Las víctimas del amianto denuncian que el fondo de compensación lleva un año en ‘stand by’

CCOO, UGT y la Federación de Asociaciones de Víctimas del Amianto (Fedavica) afirman que el Gobierno está incumpliendo lo establecido en la ley al no aprobar el desarrollo reglamentario de la misma, trámite imprescindible para que el fondo comience a funcionar

Concentración de sindicatos y la Federación de Asociaciones de Víctimas del Amianto frente al Congreso de los Diputados el 25 de mayo de 2022

Concentración de sindicatos y la Federación de Asociaciones de Víctimas del Amianto frente al Congreso de los Diputados el 25 de mayo de 2022. EFE/ Emilio Naranjo

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CCOO, UGT y la Federación de Asociaciones de Víctimas del Amianto (Fedavica) cargan contra el Gobierno por el retraso del fondo de compensación. En concreto, han denunciado el “ninguneo” del Ejecutivo central por no haberlo puesto en marcha tras un año de espera desde que se aprobase la ley de creación de dicho fondo. 

Según han explicado los dos sindicados y Fedavica, el Gobierno está incumpliendo lo establecido en la ley al no aprobar el desarrollo reglamentario de la misma, un trámite imprescindible para que el fondo comience a funcionar y que debería haberse resuelto en enero de este año. 

Indemnizaciones «tremendamente» inferiores

«El Gobierno no ha aprobado el reglamento, y además ha elaborado un proyecto de reglamento suscrito por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social que contradice el espíritu de la ley», señalan las organizaciones en una nota de este miércoles en la que detallan que ese proyecto contempla indemnizaciones «muy por debajo del objetivo de acabar con largos procesos judiciales».

Tal y como han explicado, las  indemnizaciones propuestas «son tremendamente inferiores» a las que se vienen obteniendo por vía judicial y a las que se establecieron para otros colectivos como son las víctimas del terrorismo, del VIH y de la Talidomida.

Además, el cobro de dichas indemnizaciones obliga a tributar en el IRPF, algo que para los sindicatos y Fedavica «profundiza en la discriminación que sufren (las víctimas del amianto) al ser consideradas por el Gobierno como víctimas de segunda categoría».

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