Escándalo en Correos: posibles fraudes de empleados sacuden la empresa
El Sindicato Libre denuncia ante la CNMC prácticas irregulares en el reparto de notificaciones caducadas, mientras la empresa lo niega
Pedro Saura, presidente de Correos.
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Correos vuelve a estar en el ojo del huracán. La empresa postal española, todavía intentando recuperarse del caos heredado de la etapa de Juan Manuel Serrano (2018-2023), enfrenta ahora un nuevo golpe a su credibilidad: acusaciones de fraude interno y presuntas irregularidades en el manejo de las notificaciones administrativas. El caso, destapado por el Sindicato Libre, apunta directamente a órdenes internas que obligarían a los carteros a entregar notificaciones fuera de plazo, una práctica que podría tener consecuencias legales tanto para los trabajadores como para la compañía.
El actual presidente de Correos, Pedro Saura, ha intentado desde su llegada a comienzos de 2024 poner orden en una empresa marcada por la ineficiencia, las pérdidas millonarias y el descontento laboral. Sin embargo, los problemas estructurales persisten, especialmente en el área de notificaciones, uno de los servicios más rentables de la compañía pública.
Mientras un envío de paquetería deja a la empresa unos 2,5 euros de beneficio, cada notificación judicial o administrativa genera 6 euros. Aun así, Correos ha priorizado la paquetería, dejando de lado un negocio clave que sostiene buena parte de su rentabilidad.
Fuentes internas reconocen que los retrasos en la entrega de notificaciones se han vuelto crónicos, con miles de envíos acumulados en centros logísticos. Esta situación no solo provoca quejas entre los ciudadanos y organismos públicos, sino que pone en riesgo la validez legal de muchos procesos administrativos.
Denuncia formal ante la CNMC
El Sindicato Libre, uno de los más activos dentro de la empresa, ha decidido llevar la situación ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En un escrito presentado el pasado 12 de octubre, el sindicato exige que se prohíba a todas las unidades de distribución repartir notificaciones caducadas o con defectos formales, y que se establezca un protocolo escrito que proteja legalmente a los carteros que se nieguen a entregar estos documentos.
Según la denuncia, los trabajadores están recibiendo órdenes verbales para proceder al reparto de notificaciones que ya han superado los diez días naturales desde su emisión, lo que las invalida jurídicamente según el artículo 30.3 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común.
Además, el sindicato asegura que solo se está realizando un intento de entrega, cuando la ley exige dos en un plazo máximo de tres días hábiles. “Se está ordenando a los carteros realizar un único intento, vulnerando claramente la normativa”, explican desde la organización, que afirma tener pruebas documentales de estas instrucciones.
Riesgo penal para los empleados
El escrito del Sindicato Libre es contundente: “Estas prácticas suponen un grave riesgo jurídico para los trabajadores”. Y no es una exageración. Entregar una notificación fuera de plazo o firmar un documento que no cumple los requisitos legales podría interpretarse como falsedad en documento público o incluso prevaricación administrativa, delitos recogidos en el Código Penal.
El sindicato advierte que los empleados están siendo coaccionados para cometer irregularidades que podrían derivar en sanciones o despidos. “Los carteros están siendo puestos en una situación de vulnerabilidad jurídica inaceptable”, sostienen.
Pero detrás de estas presuntas irregularidades podría haber algo más. Según la denuncia, la empresa estaría ordenando realizar el reparto fuera del sistema informático, es decir, de forma manual, para evitar que el sistema detecte los plazos vencidos. Si se procesaran correctamente a través de las PDA, el sistema emitiría una alerta y obligaría a Correos a asumir penalizaciones económicas por incumplimiento de contrato con la Administración.
Una cultura interna de presión y silencio
Fuentes sindicales aseguran que las órdenes irregulares se imparten de forma verbal, sin dejar rastro escrito, lo que dificulta probar la existencia de un patrón generalizado. “Es el clásico ‘hazlo y no digas nada’”, resume un delegado sindical. Estas prácticas se habrían detectado especialmente en unidades de reparto de la Comunidad de Madrid, aunque el sindicato sospecha que podrían reproducirse en otras provincias.
En un documento interno, el Sindicato Libre pide que se abra una investigación formal, se depuren responsabilidades entre los mandos intermedios y se garantice protección jurídica a los empleados que denuncien presiones indebidas. Además, solicita que la Dirección de Auditoría Interna y la Asesoría Jurídica analicen el caso para determinar si existen delitos o infracciones administrativas.
La reacción de la empresa no se ha hecho esperar. En un comunicado remitido a los medios, Correos “niega rotundamente” las acusaciones y asegura que “cumple escrupulosamente los protocolos de entrega y los plazos legales establecidos”. La dirección insiste en que se realizan dos intentos de entrega antes de dejar cualquier aviso, y que las denuncias sindicales responden a casos aislados o a “malinterpretaciones de procedimientos internos”.
Otros sindicatos dentro de la empresa, aunque reconocen que los retrasos en las notificaciones existen y son un problema real, restan importancia al asunto. Argumentan que el Sindicato Libre no denunció estas prácticas durante la etapa anterior, cuando los retrasos ya eran notorios, y califican de “irresponsable” acudir a la CNMC, a la que acusan de favorecer la privatización del servicio postal.
Una empresa en crisis permanente
Mientras tanto, Correos sigue sin resolver sus problemas estructurales. Con más de 46.000 empleados y una red que cubre todo el territorio nacional, la empresa pública acumula años de pérdidas y un clima laboral enrarecido. Fuentes internas admiten que la dirección aún no tiene una radiografía precisa de la plantilla, lo que complica planes de prejubilación o la reorganización interna.
La próxima semana, la compañía abordará dos temas clave con los sindicatos: las bolsas de horas y las prejubilaciones, en un intento de aliviar la presión en una plantilla que se siente agotada, desinformada y desprotegida.
El escándalo de las notificaciones irregulares podría ser la punta del iceberg de una gestión deficiente que amenaza con socavar aún más la imagen de Correos. Mientras el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, de quien depende la empresa, guarda silencio, los trabajadores exigen transparencia, seguridad jurídica y un cambio profundo en la cultura corporativa.
En palabras de un veterano cartero madrileño: “Correos no se hunde por los carteros, se hunde por las órdenes absurdas desde arriba. Y lo peor es que cada vez confiamos menos en que alguien lo arregle”.
