Iberdrola abre una investigación interna tras denuncias por trato vejatorio en su área de Seguridad
La compañía reorganiza su cúpula de Seguridad tras detectar irregularidades y acusaciones internas mientras intenta cerrar una etapa marcada por el caso Villarejo
Archivo – Edificio de la sede de Iberdrola, en Madrid (España)
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Pedro Azagra, actual consejero delegado de Iberdrola, se enfrenta a su primer gran desafío interno desde que asumió el cargo el pasado verano. La compañía ha abierto una investigación interna en el Departamento de Seguridad, una división que arrastra desde hace años una compleja herencia ligada al caso Villarejo y a episodios de mala gestión.
El área, que ya estuvo en el punto de mira judicial por los contratos con el excomisario José Manuel Villarejo, vuelve a situarse en el centro de la polémica. En esta ocasión, las denuncias internas por presunto trato vejatorio hacia parte del personal —especialmente mujeres— han obligado a la dirección a intervenir.
Denuncias y entrevistas internas
Fuentes internas confirman que la eléctrica inició en abril una revisión exhaustiva del clima laboral en el departamento, tras recibir varias quejas formales sobre el comportamiento de Manuel Martínez, director de Seguridad en España. Para esclarecer los hechos, el área de Cumplimiento (Compliance) llevó a cabo entrevistas confidenciales a 47 de los 80 empleados del equipo, con el fin de determinar la veracidad de las acusaciones.
Los resultados del informe, según fuentes conocedoras, confirmaron la existencia de un patrón de conductas inadecuadas, descritas por varios trabajadores como “ofensivas y despectivas”. Estas conclusiones fueron remitidas a los máximos responsables de Seguridad Global, Recursos Humanos y al secretario del consejo, quienes analizaron los pasos a seguir.
Aunque inicialmente se planteó la destitución de Manuel Martínez, finalmente Iberdrola optó por una solución intermedia. La compañía ha designado a Luis Dorda, antiguo responsable de seguridad internacional y exdirectivo de Adif, como nuevo jefe del área en España, mientras que Martínez ha pasado a ocupar un puesto de adjunto.
Sin embargo, en la intranet corporativa y en documentación interna, Martínez sigue figurando como director, lo que ha generado cierta confusión entre los empleados. La medida busca, según distintas fuentes, evitar una salida abrupta antes de su jubilación, prevista para el próximo año, aunque esta fórmula no convence del todo al consejero delegado Azagra, conocido por su rigor en el cumplimiento normativo.
Falta de acreditaciones y supervisión interna
El caso se complica aún más tras conocerse que Martínez no contaba con las acreditaciones exigidas por ley para ejercer en seguridad privada, un requisito imprescindible para su cargo. El hallazgo, detectado durante la investigación interna, ha encendido las alarmas dentro de Recursos Humanos, que ahora revisa la validez de todos los permisos y contratos vinculados al área.
Este hecho ha provocado un debate dentro de la cúpula de Iberdrola sobre los controles internos y la responsabilidad corporativa, especialmente después de los problemas reputacionales derivados del caso Villarejo, por el que la compañía sigue pendiente de una posible responsabilidad civil subsidiaria.
El Departamento de Seguridad de Iberdrola se ha convertido en una fuente de conflictos recurrentes. Desde la imputación de Antonio Asenjo, antiguo jefe del área, por los pagos a Villarejo, la empresa ha intentado reformar la estructura y reforzar los controles de cumplimiento ético. Sin embargo, los últimos acontecimientos demuestran que las tensiones internas persisten y que las políticas de prevención aún tienen margen de mejora.
Azagra, consciente de la importancia del momento, pretende marcar un antes y un después en la gestión de riesgos reputacionales. “No se puede hablar de sostenibilidad sin hablar de ética y respeto”, aseguran fuentes próximas al equipo directivo, en línea con el discurso corporativo del nuevo CEO.
El compromiso público con la igualdad y la ética
Iberdrola ha hecho bandera de su compromiso con la igualdad de género, la diversidad y la prevención del acoso laboral. El consejo de administración actualizó el pasado marzo su Política de Igualdad y Derechos Humanos, un documento que recoge los principios para garantizar un entorno laboral seguro, inclusivo y libre de discriminación.
La compañía, que es el principal patrocinador del deporte femenino en España, se presenta como una referencia en materia de responsabilidad social. Sin embargo, las denuncias internas ponen en entredicho la aplicación real de estos valores dentro de uno de sus departamentos más sensibles. “No basta con tener políticas en papel, hay que hacerlas cumplir”, reconocen empleados consultados.
En plena expansión internacional y con una capitalización bursátil récord, Iberdrola no quiere que este nuevo escándalo empañe su imagen ante los mercados. La empresa ha cerrado acuerdos estratégicos con fondos soberanos como el de Noruega y Masdar (Abu Dabi), además de lanzar un nuevo plan estratégico centrado en la transición energética y la sostenibilidad.
Por ello, la dirección ha ordenado una revisión completa de los procedimientos internos de denuncia y respuesta ante casos de acoso o trato inadecuado, con el objetivo de garantizar la transparencia y reforzar la confianza dentro de la plantilla.
Una oportunidad para limpiar el pasado
El caso ha reabierto un debate profundo sobre la cultura corporativa en las grandes compañías del Ibex 35 y la necesidad de revisar estructuras jerárquicas que puedan perpetuar comportamientos inadecuados. Para Iberdrola, este episodio supone una oportunidad para cerrar definitivamente la etapa oscura del caso Villarejo y reafirmar su liderazgo ético.
Aunque la eléctrica ha declinado hacer comentarios oficiales, fuentes internas aseguran que la investigación sigue abierta y que se adoptarán medidas disciplinarias si se confirma cualquier vulneración del código ético.
