La guerra de Rosp: Sandra Ortega reclama a su exgestor el doble de la indemnización que él pidió en el juzgado

La guerra judicial entre Sandra Ortega, la mujer más rica de España y presidenta de Rosp Corunna, y José Leyte, quien fue su histórico número dos y con quien rompió relaciones a finales de 2020, es de ida y vuelta. El ejecutivo, que fue despedido del holding a través del que la hija de Amancio Ortega y Rosalía Mera pilota sus inversiones alegando “pérdida de confianza”, reclamó en los juzgados una indemnización que ascendía hasta los 1,6 millones de euros. Por su parte, este viernes, el Tribunal Superior de Xustiza reveló que el Juzgado de lo Social número 4 de A Coruña tramita una demanda por la que la compañía coruñesa le reclama el doble: una suma de 2,87 millones de euros, que se vería incrementada con el 10% de interés de mora.

Y esto, al margen de otro proceso, en este caso por lo penal, por el que Rosp Corunna acusa al ejecutivo de, presuntamente, haber falsificado la firma de Ortega Mera para firmar unas confort letters o cartas de patrocinio con las que Rosp habría facilitado que la hotelera Room Mate, que cerró el ejercicio 2019 en situación de quiebra técnica, recibiese millonarios créditos de la banca. Un embrollo judicial de acusaciones cruzadas que ejemplifica, en última instancia, el tsunami que atravesó en plena pandemia Rosp Corunna, un imperio de 6.000 millones de euros sustentado, en buena medida, en las acciones que posee de Inditex, equivalentes al 5% del capital de la compañía textil.

Para entender la guerra de Rosp Corunna hay que tener en cuenta varios datos que han ido aflorando en forma de sentencias y autos judiciales. El 18 de noviembre de 2020, la family office de la segunda fortuna de España tras Amancio Ortega comunicó a José Leyte el cese de sus funciones, alegando pérdida de confianza. El que fuera hombre fuerte de Rosalía Mera denunció a la compañía por despido improcedente. La demanda fue desestimada el pasado enero por el Juzgado de lo Social número 1 de A Coruña.

La demanda de Leyte por despido improcedente

El economista acusaba a Rosp de un despido improcedente y solicitaba la nulidad o improcedencia del mismo por no ser “ajustado a derecho”. Sostenía la acusación que las funciones que desempeñaba en la firma coruñesa no podían ser calificadas como de Alta Dirección, por lo que los de Ortega Mera no podían despedirlo por desestimiento de la empresa, una figura que es posible en este tipo de relaciones laborales.

Leyte reclamaba la reincorporación a su puesto habitual de trabajo o el abono de la “indemnización legalmente correspondiente calculada sobre el salario mensual y antigüedad que se le consigna”. La indemnización que reclamaba en aquella demanda sobrepasaba los 1,6 millones de euros. Unos 700.000 euros por la falta de preaviso en el despido así como otros 950.000 euros más en concepto de liquidación, una cantidad que incluiría “el importe de la parte proporcional de los bonus anuales del ejercicio 2020”.

Aunque los de Sandra Ortega ganaron esa batalla, se da por hecho que el proceso sigue en marcha. Contra la desestimación de la demanda cabía recurso de suplicación. Además, si bien la jueza absolvió a Rosp Corunna y Rosp Corunna Participaciones Empresariales de las reclamaciones formuladas en su contra, sí especificó que Leyte podía “ejercitar de manera separada la acción de reclamación de cantidad indebidamente acumulada a la acción de despido”.

Modificación de tablas salariales

Pero, si bien Leyte reclamaba a Rosp Corunna unos 1,6 millones de euros, la compañía, en un proceso paralelo, le pide al ejecutivo casi el doble. El Juzgado de lo Social número 4 de A Coruña admitió a trámite ya el pasado año una demanda por la que se le solicita al ejecutivo 2,89 millones de euros más intereses por mora. Esta reclamación estaría relacionada con una modificación de las tablas salariales de la compañía que habría llevado a cabo, supuestamente, el directivo.

No obstante, en esta batalla de demandas cruzadas nada es sencillo. Este viernes, el titular del Juzgado de lo Social número 4 de A Coruña acordó continuar con la tramitación del juicio, que fue suspendido en abril por las alegaciones del demandando. La sentencia, eso sí, se aplaza hasta que se diriman otras dos causas penales en curso que afectan a este proceso y en las que Rosp acusa a su ex empleado de falsedad documental. Básicamente, el juez explica que “no puede entrar a calificar la falsedad de un documento de notoria influencia en el pleito y, menos, declararlo falso”, por lo que no dictará sentencia hasta que no resuelvan antes las otras querellas penales.

Básicamente, y según se extrae del auto publicado este viernes, Rosp acusa a su exgestor de haber modificado las tablas salarias del grupo, un hecho por lo que, en el juzgado de lo social, reclamaría esos tres millones de euros. En los citados documentos en liza, según la demanda, se detallaba la retribución fija y la flexible de los empleados de la compañía. El ejecutivo mostraba estos cuadros salariales «a la administradora única», Sandra Ortega.

El auto indica que las tablas salariales que,»conforme se afirma en la querella y a lo concretado en la prueba pericial», han sido presuntamente «modificadas» por el querellado son «la base de la reclamación ahora planteada«. Los de Ortega Mera afirmarían que «los peritos han comprobado técnicamente» que el demandado «era el único que contaba con acceso a estos documentos». «Los metadatos de dichos ficheros evidencian que todos ellos fueron elaborados y modificados por el querellado«, añaden.

La otra pata: los bancos y Room Mate

Al margen de estos procesos cruzados, en la guerra judicial entre Sandra Ortega y su antigua mano derecha hay otros actores implicados.

Recientemente, la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña desestimó los recursos de apelación interpuestos por cuatro entidades financieras contra el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 2 de A Coruña que rechazó la admisión de una querella formulada por Deutsche Bank contra Rosp Corunna y la administradora de esa sociedad, Sandra Ortega, por, presuntamente, ser conocedora de que simularon su firma para obtener créditos a favor de la hotelera Room Mate.

Unos créditos, aseguran, que podrían llegar a los 150 millones de euros y que beneficiarían a una compañía que atraviesa una situación delicada. La SEPI rechazó rescatarla a través del denominado fondo Covid, al que había solicitado unos 50 millones de euros. En estos momentos, y según El Confidencial, estaría cerrando la entrada en el capital del fondo Angelo Gordon, una operación que, a la vez, podría derivar en la salida de Rosp Corunna del accionariado (posee una participación de un 31%).