Dos querellas contra tres exdirectivos de R por coacción, simulación de delitos y estafa procesal

El Juzgado de Instrucción número dos de A Coruña llama a declarar en calidad de investigados a los que fueron secretario del consejo, jefe de Compras y director de Recursos Humanos tras la querella de otro antiguo cargo de R

Sede de R en el polígono de A Grela, en A Coruña

Sede de R en el polígono de A Grela, en A Coruña

Tres exdirectivos de R se reencuentran con su pasado reciente. En este caso, por la vía penal y a través de sendas querellas interpuestas en los juzgados de instrucción número dos y cinco de A Coruña, presentadas a su vez por otros dos cargos de la cablera que en su día fueron despedidos y denunciados por estafa, proceso finalmente sobreseído en septiembre de 2019. 

Esta misma semana están llamados a declarar en el Juzgado de Instrucción número dos de A Coruña Juan Manuel Sánchez Padrós, exsecretario de consejo y exdirector de la Asesoría Jurídica de R; Santiago Vázquez Blanco, exdirector de Recursos Humanos, y Pedro Fernández Gato, exgerente de Compras y responsable de la Mesa de Compras de R. Lo hacen en calidad de investigados por indicación de la Audiencia Provincial de A Coruña. Y lo hacen después de la querella presentada por Pedro Prada Fernández, en su día responsable del departamento de Operaciones de la que es hoy filial del Euskaltel. Prada Fernández también fue representante de los trabajadores. 

Simulación de delitos y estafa procesal 

En la querella admitida a trámite figuran hasta cinco presuntos delitos que se atribuyen a Sánchez Padrós, Vázquez Blanco y Fernández Gato en el ejercicio de sus funciones dentro de la empresa, según los datos a los que ha tenido acceso Economía Digital Galicia. Entre ellos, delito de coacciones y amenazas, de acusación falsa y simulación de delito, calumnias, descubrimiento y relevación de secretos y delito de estafa procesal. Las penas solicitadas oscilan entre cinco y nueve años de cárcel.  

La titular del Juzgado de Instrucción número dos de A Coruña también ha solicitado a través de oficios a Euskaltel, matriz de R, varios acuerdos adoptados por la empresa a los que se alude en la querella. De un lado, los acuerdos del consejo de administración que aprueban la interposición de la denuncia, realizada en diciembre de 2016, formulada por Juan Manuel Sánchez Padrós ante la Fiscalía. Por otro, la jueza pide copia de la due diligence (auditoría de compra) realizada con motivo de la adquisición de R Cable por parte de Euskaltel.  

La segunda querella 

A la vez, Sánchez Padrós, Pedro Fernández Gato y Santiago Vázquez también tienen otra cita en los juzgados de A Coruña. Están llamados a declarar en el de Instrucción cinco tras la querella presentada por Santiago Fernández-Miranda, que fuera director de Operaciones de Clientes de R (residencial, pymes y grandes cuentas).  

En este caso, los delitos que se les atribuyen son los de coacción y amenazas, calumnias, estafa procesal, denuncia falsa y simulación de delito. También han sido llamados a declarar otros exdirectivos de R en calidad de testigos. En este caso, las penas de cárcel oscilan entre los cuatro y los ocho años. 

Una trama que no fue tal 

En septiembre de 2019, la Audiencia Provincial de A Coruña daba la razón a tres extrabajadores de R, entre ellos Pedro Prada y Fernández-Miranda, y a dos subcontratas a los que la operadora de cable había denunciado por urdir una supuesta trama de facturas falsas para embolsarse y repartirse pagos millonarios. La Audiencia Provincial desmontó uno por uno los argumentos de la filial de Euskaltel. 

De «nebulosa trama denunciada» calificaba la sala las acciones emprendidas por R contra sus extrabajadores y las dos subcontratas, Berdía Telecomunicaciones y Telecomunicaciones Digitales del Noroeste (Tedinor).  

Las denuncias que había presentado R contra sus extrabajadores consistían en estafa continuada y falsedad documental, al denunciar que determinadas órdenes de trabajo se facturaron y se pagaron por servicios inexistentes utilizando para ello el engaño, algo finalmente descartado por la Audiencia Provincial de A Coruña.