El Gobierno, cerrado en banda con el rescate de la AP-9: “Hay un contrato con unas tarifas que deben cumplirse”
La secretaria general de Transporte insiste, en línea con el ministro Puente, es que la liberación de la autopista gallega “no es viable por el altísimo volumen de gastos que ello supondría”
Recorrido de la AP-9 a su paso por el Puente de Rande
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El Gobierno central sigue cerrado en banda ante la posibilidad de articular un rescate la autopista AP-9, el principal vial de conexión de la Galicia atlántica. Este martes, la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena, ha insistido en el Congreso en que la liberación “no es viable” por el «el altísimo volumen de gastos que ello supondría», alertando de que tendría «efectos claros lesivos» para el Estado. Así, advierte que, de momento, existe una concesión con unas tarifas que “deben cumplirse”.
En la comisión de Transportes del Congreso, el diputado del PP Celso Delgado ha preguntado al Ministerio por sus previsiones para «iniciar la tramitación» del rescate de la concesión y liberalización del peaje de la autopista del Atlántico AP-9.
En este contexto, Rocío Báguena ha recordado que el ministro Óscar Puente ya ha hablado sobre este asunto varias veces en el Congreso y ha culpado al Gobierno de José María Aznar de la prórroga y la privatización de esta autopista.
“Efectos lesivos para el Estado”
«Como sabe, la situación actual de la autopista AP-9 se explica en toda su amplitud en una serie de decisiones adoptadas en los años 2000 y 2003 que, por motivos de índole jurídica y económica, son muy complejos de revertir», ha añadido la dirigente del Ministerio de Transportes.
Por todo ello, Rocío Báguena ha explicado que la situación actual de la autopista está sujeta a un contrato concesional en vigor con una duración total de 75 años y con unas tarifas establecidas «que deben cumplirse»: «No es viable proceder al rescate de la concesión por el altísimo volumen de gastos que ello supondría inasumible por la Administración y con efectos claros lesivos para el Estado».
