Golpe a Endesa y Naturgy: luz verde para investigar ayudas de estado en As Pontes y Meirama
El Tribunal de la UE desestima el intento de Naturgy de tumbar una investigación contra supuestas ayudas ilegales a 14 centrales de carbón entre 2007 y 2016. La térmica de As Pontes recibió más de 100 millones
Central térmica de Meirama / Wikipedia
Europa ha decidido continuar su investigación sobre supuestas ayudas de Estado a centrales eléctricas de carbón en España, unas plantas entre las que se encontraría la antigua térmica de Meirama, que fue explotada por Naturgy, y la factoría de As Pontes, de Endesa, en vías de cierre.
El Tribunal General de la Unión Europea desestimó este miércoles un recurso de Naturgy contra una investigación abierta por la Comisión Europea a España por supuestas ayudas ilegales de Estado a centrales térmicas de carbón. De esta forma, el Ejecutivo comunitario queda avalado para continuar con sus pesquisas.
Investigación iniciada en 2017
Para entender esta investigación hay que remontarse a 2017, cuando la comisión abrió una investigación para determinar si el incentivo medioambiental de España a las centrañes de carbón se ajusta a las normas sobre ayudas estatales de la UE. Europa ponía así la lupa sobre 14 centrales que habrían recibido unos 440 millones de euros desde 2007 para financiar mejoras tecnológicas para ser menos contaminantes.
Bruselas temía que las ayudas tuviesen como objetivo cumplir con obligaciones medioambientales de la UE que eran, en cualquier caso, imperativas, lo que podría falsear e mercado de la electricidad además de ser incompatible con las normas del mercado interior.
Centrales gallegas
Entre esas 14 centrales señaladas por Europa se encuentran las gallegas de Meirama y As Pontes. Entre 2007 y 2016 por este concepto, la Comisión Europea estima que la factoría de Endesa recibió más de 100 millones de euros. Mientras tanto, la de Meirama, ya paralizada a estas alturas, se habría hecho con 31 millones.
Naturgy, apoyada por EDP España y por Viesgo, recurrió la decisión de la Comisión ante el Tribunal General de la Unión Europea, al considerar que no estaba suficientemente motivada. No obstante, la primera instancia de la corte con sede en Luxemburgo, contra la que se puede interponer un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la UE, máxima instancia administrativa de la justicia comunitaria, ha rechazado ese recurso, de forma que se incoa el procedimiento de investigación formal de la Comisión.
El tribunal entiende que la Comisión no incumplió su obligación de motivar su decisión y considera que las alegaciones del recurso no han demostrado que la medida en cuestión simplemente pusiera «en igualdad de condiciones todas las inversiones significativas realizadas después de 1998, con independencia de la tecnología empleada y de la naturaleza de las centrales en cuestión».
La Comisión, añade la corte, no cometió por tanto un error de apreciación al considerar que la medida controvertida tenía carácter selectivo.
Cuando arrancó la investigación, la Comisión Europea recordó a España que los reglamentos comunitarios prevén que “toda ayuda concedida ilegalmente podrá recuperarse de su beneficiario”
