ACS, Ferrovial y Acciona, al acecho del plan de 7.300 millones de inversión en carreteras en plena crisis del gobierno de Perú
Las constructoras españolas miran con cautela el cambio político en Lima, que podría frenar el plan mientras ACS libra una batalla legal de 300 millones
Montaje realizado por Economía Digital.
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ACS, Ferrovial y Acciona, las principales constructoras de España, están pendientes del cambio de presidente de la República de Perú. Hace unos días, la expresidenta, Dina Boluarte, aseguraba un plan de inversión en carreteras de 7.300 millones de dólares. Ahora, con la entrada de José Jerí Oré, esta gran oportunidad para las empresas españolas puede tambalearse y no llegar a buen puerto..
El relevo político en Lima ha caído como un jarro de agua fría sobre los despachos de Madrid. Las tres gigantes españolas habían puesto el foco en el nuevo programa de infraestructura peruano, que prometía adjudicar 21 proyectos viales durante el bienio 2025–2026.
No era un anuncio cualquiera: se trataba de uno de los mayores planes de inversión pública de la región en la última década, con carreteras que atravesarían la sierra central y el sur andino, conectando a millones de personas y abriendo oportunidades para la logística y la exportación.
Pero la política peruana, tan cambiante como sus cordilleras, ha vuelto a torcer los planes. Con la caída de Dina Boluarte las licitaciones podrían quedar congeladas o redefinirse.
Las empresas españolas, que conocen de sobra los vaivenes de la burocracia latinoamericana, observan la situación con una mezcla de prudencia y preocupación.
Ferrovial y Acciona llegan con los deberes bien hechos. En consorcio, ambas concluyeron recientemente una autopista de 29,7 kilómetros que da continuidad a la Carretera Panamericana a su paso por la ciudad de Chimbote, en el norte del país.
La obra, de unos 142 millones de euros, descongestiona el tráfico y reduce en un 65% el tiempo de viaje, terminó tres meses antes de lo previsto.
Mientras tanto, ACS libra su propia batalla en otro frente. Su relación con el Estado peruano está marcada por una disputa que ha escalado hasta los tribunales internacionales.
El próximo 15 de octubre, el CIADI emitirá una resolución clave sobre la suspensión del laudo arbitral por la línea 2 del Metro de Lima. En juego hay más de 300 millones de euros. El litigio se arrastra desde 2017 y simboliza las tensiones estructurales entre gobiernos latinoamericanos y multinacionales europeas.
La compañía que preside Florentino Pérez reclama retrasos en la entrega de terrenos y estudios técnicos, que habrían disparado los costes del metro limeño.
El CIADI falló parcialmente a favor de la concesionaria, fijando una indemnización de 456 millones de euros, de los cuales solo una fracción ha sido abonada. El resto permanece congelado entre Luxemburgo y Lima, en una batalla legal que ha escalado hasta lo diplomático.
Aun así, el negocio es demasiado jugoso como para descartarlo. Los proyectos viales que anunció Boluarte prometen conectar la sierra con el litoral, abrir rutas comerciales hacia los puertos del Callao y San Martín, y reducir hasta un 30% los tiempos de viaje entre regiones históricamente aisladas. Son obras que mueven empleo, votos y capital político.
ACS, Ferrovial y Acciona aguardan la colocación de piezas
Las constructoras españolas aguardan. Saben que el tablero político latinoamericano puede cambiar de un día para otro, pero también que los kilómetros de asfalto siguen siendo la mejor diplomacia.
ACS, Ferrovial y Acciona han aprendido que en Perú las carreteras no solo conectan ciudades: también son caminos hacia el poder, el riesgo y la oportunidad.
