Prosegur en la cuerda floja: en riesgo de quedar excluido de la contratación pública por ADIF
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La empresa de seguridad privada Prosegur ha sido excluida de la contratación por parte del Ministerio de Hacienda en el sector público durante nueve meses y diez días, hasta junio de 2026
El veto, inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE), responde al artículo 71.1.b) de la Ley 9/2017, aunque no se ha revelado públicamente el motivo concreto, más allá de que corresponde a una “infracción grave en materia profesional”
El sindicato ADN Sindical de Seguridad y Servicios de Cataluña ha sido una de las primeras fuentes en apuntar a ADIF como posible origen de la sanción, en paralelo a indagaciones periodísticas según avanzó Escudodigital.
Desde enero de 2025 el sindicato solicitó a ADIF información vinculada al lote 3 Nordeste Zona Cataluña para los servicios de vigilancia y seguridad adjudicados a Prosegur, interesándose principalmente por las horas descubiertas de servicio en 2024.
Ante la negativa inicial de ADIF a entregar estos datos, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno resolvió de forma favorable para el sindicato y obligó a ADIF a remitir la información solicitada
Las especulaciones apuntan a presunta facturación de horas no trabajadas, una posible utilización de personal sin habilitación adecuada y una falta de transparencia en las adjudicaciones de seguridad, especialmente en estaciones destacadas como Sants.
Seguridad privada
Medios como Metropoli Abierta han documentado que en el primer semestre del año la compañía dejó más de 65.000 horas sin cubrir en la seguridad de ADIF y el metro de Barcelona, llamando la atención sobre la presión sindical para mejorar los controles sobre la actividad y los salarios del sector
Mientras tanto, Prosegur mantiene, según declaraciones oficiales, que “todo transcurre con normalidad”, negando cualquier impedimento firme para la participación en concursos, aunque reconoce la existencia de especulación mediática y sindical.
La sanción comunicada por Hacienda no es necesariamente definitiva y puede ser recurrida administrativamente. El procedimiento debe respetar el derecho de defensa de la empresa y garantiza la proporcionalidad y seguridad jurídica acordes a lo que establece la Ley 9/2017.
Además, la ley permite revisar la exclusión si se evidencia la adopción de medidas correctoras, como la implantación de nuevos programas de cumplimiento normativo.
Si Prosegur se queda fuera
La exclusión de Prosegur afecta a todo el sector público, lo cual implica un alto impacto económico dadas las dimensiones de sus contratos. Medios especializados señalan que solo con ADIF, la empresa controlaba desde 2022 parte de la seguridad en Cataluña y Aragón, gestión valorada en 51 millones de euros, más otros lotes adjudicados en la red nacional que suma más de 200 millones anuales.
El mercado de la seguridad privada supera los 500 millones de euros anuales en contratos públicos en España, y la exclusión de un referente como Prosegur abre oportunidades para rivales y obliga a las administraciones públicas a reorganizar temporalmente los servicios adjudicados.
La posible relación del caso con lotes gestionados por Prosegur y con polémicas señaladas por sindicatos, medios y antiguos responsables públicos aviva la presión sobre la compañía y sobre ADIF, que en septiembre ha lanzado de nuevo uno de los mayores concursos para la vigilancia ferroviaria en España.
Según recoge el medio Escudodigital tras contactar con el departamento de prensa de Prosegur, aseguran, que «en estos momentos todo transcurre con normalidad, no se nos ha impedido ni vais a encontrar a ningún actor del sector público que os diga que no podemos presentarnos a los concursos. A 25 de septiembre, seguimos actuando como cualquier otro día».
