Unións Agrarias cifra en más de 600 millones las reclamaciones contra el ‘cártel de la leche’

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impuso 80,6 millones en multas en 2019 a ocho empresas y dos patronales por intercambiar información sensible sobre la compra de leche cruda a las granjas. En el llamado cártel de la leche están implicados las principales compañías del sector, como Capsa, Lactalis, Nestlé, Pascual o Danone, y su evolución judicial tiene actualmente dos frentes. Por un lado, el Supremo está resolviendo la cuantía de las sanciones recurridas por la industria y que, en su mayor parte, ya han sido ratificadas por la Audiencia Nacional. Hasta el momento, solo Nestlé tiene ya una condena definitiva del Alto Tribunal, que la obligó a abonar 6,86 millones. Por otro, los ganaderos afectados por el cártel han presentado miles de demandas para conseguir una indemnización por el teórico menor precio que recibieron por su leche, al vender en un mercado cartelizado.

Sobre esta segunda dimensión, que amenaza con ser más lesiva para las compañías que las sanciones de Competencia, reflexionó Unións Agrarias, que en una rueda de prensa celebrada el pasado viernes desgranó las cifras clave sobre el volumen de reclamaciones presentadas y el número de ganaderos afectados por la actividad colusoria. Según la organización, solamente en Galicia hay unos 35.000 productores con derecho a reclamar, más de la mitad de los 56.000 afectados en España.

Los cálculos de la entidad cifran en más de 600 millones la cuantía de las compensaciones reclamadas judicialmente a la industria, solamente contando los casos que lleva directamente Unións Agrarias en colaboración con el despacho de abogados Eskariam, que está impulsando unas 6.000 demandas.

Indemnizaciones entre 2 y el 9,4%

La organización dio cuenta de varias resoluciones favorables a las granjas emitidas por los juzgados de Barcelona, Madrid, Granada y Toledo, en las que se ratifica que no hay prescripción de los hechos, así como el delito ya sancionado por la CNMC. El importe de las indemnizaciones reconocidas a los productores es muy variable en estas sentencias, oscilando entre el 2% del precio de venta de la leche durante el periodo sancionado, y el 9,4%. Todo hace indicar que será el Tribunal Supremo quien acabe fijando la indemnización definitiva en todos los casos, pues tanto la industria como los productores están recurriendo los fallos desfavorables, y ambas partes exhiben peritajes para fijar una compensación que les favorezca.

Unións Agrarias recordó que los ganaderos tienen derecho a reclamar independientemente de que vendieron su leche o no a las empresas sancionadas debido al efecto paragüas. Esto quiere decir que la influencia del cártel, por la cuota de mercado de sus integrantes y su duración, habría trascendido a sus propios miembros y habría condicionado los precios de todo el mercado de abastecimiento de leche en origen. Ello implicaría que ganaderos que suministrasen a empresas distintas de las sancionadas también habrían recibido un menor precio y tendrían derecho a reclamar contra el cártel.