El legado sanitario de Mas y Boi Ruiz: un sistema más privatizado y de contratos precarios

Los profesionales sanitarios en Cataluña insisten en una idea que quizás no es tan conocida en el resto de España. La singularidad del modelo catalán, pionero en la concertación de centros públicos a través de la entrada de entidades privadas, no se inició en 2011, año del inicio de la austeridad y de los recortes.

Los Gobiernos de Jordi Pujol, pasando por el tripartito liderado por el PSC, fueron los pioneros de un sistema mixto que el ejecutivo de Artur Mas y Boi Ruiz i García –todavía conseller del ramo– ha acentuado. En términos de resultados, el modelo de colaboración público-privada funcionó bien hasta que llegó el hachazo a las cuentas públicas.

A partir de ese momento, la pérdida de recursos humanos y técnicos ha sido paulatina; y los efectos sobre el sistema, muy graves. En el último informe publicado por la Federación de Asociaciones por la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), hecho público la primera semana de Septiembre, Cataluña cayó hasta la decimoquinta posición en el conjunto de comunidades, sólo por delante de Valencia y Canarias. El desplome ha sido claro: en 2009 esta región ocupaba la cuarta posición.

Caída del presupuesto

En los últimos cinco años, el presupuesto de la Generalitat destinado a CatSalut, el paraguas bajo el que se integra todo el sistema sanitario catalán, se ha reducido en torno a un 16% (1.500 millones de euros). Dentro del recorte generalizado, la atención primaria se ha llevado la peor parte. Según datos oficiales de 2014, la partida dirigida a esta especialidad apenas suponía ya el 16% del total.

En este periodo, tal y como ha ocurrido en otras partes del país, los profesionales sanitarios han salido a la calle para protestar contra lo que consideraban un ataque al sistema y a sus condiciones laborales. Desde la delegación catalana de la FADSP explican que, aunque no ha sido algo exclusivo de esta región, aquí se ha «profundizado en la externalización de servicios de atención hacia entidades privadas».

Entre las modalidades más utilizadas ha estado la del consorcio, un modelo que «permite que un hospital público subcontrate diversos servicios a compañías con ánimo de lucro», tal y como explica un portavoz de la FADSP.

Gestión polémica

Sin duda, el caso más conocido ha sido el de Lleida, un proyecto que pretendía unificar en un solo organismo toda la sanidad pública de la provincia. Tanto los profesionales como los partidos políticos de la oposición criticaron desde el comienzo este plan, en base en varios argumentos, entre ellos, la falta de transparencia en la gestión de los recursos que implicaría y el cambio en los modelos de contratación de personal que proponía. El Parlament echó atrás el proyecto, al menos por el momento, en abril.

Un caso diferente, aunque igualmente polémico, ha sido el de la clínica privada Barnaclínic, situada en la séptima planta del hospital del Eixample barcelonés. El uso reiterado de recursos públicos –entre ellos cientos de profesionales– llevó a la oposición a pedir en bloque su cierre en febrero pasado; circunstancia que todavía no se ha producido.

Lucro para compañías del sector

Los colectivos de defensa de la sanidad pública denuncian que ese trasvase de medios y personal hacia entidades privadas ha coincidido con la cesión de cada vez más pacientes a centros concertados, con el gasto que ello conlleva para las cuentas de la administración. En un reciente artículo publicado en la revista Salud 2000, dos de los responsables de la organización Dempeus por la Salut Pública denunciaban que, solo en 2014, hasta 17.000 pacientes para operar fueron derivados a hospitales públicos.

El pasado del conseller Boi Ruiz (presidente de la Unió Catalana d’Hospitals –un grupo de mutuas privadas– hasta 2010) y el aumento del beneficio de las empresas privadas (entre 2010 y 2012 el holding sanitario IDC Salud –antigua Capio– dobló su facturación al sistema sanitario catalán) han avivado el enfado de unos profesionales cada vez más precarizados.

Mayor temporalidad y reducción de jornada

Mónica Terán, vocal de médicos en formación de la OMC (Organización Médica Colegial), explica cómo a partir de la llegada de CIU al gobierno, los nuevos contratos firmados por los facultativos catalanes redujeron rápidamente el número de horas laborables, en la mayoría de los casos hasta en un 25%. Con el agravante de que buena parte de las bajas y jubilaciones no se susituían (o lo hacían a través de interinos que duraban en el puesto «uno o dos meses»).

Según cuenta Terán, esta realidad ha tenido un impacto especialmente duro en los profesionales recién salidos de la facultad. Un estudio de 2014 del Colegio de Médicos de Barcelona sobre la situación laboral de este sector revela datos concluyentes. Si en 2006 el 88,8% de los MIR (o médicos residentes) de la provincia encontraba trabajo al finalizar su especialización, en 2011 este porcentaje descendió hasta el 65%.

El dato de 2013, aunque ligeramente mejor (69% de ellos conseguieron un empleo), esconde una tendencia creciente en el sistema sanitario español y catalán: la alta temporalidad. De hecho más del 40% de los contratos firmados ese año fueron temporales, por el 11% de indefinidos –los restantes corresponden a sustituciones, guardias o interinidades.

En opinión de Terán, esta precariedad (unida a otros factores como la reducción en el número de guardias de los residentes y el descenso de las plazas MIR en todo Cataluña) acaba afectando, de manera inevitable, a la excelencia en la formación de los nuevos médicos.