La Xunta celebra la sentencia que endosa al Estado casi 13 millones en indemnizaciones a Audasa

La conselleira de Infraestruturas se congratula por el fallo judicial del Tribunal Supremo que determina que "Galicia no debe ser quien afronte" las compensaciones por los peajes en sombra de la AP-9

Ethel Vázquez, conselleira de Infraestructuras e Mobilidade. Foto: Xunta

Ethel Vázquez, conselleira de Infraestruturas e Mobilidade. Foto: Xunta

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La Xunta de Galicia se congratula por el fallo judicial que obliga al Gobierno central a abonar 12,5 millones de euros a Audasa. La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, ha celebrado la decisión del Tribunal Supremo de librar a la administración gallega de las indemnizaciones a la concesionaria de la AP-9 por los peajes en sombra del puente de Rande y el tramo de A Barcala-A Coruña durante los dos últimos ejercicios (2020 y 2021).

A preguntas de los periodistas este lunes en Santiago de Compostela antes de participar en la reunión del consejo rector de Augas de Galicia, la responsable del Ejecutivo gallego ha valorado que el Supremo determine «que Galicia no debe ser quien afronte esa bonificación de los peajes» al tratarse de una infraestructura de titularidad estatal.

Un convenio firmado en 2017

Y es que el Alto Tribunal ha dado la razón a la Xunta en su interpretación del acuerdo firmado en 2017 con el Gobierno entonces presidido por Mariano Rajoy para liberar a la Administración gallega de su responsabilidad con el pago de este peajes en sombra. Estos, a diferencia del resto, son sufragados por los contribuyentes vía Presupuestos Generales del Estado y no por los usuarios y en 2017 se llevó a cabo una modificación del convenio que mantenían desde 2006 por las cantidades anuales que la empresa recibía a cambio de la gratuidad de estos tramos.

Además, Ethel Vázquez ha incidido en que el Consejo de Estado emitió un informe en el que reflejó que «no sólo debe ser la Administración del Estado» quien deba asumir estos costes sino que «también hay un enriquecimiento injusto» por parte de la concesionaria de la autopista.

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