El discreto encanto de la decisión exacta
La cuarta edición del Atlas Urbano de la Sostenibilidad en Galicia reivindica una premisa tan elemental como insólita: que la cooperación entre administraciones no puede quedar secuestrada por tentaciones localistas o por la rivalidad entre opciones políticas
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En una década dominada por la polarización y por la tentación recurrente del bloqueo institucional, la cuarta edición del Atlas Urbano de la Sostenibilidad en Galicia reivindica una premisa tan elemental como insólita: que la cooperación entre administraciones no puede quedar secuestrada por tentaciones localistas o por la rivalidad entre opciones políticas. La sostenibilidad urbana es, sin duda, una cuestión profundamente política —lo es en su diagnóstico, en sus prioridades y en su financiación—, pero precisamente por serlo no debería convertirse en rehén de la aritmética partidaria. Que un ayuntamiento y su diputación se ignoren, que una ciudad y la Xunta tensen la cuerda, o que cualquier nivel administrativo regatee la colaboración al de signo contrario, no es un gesto de valentía política: es una renuncia, pagada en calidad del aire, en agua perdida y en monte quemado, que recae sobre una ciudadanía que no entiende de competencias cruzadas.
De ahí que el hilo que vertebra esta edición sea el de la gobernanza multinivel: la articulación entre ayuntamientos, diputaciones, Xunta y Estado como condición —y no como adorno— de cualquier transición ecológica seria. Los grandes retos que este Atlas mide son asuntos estructurales que ninguna administración puede resolver en solitario ni en el horizonte de unas pocas legislaturas o mandatos, y cuya escala temporal excede con holgura la de cualquiera de ellos.
A este reto se suma un déficit más silencioso, pero igual de corrosivo: el de la información. Un país que aspire a liderar no puede permitirse zonas de penumbra estadística, indicadores que unas ciudades publican y otras no, datos energéticos que se miden a escala provincial cuando la decisión es municipal. Lo que no se mide, no se gobierna; y lo que no se gobierna con datos homologables, no converge con Europa, sino que se limita a contemplarla. La transparencia, en este punto, deja de ser una virtud administrativa para convertirse en una condición de soberanía: solo quien se mide con la misma vara que sus pares puede aspirar a sentarse a su mesa.
Conviene, llegados aquí, no incurrir en triunfalismo. Este trabajo no oculta sus sombras, y serían deshonestas unas conclusiones que las disimularan. La mayor parte de nuestros residuos todavía no regresa al ciclo productivo. El monte periurbano sigue ardiendo, década tras década, en proporciones incompatibles con cualquier estándar europeo. Las redes de agua envejecidas pierden por el camino una fracción inadmisible de un recurso que la pluviometría abundante nos ha enseñado, equivocadamente, a considerar inagotable. Reconocer estas carencias no es derrotismo: es el punto de partida ineludible de cualquier ambición que merezca tomarse en serio.
Porque existe, pese a todo —y por todo lo anterior—, una oportunidad histórica: hacer país desde las ciudades. Convertirlas en laboratorios de soluciones políticas de vanguardia que inspiran a administraciones superiores y no simplemente gestoras de sus límites competenciales. Espacios que no solo respondan a la urgencia del presente, sino que proyecten un horizonte de sostenibilidad a la altura de lo que ya somos.
En la Europa contemporánea, las ciudades han dejado de ser sujetos subalternos a la espera de instrucciones de las instancias superiores: se han convertido en polos de poder de primer orden, que concentran la población, la actividad económica, la innovación y, cada vez más, la capacidad de decisión que durante el siglo XX se reservaba a los Estados. Lo que decidan las siete ciudades gallegas no es, por ello, política local: es, de facto, la política ambiental de un país. Y una política construida desde lo urbano no está condenada a esperar el permiso de nadie; puede, al contrario, marcar el paso y demostrar sobre el terreno lo que después se legisla.
Esa es la ambición que esta edición se atreve a enunciar sin complejos. No se trata ya de aspirar a ser alumnos aplicados de la transición ecológica europea, sino de aspirar a ser referencia para ella. El reto no es converger con la media española, que tranquiliza, pero no obliga, sino con los estándares de las regiones europeas más avanzadas, que es la liga en la que Galicia —por escala, por diversidad y por madurez de su sistema urbano— tiene todo el derecho a competir. La diferencia entre una y otra vara no es técnica: es de ambición de país.
Hay países que se construyen de una vez, en un gesto fundacional, y países que se construyen a diario, en la suma callada de mil decisiones administrativas que rara vez ocupan un titular. Galicia pertenece, sin duda, a los segundos. Y es en esa construcción discreta —en cómo gestiona su agua, en lo que hace con sus residuos, en si protege o abandona su monte— donde se juega, sin épica, pero sin remedio, la clase de país que legaremos. Este Atlas no aspira a más, ni a menos, que a ponerlo por escrito: que la sostenibilidad de Galicia no es un asunto de grandes relatos, sino de pequeñas y constantes coherencias. Empezando por la más difícil de todas: la de cooperar.
