Anticorrupción ata en corto a sus fiscales de Barcelona

04 de febrero de 2015 (00:00 CET)

El pasado mes de julio, cuando el ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, reconoció públicamente haber evadido dinero a Andorra, los teléfonos de la fiscalía anticorrupción y los de algunos prestigiosos despachos de abogados empezaron a echar humo. Todos, de alguna forma, sabían que las palabras de Pujol acabarían más temprano que tarde sobre la mesa de algún juez. Y más de uno quería apuntarse el tanto.

Como de costumbre, Manos Limpias se adelantó a la Fiscalía. Quizá sería más adecuado decir que, como de costumbre, la Fiscalía se dejó rebasar por el sindicato justiciero que dirige Bernad. En todo caso, las palabras de Pujol acabaron finalmente sobre la mesa del juez de instrucción número 31 de Barcelona.

Fue entonces, en pleno mes de agosto, que el delegado de la anticorrupción de Cataluña, Emilio Sánchez Ulled, reclamó para sí ese asunto aduciendo que…"por respecto y en homenaje a los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, el caso debía de quedarse en Catalunya y ser tramitado por fiscales destinados en esa comunidad". Como se recordará, Villarejo y Mena acusaron de forma infructuosa a Pujol en el caso Banca Catalana. Ulled, Mena y Villarejo son miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

El jefe de la Anticorrupción, Antonio Salinas, le dio una negativa inapelable: la Fiscalía no hace homenajes y que la acusación pública en este caso la llevaría alguien de Madrid. Aquella respuesta cayó sobre Ulled como un jarro de agua fría. Sobre todo, porque el jefe no explicó los motivos de fondo de su negativa. Poco después, Salinas nombró a Alejandro Luzón fiscal especial del caso. Desde entonces las relaciones entre Sánchez Ulled, (fiscal que se encarga del caso Adif, entre otros) y la jefatura de la Anticorrupción son algo más que tirantes.

Suscribir a boletines

Al suscribirte confirmas nuestra política de privacidad