El exdirector de seguridad de Adif entra por la puerta trasera al juicio de Angrois

Las víctimas del Alvia califican de "mafiosa" la actitud del Estado en la investigación del accidente

El exdirector de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, ha accedido por una puerta trasera al edificio en el que se desarrolla el juicio por el accidente del Alvia, que ha arrancado a las 9,45 horas, con apenas 15 minutos de retraso respecto a la hora prevista.

Por su parte, el maquinista, Francisco Garzón Amo, que es el otro acusado, ha entrado al edificio judicial, en la Cidade da Cultura de Santiago, por la puerta de acceso habilitada para ello, donde se encontraba un grupo de víctimas del siniestro, que reclaman justicia.

Garzón Amo ha llegado a las 8,55 horas en silencio y visiblemente compungido, con una mascarilla quirúrgica negra, jersey y cazadora, y ha accedido a las dependencias judiciales junto a su abogado, Manuel Prieto. A las 9,45 horas, ambos, tanto Garzón como Cortabitarte, estaban sentados ya en la sala de vistas junto a los letrados que ejercerán sus defensas.

Actitud «mafiosa» del Estado

La plataforma de víctimas llega al juicio tras casi una década de lucha para esclarecer las causas del accidente. Carlos Vázquez Padín, hijo de una de las fallecidas en el siniestro, ha constatado que la justicia en estas macrocausas demuestra ser «lenta» e «ineficiente», aunque también «la actitud del Estado en este asunto ha sido totalmente mafiosa» al tratar de «ocultar las causas» de forma «proactiva».

Como ejemplo de ello, ha mencionado la carta de la entonces ministra de Fomento, la popular Ana Pastor –ahora vicepresidenta del Congreso–, dirigida a la comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc, para advertirle de la «gravedad» de publicar un informe crítico con la investigación oficial que hizo España del accidente. En palabras de Vázquez Padín, Pastor buscaba que la Unión Europea «no interfiriese en la estrategia del Estado español de tapar las causas».

Preguntado sobre si tanto Pastor como José Blanco, ministro socialista de Fomento cuando se puso en funcionamiento la línea, deberían estar también imputados, ha reconocido que no es «penalista» y no sabe «hasta qué punto» se les podría atribuir responsabilidades penales. «Pero las responsabilidades políticas son muy llamativas», ha puntualizado, ya que tanto PP como PSOE lo que hicieron fue «ascender a los que, de una manera u otra, estaban tocados por el accidente».

«No puedo decir si debería estar imputada mucha más gente, aunque desde luego si Renfe y Adif fuesen empresas privadas, habría aquí 150 personas en vez de dos», ha agregado.