, en los peajes de transporte y generación para las empresas hiperelectrointensivas”, apuntan, para reclamar, en la misma línea de la Xunta de Galicia, que el futuro decreto ley diferencie los grandes, de los medianos y pequeños consumidores de energía.

Contratos bilaterales: ¿pueden abaratar la factura?

El tercer eje de las medidas que propone el Gobierno de Pedro Sánchez en su estatuto es un mecanismo de cobertura de acuerdos de compraventa de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés). El Ejecutivo dará garantía a estos acuerdos bilaterales a través de un fondo para tal fin de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce). El objetivo de esta medida es fomentar que los consumidores electrointensivos establezcan PPA o contratos de suministro a largo plazo con proyectos de generación de electricidad renovable que deriven, de nuevo, en un abaratamiento de la factura que deben abonar las empresas.

La letra pequeña del estatuto electrointensivo indica que será necesaria la creación de un Fondo de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas. ¿A cuánto ascenderá? Industria indica que las garantías medias que se suelen pedir están en el entorno de los 5 euros/MWh negociado. Esta cantidad, teniendo en cuenta el número de empresas electrointensivas (600) y el precio medio del mercado en 2019, haría que el riesgo máximo para Cesce pudiese alcanzar «los 814 millones de euros».

No obstante, también este mecanismo para fomentar acuerdos bilaterales a largo plazo resulta insuficiente para parte del sector, que duda que los mismos vayan a derivar en un abaratamiento de la tarifa eléctrica. “Parece de dudoso cumplimiento, dado el oligopolio de las eléctricas y la falta de regulación por parte del Gobierno”, apuntaban este martes los representantes de los trabajadores de Alcoa San Cibrao.

Alegaciones

A pesar de que desde el Gobierno central explican que el texto ya ha llegado todo lo lejos que podía dentro de los límites legales para lograr regular el precio de la factura eléctrica de la gran industria consumidora, se espera una cascada de alegaciones. Los sindicatos ya han indicado que las presentarán y que, al margen de lo anteriomente explicado, demandarán más medidas que garanticen el mantenimiento del empleo por parte de la industria electrointensiva.

La Xunta de Galicia, por su parte, explica que decidirá si alegar o no una vez analice en profundidad el texto definitivo. No obstante, se espera que el Gobierno gallego también haga sus aportaciones al documento elaborado por los departamentos de las ministras Reyes Maroto y Teresa Ribera. En principio, porque ninguna de las principales reclamaciones del Gobierno gallego se han tenido en cuenta –como la categoría del consumidor hiper-electrointensivo— y, en segundo lugar, porque el propio conselleiro de Industria, Francisco Conde, manifestó que las líneas maestras avanzadas por el Ejecutivo central responden más a una “operación estética” que a una normativa que, realmente, vaya a asegurar un precio “competitivo” para la gran industria.

También se espera que las patronales industriales, como es el caso de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege) y la Asociación de las Empresas Productoras de Acero (Unesid), hagan lo propio, aunque, tanto en este caso, como en el de la propia Alcoa, se guarda silencio a la espera de analizar “de forma pormenorizada” el texto, que cuenta ya con el visto bueno de Europa.