La dueña de la AP-9 ni se inmuta ante Bruselas: “Modificar o finalizar la concesión nos da derecho a indemnización”

Mientras la clase política se enzarza en una disputa en toda regla por el futuro de Autopista del Atlántico, la AP-9, y la posibilidad de poner en marcha su rescate al hilo del proceso abierto por la Comisión Europea, que aprecia ilegalidades en el contrato de prórroga que el Ejecutivo de José María Aznar le concedió hasta 2048, la dueña de la concesión, Itínere, se lava las manos. En su último informe anual, aprobado en junta de accionistas hace tan solo unos meses, los administradores de la compañía insisten en que ellos no están presentes en el procedimiento iniciado por Bruselas, que nunca han tenido notificación del mismo y que tanto la finalización como la modificación del contrato de explotación, de llevarse a cabo, derivará en indemnizaciones.

El futuro de la concesión de la autopista gallega AP-9, así como de la asturiana AP-66, explotada por otra filial de Itínere, Aucalsa, volvió a saltar a la palestra informativa esta semana. Fue el pasado julio cuando la Comisión Europea dio un ultimátum al Gobierno central para enmendar las irregularidades que, a su juicio, se produjeron en los procesos de prórroga de las concesiones de explotación de ambos viales. Según Bruselas, vulneraron reglas de la UE en materia de contratación pública y de concesión de autopistas. Si el asunto no se resolvía en el plazo de dos meses, los servicios comunitarios podían elevar el asunto al TJUE, el Tribunal de Justicia Europeo.

Respuesta con incógnita

Ante esta contrarreloj se abrió un escenario en el que la duda estaba en si el Gobierno central iba a optar por explorar un rescate, algo que no figura en los planes de Óscar Puente debido al coste que, asegura, tendría, o bien por un nuevo plan de bonificaciones que acabase derivando en su gratuidad. La otra opción, claro, ir al proceso judicial contra la Administración española.

El Ejecutivo central anunció el miércoles que había contestado al requerimiento de Bruselas. Lo hizo in extremis y, asegura, dio respuesta a las objeciones planteadas, “aportando aclaraciones precisas y la información justificativa a tener en cuanta a la hora de que pueda realizar una valoración siempre en defensa de los intereses generales de España”. Desde el Ministerio de Transportes se añadió que esta fase no supone, aún, el final del procedimiento y agotará todas las opciones de respuesta. El Gobierno central ganó tiempo aunque sigue sin mostrar sus cartas sobre el futuro de la AP-9.

La postura del Ejecutivo levantó de nuevo las críticas de la Xunta, que apuesta ahora por el rescate. Este jueves, en rueda de prensa, la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, indicó que el Gobierno gallego acudirá a la vía judicial si la administración central no aporta el expediente abierto por la Comisión Europea. Recuerda que ese expediente se tramita desde hace años, aunque la Xunta “no sabe absolutamente nada”.

La portavoz del BNG, Ana Pontón, coincide en este caso con la Xunta en que es necesario que el Gobierno central explore ya el rescate de la vía “aprovechando la puerta abierta” por la Comisión Europea.

Y en medio de todo esta guerra política, Itínere, la dueña de Autopista del Atlántico, la concesionaria de la AP-9, guarda la calma. O al menos eso indica ante el mercado. Las últimas consolidadas de Ítinere relativas al ejercicio 2024, memoria que fue aprobada hace tan solo unos meses en junta de accionistas, insisten en que cualquier cambio en el contrato concesional, ya sea finalización del mismo o modificación, derivarán en una copiosa indemnización.

Habla Itínere

En la documentación consultada por Economía Digital Galicia, los administradores de Itínere indican que en septiembre de 2021 tuvieron conocimiento del procedimiento abierto por la Comisión Europea, pero porque en su página web se daba cuenta de la remisión al Gobierno español de una carta de emplazamiento para garantizar la correcta aplicación de las normas comunitarias en materia de contratación pública.

Esta primera carta tan solo se refería a la concesión de la AP-9. Fue una segunda, en abril del año pasado, cuando el objeto del procedimiento se amplió, añadiendo también la prórroga de la AP-66 concedida a Aucalsa, también de Itinere. También se requirió información sobre la venta pública de la antigua Enausa, actual ENA. Ante la ausencia de respuesta efectiva, fue el pasado julio cuando Bruselas emitió un dictamen motivado el paso previo a la posible demanda ante el Tribunal Europeo que, por el momento, España parece haber esquivado.

En todo caso, antes de ese dictamen motivado, los administradores de Itínere indicaban que no habían recibido ningún tipo de información oficial sobre el proceso. “Audasa, Aucalsa y ENA no han recibido ninguna notificación al respecto de las dos cartas de emplazamiento, ni son parte en el procedimiento que se pudiera desarrollar”, exponen.

Indemnización millonaria

No obstante, insisten en que cualquier modificación, tendrá como resultado la indemnización por parte del Estado. “Los Administradores consideran que cualesquiera medida que pudiera contemplar la modificación o terminación de los vigentes contratos de concesión por causa no imputable a las sociedades y por razones de interés público, como consecuencia o no de a adopción de dichas medidas, implicaría, en todo caso y conforme a la legislación vigente, el derecho de las sociedades a ser debidamente indemnizadas”, expone.

Itínere tiene el convencimiento de que será indemnizada en caso de cualquier modificación. Queda por saber por cuánto. Los cálculos de los costes del rescate, que van más allá de posibles pagos a la concesionaria. El Ministerio de Transporte lo ve inasumible, indicando que podrían llegar incluso a los 6.000 millones, mientras que la Xunta lo calcula en 2.356 millones de euros y el Bloque, en base a un informe de la UDC, lo rebaja a algo más de 900 millones, el valor que, indica, un tercero estuvo dispuesto a pagar hace seis años más el coste del IPC.

Los argumentos de Itínere

Por otro lado, la compañía insiste en su informe de gestión que un proceso judicial podría dar la razón a España frente a la Comisión Europea. Asegura que “en un asunto similar iniciado por la CE contra Alemania, en octubre de 2024, el Abogado General del Tribunal Europeo de Justicia ha presentado conclusiones en una cuestión prejudicial que debería reforzar la posición del Reino de España frente al procedimiento de infracción iniciado por la Comisión Europea”.