La gran industria se desmarca de las críticas de Iberdrola y Endesa a la CNMC por el pago de las redes
Aege se desvincula de la Alianza Verde España Conectada e insta a las eléctricas a defenderse "sin adherir otros intereses de forma espuria"
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y el CEO de Endesa, José Bogas
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La gran industria se desmarca de la guerra de las eléctricas contra la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Los grandes consumidores energéticos se han desvinculado de la Alianza España Verde Conectada por considerar que se excede en sus peticiones «muy específicas» al regulador. La asociación, que engloba a Iberdrola y Endesa, presionó a Competencia para elevar el pago de las redes eléctricas en un comunicado antes de que se publicara la circular definitiva a última hora del lunes 22 de diciembre.
Tras meses de presiones, la CNMC ha fijado la tasa de retribución financiera a las distribuidoras eléctricas (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) en el 6,58%, por debajo de lo que reclamaba el sector, pero por encima del 5,58% vigente.
Se trata del importe a cobrar por las compañías durante los próximos seis años a través de los peajes que pagan los consumidores en la factura de la luz. Las grandes eléctricas pedían aumentar la tasa hasta el nivel del 7% o 7,5%, en línea con otros países europeos.
El lunes a última hora, el organismo que preside Cani Fernández aprobó la circular que establece el nuevo marco regulatorio, incluyendo ciertos aspectos que el Consejo de Estado había pedido, pero que las empresas ven insuficientes.
En la misma mañana, horas antes de que se conociera su decisión, la Alianza España Verde Conectada publicó un comunicado donde señalaba que, «según ha transcendido» el modelo de retribución de la CNMC «supone una invasión de competencias del Ministerio para la Transición Ecológica».
Circunstancia que, de seguir adelante de la misma forma en la circular, indicaba como probable que «según se ha publicado, esta pueda acabar judicializada en base a los argumentos del Consejo de Estado y alegando defectos de forma si no vuelve a ser sometida a consulta».
Cabe destacar que en esta asociación se encuentran Iberdrola, la patronal eléctrica Aelec (Iberdrola, Endesa y EDP), empresas como Microsoft, Cabify o Carrefour y asociaciones sectoriales renovables o de la gran industria, al menos hasta ayer.
Y es que, este alegato contra la decisión del regulador, que aún no se había votado en el pleno, ha provocado la división entre las empresas de la gran industria y las eléctricas por la batalla que han estado llevando a cabo.
La gran industria critica los juicios de valor sobre las competencias de la CNMC
Así lo ha puesto de manifiesto la Asociación de empresas con gran consumo de energía (Aege), que representa a 30 compañías que operan en España como ArcelorMittal, Acerinox, Celsa, Alcoa o Sidenor.
La asociación que preside Carlos Navalpotro (Asturiana de Zinc) ha pedido desvincularse de esta plataforma creada en 2025 y cuyo objetivo era pedir un marco regulatorio competitivo para la red eléctrica para conectar la nueva demanda industrial que está a la espera por el atasco actual.
Aege explica que el debate en torno a los problemas de la industria para conectarse a la red promovió su interés para formar parte de Alianza España Verde y Conectada, siempre que hubiera «un vínculo compartido entre todos los miembros».
Sin embargo, el reciente comunicado no es compartido por la asociación y explica que ha sido el detonante para su desvinculación de dicha plataforma.
De este modo, la gran industria señala que «se realizan peticiones que exceden el ámbito de la Alianza, incluyendo juicios de valor sobre las competencias y los plazos de la regulación, y sobre los que la asociación no ha mantenido debate interno, ni ha mostrado posicionamiento público al respecto, dejándola por tanto en una posición comprometida».
Por ello, Aege considera que, aunque la petición a la CNMC es legítima, es de «carácter muy específico» y son los afectados los que deben defenderse «a través de los canales que considere oportunos, pero sin adherir otros intereses de forma espuria». Un mensaje directo a las eléctricas y su causa.
La desvinculación en esta guerra de las eléctricas contra el regulador es llamativa, puesto que las empresas del gran consumo eléctrico suman más de 60.000 empleos y cuentan con 91 plantas productivas en las que se consume el 7% de la demanda eléctrica peninsular.
Iberdrola y Endesa critican la división en el consejo de la CNMC
Con este escenario, se prevé que las eléctricas continúen con su batalla contra la CNMC e incluso termina judicializándose, tal y como avisaba la Alianza España Verde Conectada.
En este sentido, la patronal Aelec ha tildado la decisión de Competencia de «un paso atrás en la seguridad jurídica y regulatoria de España», asegurando que sitúa al país «en el vagón de cola de seguridad jurídica y atractivo regulatorio de la Unión Europea, en un momento clave para la electrificación».
Las grandes eléctricas lamentan que el regulador haya modificado el modelo retributivo sin nueva audiencia pública y sin tener en cuenta las principales alegaciones del sector ni del Consejo de Estado, «lo que habría enriquecido la decisión final».
Aelec critica la incoherencia del planteamiento con los objetivos de electrificación, transición energética y reindustrialización del país y advierte de que las inversiones en redes no llegarán sin un marco «estable, predecible y alineado con las necesidades del sistema».
«A esta preocupación se suma el aumento de la incertidumbre jurídica y regulatoria generado por la CNMC, al no seguir los procedimientos de diálogo con el sector y ante la evidente división interna en su pleno», añadió la patronal en su comunicado.
La «falta de consenso» para una decisión de este calado que critican Iberdrola y Endesa se tradujo en una votación que se saldó con seis consejeros a favor de la circular propuesta y tres en contra.
Según ha podido saber este medio de fuentes conocedoras de la votación, la presidenta Cani Fernández, y los consejeros Pilar Sánchez Núñez, Pere Soler Campins, María Vidales Picazo, Carlos Aguilar Paredes y Enrique Monasterio Beñaran votaron a favor.
Por contra, el vicepresidente Ángel García Castillejo, y los consejeros Josep María Salas y María Jesús Marín Martínez votaron ‘No’ a la propuesta de retribución a las redes. Sólo hubo una abstención, la de Rafael Iturriaga Nieva, que no compareció por enfermedad.
