Iberdrola, Endesa y Naturgy afrontan la semana clave de Almaraz más cerca de lograr una extensión

Las propietarias de la central nuclear de Almaraz afrontan la semana clave para decidir su futuro. Iberdrola, Endesa y Naturgy deben entregar la petición formal para la prórroga de la vida útil de las instalaciones al Gobierno antes de que finalice el plazo, el próximo 1 de noviembre. Las tres energéticas han mostrado su disposición para hacerlo, si bien no han concretado el plan.

En los últimos días, las tres compañías han dado un paso adelante comunicando estar de acuerdo en que Almaraz debe, sino cerrarse, al menos ampliar su operación unos años.

Lo han hecho a través de una carta al Gobierno confirmando su «disposición» para alargar la vida de la planta extremeña, después de que Iberdrola reafirmara su compromiso para hacerlo.

El Ministerio de Transición Ecológica ha explicado que es exclusivamente una declaración para ampliar el calendario de cierre de la central nuclear de Almaraz, pero «no se notifica nada ni se avanza ningún tipo de actuación».

Se trata de la última misiva que las eléctricas envían al Ejecutivo, pero no la única, puesto que el pasado junio Iberdrola y Endesa enviaron otra al departamento que dirige Sara Aagesen.

Desde la cartera energética consideraron entonces que simplemente era «una declaración de intenciones» y que no cumplía con las tres líneas rojas establecidas por el Gobierno para tramitar una petición formal.

La batalla por el relato y el riesgo a un nuevo apagón

Estas tres líneas rojas, que el Ejecutivo ha vuelto a remarcar esta semana, son que se garantice la seguridad de los ciudadanos desde una perspectiva radiológica, que no suponga un mayor coste para los ciudadanos y contribuyentes y que sea conveniente para garantizar la seguridad de suministro.

Es en el segundo punto el que ha provocado el bloqueo desde hace meses para que una posible negociación entre propietarias y Gobierno avance. Las propietarias, el lobby nuclear y diferentes informes de consultoras han marcado la agenda mediática de la situación nuclear en España poniendo el foco en la fiscalidad y, especialmente, en la denominada ‘tasa Enresa’.

Se trata del instrumento a través de la cual las empresas financian la gestión y el desmantelamiento seguro de los residuos radiactivos y las centrales nucleares.

Pese a que se suele clasificar entre los impuestos que pagan las energéticas en el segmento nuclear, es una prestación patrimonial de carácter público no tributario. Las empresas lo pagan por la máxima de que «quien contamina paga».

No obstante, las compañías denuncian su incremento del 30% en el último año, desde los 7,98 euros por megavatio hora (MWh), hasta los 10,36 euros, que se suma a otros impuestos a la producción o al combustible nuclear gastado que incrementan la factura total hasta los 28 euros MWh.

Por otro lado, existen los tributos autonómicos o ‘ecotasas’ que las propietarias de las centrales pagan en algunas regiones. La Comunidad Valenciana que preside Carlos Mazón ya ha eliminado la suya por la que Iberdrola pagaba unos 14 millones de euros anuales, mientras que y en Extremadura (donde se encuentra Almaraz) María Guardiola ha anunciado una rebaja de hasta el 50%.

Allí las propietarias pagan unos 82 millones y, de igual modo que en la Comunidad Valenciana, el gobierno autonómico está liderado por el Partido Popular. En Cataluña, donde se encuentran las instalaciones de Ascó y Vandellós, la factura asciende a 137 millones, si bien es el PSOE quien gobierna.

Con este escenario, las empresas deben concretar de qué manera tienen intención de continuar con la operación de Almaraz y si eso implica una rebaja fiscal en alguno de los tributos o tasas que pagan. Una vez decidido y entregar la petición formal, el balón estará en el tejado del Gobierno, reacio desde el principio a reducir la fiscalidad.

Cabe destacar que el contexto energético actual es muy diferente al de 2019, cuando empresas y Gobierno acordaron el calendario de cierre. Además, los últimos acontecimientos ocurridos en el sistema eléctrico ponen de manifiesto la incertidumbre actual tras el apagón del 28 de abril y las sobretensiones que han puesto en alerta de nuevo al sistema recientemente.

Las energéticas han trasladado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el valor de la energía nuclear para dar estabilidad al sistema y garantizar la seguridad de suministro, según informó Invertia.

El proceso de Iberdrola, Endesa y Naturgy para solicitar la ampliación

Con este escenario, los tiempos para salvar la central nuclear de Almaraz, cuyo cierre está previsto para 2027 el primer reactor y 2028 el segundo, son más ajustados que nunca y las energéticas propietarias de las instalaciones negocian internamente la forma en la que pueden extender su vida.

En caso de que Iberdrola, Endesa y Naturgy lleguen a un acuerdo, deben pedir cada una de forma individual a sus consejos de administración la autorización para pedir la prórroga de Almaraz.

Posteriormente, tiene que confirmar el acuerdo alcanzado en la junta de administradores de CNAT y luego refrendarlo en la comunidad de bienes del mismo. Es en este punto cuando podrán trasladar al Gobierno la petición y tener el visto bueno.

Es el Ejecutivo el que deberá validar entonces si cumple con las líneas rojas marcadas, siendo este es el paso previo a la entrega de la documentación formal al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para prorrogar la utilización de las instalaciones. Un plazo que expira el próximo 1 de noviembre.

La situación es límite si se quiere revertir el calendario de cierre pactado entre el Gobierno y las empresas propietarias en el año 2019. Según este acuerdo, las instalaciones nucleares del país deben cerrar escalonadamente a partir del año 2027 y con fecha final en 2035.