El Gobierno dice que la prórroga de la AP-9 sigue vigente y estudia recurrir el dictamen de la Comisión Europea

El Gobierno analizará el dictamen de la Comisión Europea que considera que la prórroga de la concesión de la AP-9 vulneró las reglas de la UE en materia de contratación y que agotará “las opciones de respuesta además de la posibilidad, llegado el caso, de interponer los correspondientes recursos”. En todo caso, sostienen que dicho dictamen “no supone el final del procedimiento ni la eliminación de las prórrogas”.

Fuentes del Ministerio de Transportes han señalado que la prórroga de la concesión de la autopista de peaje de la AP-9 hasta el 2048 fue aprobada por el Gobierno de José María Aznar. «Si estamos en esta situación, por tanto, es responsabilidad de los gobiernos del PP»

Desde Transportes han indicado que «aunque las políticas de movilidad y reequilibrio territorial que actualmente defiende este Gobierno van en la dirección contraria», desde el Ministerio «se ha colaborado y respondido a todos los requerimientos realizados por la Comisión Europea por responsabilidad y para velar por el interés común».

Por otro lado, el ministerio capitaneado por Óscar Puente ha recordado que el Ejecutivo de Sánchez ha apostado por una política de bonificación de peajes de esa autopista y, por eso, desde abril de 2025 hay un descuento del 100% del peaje de retorno para vehículos ligeros que realizan sus trayectos de ida y vuelta en 24 horas.

En este sentido, han detallado que, «desde 2018 y hasta final junio de este año», los usuarios se han ahorrado más de 375 millones de euros al circular por la AP-9, en bonificaciones directas o limitando la subida de los peajes.

El BNG aplaude el dictamen de la Comisión

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha celebrado la decisión de la Comisión Europea porque «vulneró la normativa comunitaria» y ha pedido al Gobierno central que rescate la autopista.

Pontón ha pedido al Ejecutivo central que acate el dictamen de la Comisión Europea, ya que ve una «oportunidad» para rescatar la autopista gallega y tener «una AP-9 gallega y libre de la estafa de los peajes» en lugar de «seguir pagando hasta el 2048».

«Le pedimos al Gobierno del Estado que aproveche esta puerta legal que abre la Unión Europea para acabar con la estafa de la AP-9, una estafa que hay que recordar que tiene como origen la decisión del gobierno del PP de Aznar de aumentar la concesión hasta los 75 años, seguida de su posterior privatización a precio de saldo», ha apuntado.

Según ha trasladado Pontón, de no ser por esta decisión «del PP en contra de Galicia», hoy en día la AP-9 sería «libre de peajes». «Sabíamos que era una decisión injusta, un agravio, ahora sabemos también que era ilegal», ha reprochado.

Por eso, ha instado al Gobierno central a que «deje de marear la perdiz» y a «cumplir la ley» para que «se haga justicia con la AP-9». Una petición que ha extendido a la Xunta, a quien ha pedido que «por una vez se ponga del lado de Galicia» y, al mismo tiempo, «que pida perdón por la estafa propiciada por el gobierno de Aznar».

En esta línea, ha recordado que tras conocerse la comunicación inicial de la Unión Europea, el BNG encargó un estudio jurídico y económico a la Universidade da Coruña que concluye, entre otras cosas, que las prórrogas aprobadas son «ilegales» y violan «la normativa europea, así como los principios de igualdad y de transparencia en la contratación pública».

«Lo único que se necesita para tener una AP-9 gallega y libre de peajes es voluntad política para acabar con una discriminación, con una estafa que tenemos que pagar cada día. Es el momento de acabar con este agravio», ha concluido Pontón.

La reacción del PSOE

Por su parte, el eurodiputado del PSdeG, Nicolás González Casares, ha afirmado este jueves que se «acerca la hora de levantar la injusta condena que el PP impuso a Galicia con la AP-9».

Casares ha explicado que Bruselas entiende que «la ampliación de la concesión por 29 años, seguida de la venta de la concesionaria sin licitación previa ni publicidad a nivel europeo, constituye una modificación sustancial que equivale a la adjudicación de nuevos contratos de concesión, que debieron ser sometidos a concurso público».

Además, recuerda que la Comisión otorga ahora un plazo de dos meses al Gobierno de España para corregir estas irregularidades, advirtiendo de que, en caso contrario, llevará el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Para el socialista, no se trata «de un trámite burocrático cualquiera: se trata de una estafa democrática que obligaba a los gallegos y gallegas a pagar peajes abusivos hasta el año 2048, sin opción a competencia ni la una gestión transparente».

Casares, además, ha recordado que fue «solo el Gobierno de Pedro Sánchez quien alivió de verdad la carga de esta decisión tan injusta, rebajando sustancialmente el peaje».

Además, ha incidido en que Bruselas entiende que se llevan décadas pagando «un precio político y económico por decisiones contrarias al derecho europeo» y ha subrayado que este pronunciamiento «abre la puerta a una oportunidad histórica para poner fin a la condena que el PP impuso a Galicia».

El eurodiputado se ha comprometido a seguir trabajando desde el Parlamento Europeo para garantizar que Galicia recupere «unas condiciones justas de movilidad, sin peajes abusivos ni privilegios a concesionarias que se beneficiaron de decisiones políticas contrarias a los intereses de la ciudadanía».

La secretaria de Transportes e Mobilidade Sustentable del PSdeG, la diputada en el Congreso Patricia Otero, ha señalado que se trata de una «decisión fundamental» para determinar el coste del rescate.

Sin embargo, mientras no se produce, ha puesto en valor que se mantiene la apuesta del PSOE por «proteger la economía de los gallegos y gallegas» camino a la gratuidad de la AP-9, mediante bonificaciones que abaratan los peajes hasta un 75% en el caso de usuarios recurrentes, también en la AP-53.

La parlamentaria del PSdeG sostiene que la decisión del Gobierno de Aznar supuso un «agravio para Galicia», donde se mantiene el pago por circular por las autopistas mientras se fue eliminando en el resto del país conforme se cumplían los plazos de las concesiones.