La Xunta firma con la patronal gallega y UGT el preacuerdo para vigilar las bajas laborales

La Xunta, la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y UGT han firmado este viernes el preacuerdo que servirá de base para el plan impulsado por el Ejecutivo autonómico para actuar sobre las bajas laborales y otras “ausencias al trabajo evitables”, como llaman al “uso injustificado o abuso de la prestación”. 

El conselleiro de Emprego, José González, ha avanzado que el plan, del que no se desvelará más detalle hasta que esté dotado presupuestario y reciba la aprobación del Consello, incorporará “mecanismos novedosos” de acompañamiento en las reincorporaciones al trabajo. 

Según han explicado desde UGT, el borrador del plan contempla la implantación de programas de prevención avanzada, así como servicios de apoyo psicológico y musculoesquelético para pymes, crear unidades especializadas en estos mismos ámbitos y la simplificación de trámites burocráticos. También pretende ampliarse la “colaboración” de las mutuas en la realización de pruebas de trastornos musculoesqueléticos.

El conselleiro ha sellado este primer acuerdo junto al presidente de la patronal gallega, Juan Manuel Vieites, y el secretario xeral de UGT-Galicia, Cristóbal Medeiras, que ha celebrado un «cambio de enfoque» del plan. «Conseguimos que cambiara del control al cuidado», ha asegurado. Por su parte, Vieites ha hecho hincapié en que, aunque los derechos de los trabajadores son «importantes», la competitividad de las empresas era «fundamental» para él en el planteamiento del plan.

El ‘Plan integral para a mellora da prevención, o benestar laboral e a reincorporación saudable ao traballo en Galicia 2026-2029’ integra un total de 37 medidas, según detalla el sindicato, y estará articulado en tres ejes principales: la mejora de la prevención y el bienestar laboral; la mejora de la atención sanitaria, donde Sanidade tendrá una «importante» participación, y la corresponsabilidad de la prestación.

José González, que prescinde en todo momento del término ‘absentismo laboral’ e insiste en la «precisión terminológica», fija dos objetivos generales. Por una parte, «evitar que haya bajas», aclarando que aquí se refiere a las incapacidades temporales por contingencias comunes, donde todos los implicados detectan que «está la problemática principal». En este apartado, ha apelado a la mejora de la prevención y a «evitar su prolongación innecesaria».

Por otra parte, este conjunto de medidas también pretenden «reducir el impacto» de lo que el plan llama «ausencias del trabajo evitables», que, aunque admite que es un «fenómeno minoritario», define como «el uso injustificado o abuso de la prestación». «Ahí también queremos actuar», ha precisado el responsable autonómico.

“Mecanismos novedosos”

El conselleiro ha anticipado, sin entrar en detalle, que el plan introducirá “mecanismos novedosos” de acompañamiento en la reincorporación al trabajo y un refuerzo de los medios materiales y humanos del Instituto Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga). A parte de ello, Gonzáles también ha apuntado que el eje de bienestar laboral estará guiado por una estrategia que deberá realizarse en “colaboración con los agentes sociales”. 

Preguntado por si el plan dará un mayor papel a las mutuas, el conselleiro ha negado que esto vaya a ser así y ha remarcado que las altas y las bajas son dadas por los profesionales del Servizo Galego de Saúde (Sergas). «A partir de ahí, hay capacidad para trabajar en colaboración con otras entidades y organismos, como pueden ser las mutuas. Nada que no diga el Gobierno central tampoco», ha asegurado.

Eso sí, sí ha indicado que permitirá, en la línea de otros convenios «firmados a nivel nacional», que las mutuas puedan colaborar, especialmente en los trastornos musculoesqueléticos. Esto, según ha señalado UGT, se traducirá en que podrá adelantar las pruebas «siempre que quiera el trabajador».

Septiembre como posible horizonte

En cuanto a los próximos pasos, González espera que el texto sea debatido en el Consello «de la forma más ágil posible», con septiembre como posible horizonte. Una vez obtenga el ‘sí’ de la Xunta, también deberá ser validado en los órganos internos del resto de agentes involucrados. En este sentido, UGT pone como condición que el plan tenga asignados como mínimo 18 millones de euros, cantidad de la que excluye la parte vinculada a Sanidade.

A continuación, en lo que queda de 2026, se implantarán los instrumentos de gobernanza y, después, se le asignará un presupuesto para el periodo 2027-2029, en el que se pretende hacer el despliegue de las medidas planteadas.

Ausencia de CC OO y CIG

El grupo de trabajo dentro del que la Xunta ha elaborado el plan está al amparo del diálogo social, que institucionalizó con la aprobación de un decreto en abril. Aunque CC.OO. estuvo presente en su creación, después se descolgó crítico con la forma de actuar de la Xunta, de modo que está ausente, como ocurre desde hace años con la central mayoritaria en Galicia, la GIG.

Cuestionado por este asunto, el conselleiro considera que UGT es un sindicato «suficientemente representativo» para decir que el diálogo social ha contado con «las dos partes» de los agentes sociales –patronal y sindicatos– y ve demostrado que ambas «se pueden entender y consensuar» un plan.

«Habrá que preguntarles a CC.OO. y CIG por qué no se han posicionado en este tema», ha señalado el conselleiro. José González les ha reprochado «no sentarse» a hablar de cuestiones como la mejora de la gestión de los procesos de incapacidades temporales por contingencias comunes, «evitando las prolongaciones innecesarias cuando se deban a causas corregibles». Esto es algo que, en palabras de González, se hará «sin poner en duda el derecho de los trabajadores a su salud y la autonomía y el criterio clínico de los profesionales sanitarios».

Por su parte, tras la firma de este viernes, la CIG ha criticado que el precuardo suscrito «no introduce ninguna modificación de fondo al respecto de las políticas impulsadas por el PP» y que «blanquea» las «mentiras repetidas mil veces» por la patronal.

«Cambia la denominación de la problemática de las bajas laborales, pero consolida un modelo basado en el control de las personas trabajadoras, en el refuerzo del papel abusivo de las mutuas y la criminalización de las bajas médicas», ha rechazado su secretario, Paulo Carril, a través de un comunicado.

Del mismo modo, CC.OO., considera que las soluciones «no pueden llegar a partir de una diagnosis que culpabiliza a las personas trabajadores», lo que, a su modo de ver, fue el «punto de partida» de la Mesa do Diálogo Social y que llevó a la organización sindical a salirse de la misma.