El riesgo a un nuevo apagón añade presión sobre el cierre nuclear a tres semanas de decidir el futuro de Almaraz
Iberdrola, Endesa y Naturgy entregarán el plan de cierre al Gobierno a finales de mes si las negociaciones no avanzan
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el CEO de Endesa, José Bogas
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El riesgo de que se pueda producir un nuevo apagón ha encendido todas las alarmas en el sector energético, con la nuclear en el foco por la situación límite que atraviesa. A penas quedan tres semanas para que las propietarias entreguen el plan de desmantelamiento de Almaraz al Gobierno si nada cambia. Con la fiscalidad como principal escollo, la incertidumbre sobre la estabilidad del sistema eléctrico añade presión a las negociaciones para una posible prórroga.
Las medidas urgentes que ha sacado a consulta la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a petición de Red Eléctrica por nuevas sobretensiones bruscas han vuelto a poner en entredicho la capacidad del sistema para hacer frente a un incidente que pueda dejar sin luz al país.
Aunque el operador del sistema bajo las órdenes de Beatriz Corredor ha salido al paso del informe de Competencia matizando que no está en riesgo la seguridad de suministro del país, las nuevas medidas de refuerzo supondrán unos sobrecostes millonarios por el mayor uso de gas, según expertos y asociaciones sectoriales.
Mientras entran en vigor las medidas para exigir mayor disponibilidad a las centrales de ciclo combinado, la mayoría en manos de Iberdrola, Endesa y Naturgy, para amortiguar las oscilaciones de tensión que supongan un peligro.
Pero no solo este tipo de centrales, sino que las de carbón, las nucleares, las hidráulicas y las de bombeo también tendrán que estar en alerta permanente, funcionando al ralentí, para realizar un control continuo de la tensión. En definitiva, las instalaciones de energía convencional que son capaces de absorber electricidad de la red.
Las renovables no entran aún en esta función, puesto que tiene que aplicarse el ya famoso procedimiento de operación 7.4 que se espera para el primer trimestre de 2026 y cuya aplicación ha provocado confrontación entre Red Eléctrica y la CNMC.
Aunque el cierre de las centrales es paulatino y no empieza hasta dentro de dos años, desde el sector nuclear consideran precipitado prescindir de 7,4 GW de potencia instalada de una tecnología síncrona que aporta firmeza al sistema.
El cierre de Almaraz se decide este mes
La primera instalación en iniciar su proceso de desmantelamiento es la extremeña Almaraz, cuyo primer reactor tiene previsto apagarse el 1 de noviembre de 2027 y el segundo reactor lo hará en octubre del año siguiente.
Aunque todavía quedan poco más de dos años, los grupos propietarios (Iberdrola con un 53%, Endesa con un 36% y Naturgy con un 11%) deben tomar decisiones importantes que van desde la compra de uranio a la contratación de personal.
Pero lo más importante es que toda la documentación relativa al plan de cierre debe ser entregada a finales de este mes para que las instalaciones comiencen el proceso de desmantelamiento.
Según la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) aprobada por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) , esta normativa empieza a contar justo dos años antes del cierre oficial de la instalación, por lo que el próximo 1 de noviembre Iberdrola, Endesa y Naturgy, las propietarias de Almaraz, deberán empezar a tramitar su parada definitiva.
Por tanto, los titulares de la central de Almaraz entregarán el plan al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que lidera Sara Aagesen si nada cambia, tal y como ha comunicado ya la sociedad propietaria de la Central Nuclear de Almaraz (CNAT), de la que forman parte Iberdrola, Endesa y Naturgy.
La fiscalidad, principal obstáculo en la negociación
Iberdrola y Endesa anunciaron el pasado junio el envío de una carta conjunta al ministerio para solicitar la modificación del calendario de cierre de la central nuclear de Almaraz.
Sin embargo, la cartera que lidera Aagesen consideró la misiva una declaración de intenciones y no una petición formal, contestando que el Gobierno exige unanimidad de todas las propietarias para tramitar cualquier tipo de cambio formal en el calendario de cierre.
Una situación que ya habría ocurrido, si bien las líneas rojas del gobierno también contemplan que la prórroga no lleve a un sobrecoste para el consumidor, que sea segura y que contribuya a garantizar el suministro.
Las posturas entre las propietarias y el Gobierno hasta ahora han tenido el principal obstáculo en ese supuesto sobrecoste para el consumidor que se traduce en la fiscalidad.
Las eléctricas batallan por el aumento de la denominada ‘tasa Enresa’, una prestación patrimonial de carácter público no tributario a través de la cual financian la gestión y el desmantelamiento seguro de los residuos radiactivos y las centrales nucleares.
Desde el sector consideran abusivo este pago que ha aumentado un 30%, desde los 7,98 euros por megavatio hora, hasta los 10,36 euros, así como otros impuestos específicos como las famosas ‘ecotasas’ autonómicas.
En este aspecto, el Gobierno valenciano eliminó la suya recientemente, eximiendo del pagó de 14 millones a Iberdrola. Otras permanecen como la de Extremadura y Cataluña, donde el importe asciende a 82 y 137 millones respectivamente.
Sin embargo, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola (PP), ha anunciado este viernes una reducción de los tipos de gravamen del Impuesto sobre Instalaciones que Inciden en el Medioambiente, con el objetivo de facilitar que la Central Nuclear de Almaraz continúe operativa.
«Cerrar Almaraz supone condenar a la comarca de Campo Arañuelo a la incertidumbre laboral, a la pérdida de riqueza y de empleo de alta calidad. Supone hacer volar por los aires una red de más de 150 empresas de servicios y 278 suministradores. Todos se verían abocados a cesar en su actividad», aseguró Guardiola un foro organizado por Okdiario.
Con este escenario, el tiempo sigue corriendo y la situación es cada vez más límite. Las dificultades que atraviesa el sistema eléctrico añaden presión a las negociaciones, aunque el pesimismo es la nota dominante hasta hoy.
