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Iberdrola reafirma su deseo de prorrogar Almaraz y trabaja con Naturgy y Endesa para enviar la petición al Gobierno
Las propietarias de la central nuclear extremeña siguen negociando para solicitar la ampliación "cuanto antes"
Archivo – Central Nuclear de Almaraz
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La Junta de Administración de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) ha celebrado este martes una reunión de carácter ordinario para abordar su futuro. Iberdrola, propietaria mayoritaria de la planta nuclear extremeña, ha reafirmado su compromiso con la extensión de la vida útil de las instalaciones, si bien no se ha aprobado todavía ninguna petición formal para ello.
Los tiempos para salvar la central nuclear de Almaraz, cuyo cierre está previsto para 2027 y 2028, son más ajustados que nunca y las energéticas propietarias de las instalaciones (Iberdrola, Endesa y Naturgy) negocian internamente la forma en la que pueden extender su vida.
En la reunión mantenida este martes se han analizado las operaciones de la central nuclear de Almaraz, donde se trabaja con el escenario de continuidad y manteniendo la instalación en perfectas condiciones técnicas, como ha reconocido recientemente WANO (la Asociación Mundial de Operadores Nucleares), al otorgar el nivel de excelencia a la planta.
Iberdrola, Endesa y Naturgy ultiman la petición al Gobierno
Según ha podido saber este medio, pese a que todas las propietarias están de acuerdo en prolongar la vida útil de Almaraz, siguen trabajando en la gobernanza para lanzar «cuanto antes» una petición formal al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que lidera Sara Aagesen.
Esta postura de las empresas abre un nuevo plazo mediante el cual, si llegan finalmente a un acuerdo, deben pedir cada una de forma individual a sus consejos de administración la autorización para pedir la prórroga.
Posteriormente, tiene que confirmar el acuerdo alcanzado en la junta de administradores de CNAT y luego refrendarlo en la comunidad de bienes del mismo. Es en este punto cuando podrán trasladar al Gobierno la petición y tener el visto bueno.
La petición que deben trasladar al Gobierno, y que el Ejecutivo debe validar si cumple con las líneas rojas marcadas, es el paso previo a la entrega de la documentación formal al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para prorrogar la utilización de las instalaciones. Un plazo que expira el próximo 1 de noviembre.
La situación es límite si se quiere revertir el calendario de cierre pactado entre el Gobierno y las empresas propietarias en el año 2019. Según este acuerdo, las instalaciones nucleares del país deben cerrar escalonadamente a partir del año 2027 y con fecha final en 2035.
El escollo fiscal
Han sido meses de aflojas entre las eléctricas y el Ejecutivo, especialmente en los aspectos fiscales, al considerar las propietarias que su operativa es inviable económicamente por las altas cargas impositivas que soportan.
La principal, la tasa Enresa, que no es una tasa sino una prestación patrimonial de carácter público no tributario. Se trata del instrumento a través de la cual las empresas financian la gestión y el desmantelamiento seguro de los residuos radiactivos y las centrales nucleares.
Las energéticas denuncian su incremento del 30% en el último año, desde los 7,98 euros por megavatio hora, hasta los 10,36 euros, que se suma a otros impuestos a la producción que incrementan la factura total.
Respecto a las tasas autonómicas, las compañías han sido beneficiadas con la eliminación del impuesto en la Comunidad Valenciana que preside Carlos Mazón y el anuncio de una rebaja considerable en Extremadura (donde se encuentra Almaraz) por parte de María Guardiola, ambos dirigentes del Partido Popular.
La eliminación de estas ‘ecotasas’ eximen del pagó de 14 millones a Iberdrola en el caso de Valencia y de la mitad de los 82 millones que pagan las eléctricas en Extremadura. En Cataluña, donde se encuentran las instalaciones de Ascó y Vandellós, la factura asciende a 137 millones.
