Desfile de exdirectivos de R en el juzgado por las querellas de estafa y coacción
Juan Manuel Sánchez Padrós, que fue secretario del consejo y director de Asesoría Jurídica de R, declaró este miércoles en calidad de investigado tras la querella presentada por otro exdirectivo
Imagen de la sede de R frente al Obelisco en A Coruña
Comienza el desfile de exdirectivos de R en los juzgados, esta vez para dar respuesta de una de las dos querellas presentadas contra tres altos cargos a los que se atribuyen delitos de coacción y amenazas, acusación falsa, estafa procesal y calumnias. Este miércoles declaró en calidad de investigado Juan Manuel Sánchez Padrós, que fue secretario del consejo y responsable de la Asesoría Jurídica, tras la querella presentada en el Juzgado de Instrucción número cinco de A Coruña por Santiago Fernández-Miranda, que fue directivo de R entre 1999 y 2016, cuando fue despedido.
Además de Sánchez Padrós, la querella de Fernández-Miranda se dirige también contra Santiago Vázquez, antiguo director de Recursos Humanos, y Pedro Fernández Gato, exgerente de Compras. Los otros dos investigados han solicitado aplazamientos por diversos motivos, y han sido citados de nuevo, en el caso de Santiago Vázquez, el 22 de diciembre, y Pedro Fernández Gato, en febrero del próximo año.
Investigados y testigos
Sánchez Padrós fue secretario general del consejo de administración (no consejero) de R, director de Asesoría Jurídica y responsable de Auditoría Interna y Seguridad (desde 1998 hasta diciembre 2015), con responsabilidad de implantación de sistemas de compliance (desde 2010) en R.
Este lunes, en calidad de testigos, declararon en el juzgado de Instrucción número cinco Alberto Santamaría Rubio, exdirector de Auditoría Interna de Euskaltel, y el exdirector general de Sistemas de R Cable y Euskaltel, Manuel Doval Seijas. También están llamados a declarar como testigos otros exdirectivos, entre ellos Arturo Dopico, que fue consejero delegado de la compañía.
Una estafa que no fue tal
Las dos querellas contra los tres exdirectivos fueron presentadas por dos cargos de la cablera que en su día fueron despedidos y denunciados por estafa, Pedro Prada Fernández y Santiago Fernández-Miranda, proceso finalmente sobreseído en septiembre de 2019.
Las denuncias de R contra sus extrabajadores aludían a delitos de estafa continuada y falsedad, al denunciar que determinadas órdenes de trabajo se facturaron y se pagaron por servicios inexistentes utilizando para ello el engaño, algo que al final descartó la Audiencia Provincial de A Coruña.