Salvemos Cabana carga contra el ‘lobby eólico’ por cuestionar la paralización judicial de los parques

La asociación ecologista considera inaceptable que las empresas del sector, patronales y sindicatos, "hablen públicamente de la falta de garantías y quieran decirte al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia cómo tiene que hacer su trabajo"

Parques eólicos Costa da Morte

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Salvemos Cabana considera “inaceptable que el lobby empresarial eólico y quienes lo defienden desde la esfera política o sindical hablen públicamente de falta de garantías y quieran decirte al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia cómo tiene que hacer su trabajo sin contemplar la separación de poderes existente a nivel del Estado ni respetar la independencia judicial”.

El grupo ecologista alerta también de que el modelo de desarrollo eólico existente en el noroeste peninsular no es ejemplar, ordenado ni sostenible. La asociación ecologista enfrenta así los argumentos de otras organizaciones como Asociación Empresarial Eólica (AAE), la Asociación Eólica de Galicia (EGA), la Confederación de Empresarios de Galicia, la Federación Galega da Construción o el sector industrial de CCOO Galicia.

En todo caso, señalan que el modelo de desarrollo eólico es “cualquier cosa menos ejemplar, ordenado o sostenible y pasa por encima de los derechos más básicos de la población”. Salvemos Cabanas señala que el lobby eólico pretende que las comunidades afectadas ni siquiera puedan acceder a los informes técnicos de los proyectos “que en muchos casos es donde se refleja cuales son los problemas que determinados parques eólicos pueden acarrear”.

Cifras de empleo

El grupo ecologista también pone el foco en las cifras de empleo que maneja la patronal eólica y sostiene que “el Banco de España en su último informe de expertos realizado sobre el tema ha concluido que el impacto de los parques eólicos en las tasas de empleo local es mayoritariamente no significativo, un factor que consideran debería de tener importantes implicaciones para las Administraciones «en términos de políticas públicas”.

Según apunta, el estudio del Banco de España, realizado en base a los datos mensuales de 13 años,  concluye a modo de resumen que «las inversiones eólicas tienen efectos muy bajos y estadísticamente no significativos sobre el empleo local durante las fases de construcción y mantenimiento», pues aunque en estos proyectos trabajan equipos multidisciplinares «lo hacen desde la distancia», con una etapa de construcción que es «relativamente corta» llevada a cabo por contratistas «que a menudo residen en otros lugares y se mudan una vez que el trabajo está terminado». “Al final, solo se realiza el mantenimiento del sitio, que generalmente involucra a trabajadores que mantienen de forma remota varios sitios a la vez y no residen permanentemente en el municipio donde se ubica la inversión”, exponen.

El informe, según refieren, apuesta por un modelo más “democrático y equitativo”, donde se promuevan las comunidades energéticas locales, se compense de manera justa a ciudadanía y ayuntamientos y las personas residentes tengan participación directa en los nuevos proyectos, “justo lo contrario de lo que está sucediendo en Galicia”.

Rechazo social

Por otro lado, Salvemos Cabana señala que el rechazo social en Galicia está siendo mayoritario hacia la implantación irracional e insostenible de los proyectos eólicos, algo que se demuestran “las decenas de protestas vecinales y manifestaciones multitudinarias de miles de personas que están teniendo lugar por todo el territorio”.

También exponen que no está garantizado con la instalación de parques eólicos en Galicia es la protección medioambiental en una comunidad autónoma que por “dejación institucional” cuenta con una de las menores superficies protegidas. “Los datos oficiales -ni inferidos ni inventados- señalan que solo cuenta con un 12% de su territorio amparado por la Red Natura, lo que supone aproximadamente la mitad del porcentaje a nivel estatal y cuatro veces menos que otros territorios como Canarias (42,4%), Madrid (39,9%), La Rioja (33,2%) o Extremadura (30,2%)”, subrayan.

Economía Digital Galicia

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