El Constitucional tumba el recurso de la Xunta contra el impuesto a los ricos
Los magistrados señalan que los recursos presentados tanto por Galicia como Andalucía eran similares a los del Gobierno de Díaz Ayuso, que fue desestimado hace dos semanas
Alfonso Rueda / David Cabezón
Comentarios
El pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso presentado por la Xunta contra el impuesto temporal a las grandes fortunas. Como sucediera con el presentado por Madrid, rechazado el 6 de noviembre, la sentencia descarta que se vulneraran las competencias autonómicas, pero presenta cuatro votos particulares de los jueces conservadores del pleno, que abogan por la estimación.
En una nota, el TC confirma la desestimación tanto del recurso de la Xunta como el de la Junta de Andalucía, que presentaban argumentos similares al de Madrid, con excepción del carácter confiscatorio que alegaba el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y no los otros dos. Los fallos, al entender que las alegaciones eran «sustancialmente las mismas», se remiten al pronunciamiento anterior, descartando que se haya vulnerado la autonomía financiera, ya que el impuesto «es complementario» al de patrimonio, cedido a las comunidades autónomas.
«El mínimo exento, la tarifa, las deducciones y las bonificaciones del Impuesto de Patrimonio aplicables en la Comunidad de Madrid seguirán siendo, única y exclusivamente, los que esta decida, sin que el impuesto sobre grandes fortunas suponga cambio alguno», añade la nota del TC. Los magistrados subrayan que ninguna competencia autonómica se ha visto afectada por el impuesto impugnado.
Cuatro votos particulares
Las sentencias, tanto en el caso de Galicia como en el de Andalucía, cuentan con cuatro votos particulares de los magistrados que conforman el sector conservador, Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera y César Tolosa Tribiño.
El recurso de la Xunta, como también el de Andalucía, se presentó a rebufo del de Madrid en un momento de intenso debate sobre la política fiscal de Díaz Ayuso en el que hubieron de alinearse con la líder del PP madrileño. La consecuencia fue una bonificación del Impuesto de Patrimonio en Galicia, que beneficia a los más acaudalados, y el recurso ante el Constitucional para impedir la política del Gobierno para gravar de manera especial y temporal a los ricos. El tributo del Ejecutivo central se planteó para contrarrestar las rebajas que aplicaban las comunidades del PP.
