RD Post logra una sentencia incendiaria de cuatro millones contra Correos por servicios «deficientes»
Correos tendrá que indemnizar con más de cuatro millones de euros al operador privado RD Post
Pedro Saura, presidente de Correos.
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El Juzgado de primera instancia número 33 de Madrid ha condenado a Correos a indemnizar con más de cuatro millones al operador postal privado RD Post, en una sentencia que declara corroborados «servicios deficientes» de la compañía pública.
La sentencia puede abrir la puerta a demandas similares de administraciones públicas -los mayores clientes de Correos- contra el grupo presidido por Pedro Saura, e incidir en otro contencioso que libra RD Post contra el Ayuntamiento de Madrid por supuestas irregularidades en 300.000 notificaciones.
Tras un servicio «deficiente» de Correos como en este caso, se encuentran notificaciones administrativas, multas, sanciones, citaciones, etc., que no habrían sido entregadas correctamente a sus destinatarios, provocando previsibles retrasos administrativos y pérdidas económicas ante carencia de legalidad.
RD Post presentó un informe de un profesor de la Universitat de Barcelona, y Correos uno elaborado por el director de forensic de PwC
Recerca i Desenvolupament Empresarial (RD Post) presentó demanda contra Correos en noviembre de 2023 reclamando una indemnización, en su importe máximo, de 41,4 millones de euros, y de 4,1 millones como mínimo.
La compañía, que se define como el mayor operador postal privado de España en cobertura y tecnología, firmó un contrato con Correos en el año 2019 en virtud del cual el grupo público le garantizaba el acceso a la red postal.
En su demanda, RD Post aseguró que los contratos estipulaban que, cuando no pudiera hacerse cargo del reparto de notificaciones y/o cartas certificadas por sus propios medios, Correos procedería a su distribución a los diferentes destinatarios.
Sin embargo, RD Post detectó «un conjunto de deficiencias y defectos en la prestación de estos servicios«, al no practicar Correos «adecuadamente las notificaciones de conformidad con la legalidad vigente en el momento de prestarse el servicio».
RD Post acompañó su demanda de una prueba pericial, elaborada por el profesor de la Universitat de Barcelona Joan-Ramon Borrell Arque, para estimar la indemnización requerida, incluyendo determinados cálculos.
Según la misma prueba pericial, el porcentaje de certificaciones mal practicadas por Correos por incidencias que invalidan el proceso habría sido de un 52% en 2019; un 25% en 2020; un 43% en 2021; y un 24% en 2022.
Correos contestó a la demanda negando las acusaciones.
La estimación de RD Post, advirtió Correos, supondría que las circunstancias descritas afectarían «nada menos que a 711.034 envíos de cartas certificadas y notificaciones administrativas (…)», lo cual «carece del más mínimo fundamento».
La compañía pública presentó un informe de parte contra la demanda de RD Post elaborado por Raúl Salamero Rajo, director de PwC Forensic Services.
Correos, deficiencias y defectos
En su sentencia, comunicada recientemente, la Juez María Teresa de la Asunción Rodríguez afirma que se estima «claramente acreditado por parte de RD Post un conjunto de deficiencias y defectos en la prestación de estos servicios«.
Esas deficiencias consitieron en «no practicar adecuadamente las notificaciones de conformidad con la legalidad vigente en el momento de prestarse el servicio».
Y las consecuencias de ese deficiente servicio implica que las notificaciones, en su práctica, «no produzcan los efectos legales que se persiguen (…)».
Correos, señala la magistrada, «no ha presentado alternativas de cálculo», a pesar de disponer de un sistema informático que permite controlar los servicios (…)».
La juez estima sustancialmente la demanda de RD Post, probado «un cumplimiento defectuoso», acordando condenar a Correos a indemnizar al operador privado con 4,1 millones de euros, más intereses, y condena en costas, «en concepto de devolución del importe pagado por los servicios postales defectuosos o deficientes«.
RD Post, Correos y el Ayuntamiento de Madrid
La reciente sentencia del Juzgado de instrucción de Madrid condenando a Correos a indemnizar a RD Post, contra la que cabe recurso de apelación, podría tener incidencia en otro conflicto que el operador privado mantiene con el Ayuntamiento de Madrid.
El Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida presentó una denuncia contra su proveedor postal, RD Post, ante la Fiscalía, por presunta mala praxis y fraude, una información que fue adelantada por el diario Vozpópuli en abril del pasado año.
RD Post presentó recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Madrid en diciembre de 2023
Esa mala praxis afectaría a unas 300.000 notificaciones, con un impacto de un millón de euros. La vicealcaldesa Inma Sanz explicó que se trataban principalmente de notificaciones del ámbito tributario y multas, y que las supuestas irregularidades estaban «perfectamente identificadas».
RD Post se adjudicó un contrato con el Ayuntamiento de Madrid en enero de 2021 por importe de 43,5 millones de euros, que expiró en octubre de 2023. El nuevo proceso de licitación para el servicio fue ganado después por Correos.
En sus cuentas del ejercicio 2023, consultadas por este diario a través de Insight View, RD Post dice que ese contrato firmado en 2021 con el Ayuntamiento de Madrid «ha venido presentando mensualmente unas elevadas desviaciones presupuestarias» que habrían llevado a la compañía a presentar pérdidas por importe de un millón de euros.
Los resultados negativos que se acumulan en el patrimonio neto de la sociedad, con base en la explotación de este contrato, sostiene RD Post, asciende a 4,9 millones de euros.
El operador postal privado señala que las pérdidas ocasionadas «han sido consecuencia de una beligerante actitud por parte de este cliente, lo cual ha llevado a la dirección de la empresa a contactar con un reputado despacho de juristas especializados en estos asuntos, quienes han valorado el hecho de presentar una reclamación formal como oportuno y viable».
Dicha reclamación la interpuso RD Post mediante un recurso contencioso administrativo, con fecha del 20 de diciembre de 2023 por un valor total de 3,9 millones de euros. Este diario se puso en contacto la pasada semana con RD Post, que no quiso comentar la información.
