Choque entre Beatriz Corredor (Red Eléctrica) y la CNMC por las medidas para evitar un nuevo apagón
El riesgo a un nuevo apagón genera nuevas tensiones entre el operador del sistema y el regulador y un incremento millonario de los costes

La presidenta no ejecutiva de Redeia, Beatriz Corredor; el CEO de Redeia, Roberto García Merino, y la directora general de Operación de Red Eléctrica, Concha Sánchez, ofrecen una rueda de prensa en la sede de Red Eléctrica en Tres Cantos
Las medidas de refuerzo del sistema que ha pedido Red Eléctrica a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han generado un cisma entre las partes. El operador del sistema que lidera Beatriz Corredor contradice la retórica usada por el organismo que preside Cani Fernández en el documento donde informa de los nuevos refuerzos al sistema eléctrico para evitar nuevos apagones.
El cero energético que dejó sin luz a la península ibérica el pasado 28 de abril sigue generando incertidumbre sobre el sistema eléctrico y tensiones entre las partes con responsabilidad sobre el mismo.
La CNMC anunció el miércoles la tramitación de unas medidas temporales a petición de Red Eléctrica, mientras continúa su labor de supervisión y se termina de desplegar el nuevo procedimiento operativo que permitirá también a las renovables aportar control de tensión, el P.O. 7.4.
En el documento indicaba que el operador del sistema había observado «variaciones bruscas de tensión» en las últimas dos semanas y que «pueden tener impacto en la seguridad del suministro» si no se implementan los cambios propuestos.
Además, también ponía el foco en las renovables y, concretamente en el autoconsumo. «Igual que se ha producido un incremento muy fuerte de las instalaciones de gran tamaño conectadas al sistema, se ha producido también un fuerte crecimiento de las instalaciones de pequeña potencia conectadas en tensiones bajas, buena parte de ellas asociadas al autoconsumo», destaca el texto.
En respuesta a este informe, Red Eléctrica salió rápido al quite al día siguiente matizando y contradiciendo algunas de las afirmaciones que la CNMC refleja en el documento.
«Desde Red Eléctrica no hemos hablado de riesgo de apagón ni inminente ni generalizado. Hemos observado recientemente variaciones de tensión que deben evitarse, pero que no han supuesto riesgo de suministro por haber estado dentro de los límites admisibles», señaló la compañía.
De este modo, explicó que ha «actuado como siempre» y han propuesto en los últimos días las medidas que consideran necesarias para «reforzar la robustez del sistema eléctrico».
El sector solar no entiende la retórica de la CNMC
Un mensaje de calma que trata de quitar hierro a unas medidas urgentes que alertaban de la gravedad de la situación del sistema eléctrico actualmente. No obstante, fuentes del sector renovable no entienden la actuación de Competencia.
«La CNMC ha puesto su propia retórica en varios puntos, por ejemplo, contra el autoconsumo, pero eso es porque no es precisamente el ente más partidario del autoconsumo», explica Héctor de Lama, director técnico de la patronal fotovoltaica Unef, a ECONOMÍA DIGITAL.
En esta línea, asegura que dichas medidas no tienen ningún efecto para el autoconsumo solar. «No hay ningún artículo, no hay nada de todos los procedimientos de operación que se propongan cambiar que afecte al autoconsumo. Lo que sí que aparece muchas veces son distintas exigencias y cambios de operativa para las centrales térmicas».
Cabe destacar que en la actualidad la mayor parte de estas centrales son propiedad fundamentalmente de las grandes energéticas del país: Iberdrola, Endesa y Naturgy.
Asimismo, no entienden por qué la CNMC no ha aprobado antes el procedimiento de operación 7.4. que da a las renovables la posibilidad de controlar la tensión del sistema eléctrico y que no se espera que esté en funcionamiento hasta el primer trimestre de 2026.
Red Eléctrica pidió en 2020 a Competencia implementar esta medida y se ha ido retrasando en el tiempo, con proyectos demostrativos que se realizaron hace años. Tras el apagón, tanto el Gobierno como Red Eléctrica pidieron implementar esta medida en sus respectivos informes.
«¿Por qué la CNMC no aprobó el procedimiento de operación 7.4 en 2020 o en 2023 cuando salieron los resultados del proyecto demostrativo? Como consumidores, hemos pagado miles de millones a las centrales térmicas, porque no se aprobó esta normativa. Y no solo eso, sino que, además, hemos acabado con una red mucho más frágil», destacan desde el sector renovable.
Los sobrecostes del refuerzo del sistema
La tesis es que defienden se basa en el hecho de que el control de tensión sólo lo puedan aplicar las centrales de ciclo combinado (gas) ha encarecido los costes energéticos derivados de las restricciones técnicas que aplica Red Eléctrica para dar estabilidad al sistema eléctrico.
Desde 2019, estos costes se han encarecido desde los 250 millones hasta los 2.500 de 2024. Para este año, con el modo de operación reforzado por el apagón que está aplicando el operador del sistema los cálculos estimaban unos costes de 4.000 millones para el conjunto del año.
Ahora, con las nuevas medidas implementadas se espera que esta cifra se multiplique, aunque analistas, asociaciones y empresas aún son conservadoras con los cálculos y estimaciones.
Desde Unef creen que es pronto para calcular el impacto, ya que al mismo tiempo que se van a implementar las medidas, aún en audiencia pública, poco a poco se están habilitando nuevas plantas renovables para que puedan dar ese servicio de control de tensión.
Otras voces del sector renovable creen que probablemente, los cambios que Competencia ha lanzado a consulta pública harán que se «retire más energía renovable del sistema» y, por contra, se tengan que utilizar más fuentes de energía tradicionales y más caras.
Del lado de las empresas de venta de energía, la asociación de comercializadoras independientes Acenel cree que las medias propuestas supondrán una «menor oferta y más coste en servicios de balance/restricciones en periodos críticos», lo que se traducirá en una «mayor presión al coste de adquisición de la demanda».
Es decir, la menor oferta en el mercado provocará un encarecimiento de los costes de las restricciones técnicas por las que Red Eléctrica paga a las centrales de gas para dar estabilidad al sistema. De igual modo, consideran que aumentará el coste para los consumidores y comercializadores.