Inspectores de Hacienda alertan de un agujero de 2.000 millones en la gestión de basuras
Desde la pasada primavera es obligatoria la imposición de una tasa de residuos en gran parte de los consistorios repartidos por toda la geografía española
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Los inspectores de Hacienda han detectado un déficit de casi 2.000 millones de euros en los ayuntamientos y diputaciones repartidos por toda la geografía española a raíz de la gestión de las basuras. Las autoridades fiscales han dado con el agujero a pesar de que desde la pasada primavera es obligatoria la imposición de una tasa de residuos en gran parte de los consistorios.
La advertencia de los inspectores de Hacienda se sustenta en los datos de la Fundación ENT y se ha recogido en un comunicado publicado la antesala de su XXV Congreso Anual, que se celebrará esta semana en Alicante.
Problemas presupuestarios
Los inspectores de Hacienda han destacado que los presupuestos aprobados para este año apuntan a un gasto en materia de residuos de 5.325 millones de euros y unos ingresos por tasas de residuos de 3.488 millones, por lo que el grado de cobertura se sitúa en el 65,5% y se aleja del 100%.
El gasto en residuos en los presupuestos municipales de este año asciende a 5.325 millones de euros, por lo que el grado de cobertura se sitúa en el 65,5%
A sus ojos, el déficit no es la única problemática que existe en torno a la tasa y han alertado acerca de «severos problemas presupuestarios» en las corporaciones locales si prosperara la cascada de denuncias que se avecinan por parte de los contribuyentes. Así, han hecho hincapié que la regulación de la tasa de gestión de residuos no solo es «escasa», sino que también es «ineficiente».
Por ello, han augurado que provocará «más incertidumbre» en capítulos como el cálculo de la cantidad que tienen que abonar los contribuyentes o la aplicación del pago por generación.
«Desinterés» del Ministerio de Hacienda
El motivo tras el complicado escenario, señalan los inspectores no es otro que el «desinterés e inacción» del Ministerio de Hacienda, así como por la falta de diálogo real con las entidades locales. En este sentido, han subrayado que en los últimos treinta años y tras diversas sentencias del Tribunal Supremo, los municipios conocían cómo regular las tasas de residuos, lo que evitaba la inseguridad jurídica.
Los ayuntamientos se encuentran ante una tasa de imposición obligatoria que debe sufragar la totalidad del coste del servicio y que no puede ser deficitaria
Sin embargo, por primera vez en la historia de la tributación local, los ayuntamientos se encuentran ante una tasa de imposición obligatoria que debe sufragar la totalidad del coste del servicio y que no puede ser deficitaria. Además, el tributo contempla la aplicación del pago por generación que parte de la idea de que quien más contamina, más paga.
Dado que la situación está provocando una multitud de criterios distintos en las ordenanzas municipales para regular la tasa, han augurado que se resolverán igualmente de manera diferente en los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, a la espera de conocer los criterios que finalmente validará el Tribunal Supremo.
Externalización de la inspección tributaria
Por otro lado, los inspectores de Hacienda esperan poner el foco a lo largo del próximo congreso que se celebrará en Alicante sobre el fraude que existe en torno a la externalización de los servicios de inspección tributaria por la falta de medios u otros motivos.
Los inspectores de Hacienda consideran que la participación de las personas que no están integradas en la administración tributaria representa una «intromisión ilegal» en el ejercicio de sus funciones
A pesar de que han dejado bien claro que no están en contra de la colaboración público-privada y han remarcado que no todos los encargos que haga la administración a terceros incumplen la ley, han reconocido que la justicia ha anulado varias externalizaciones.
Con todo, han considerado que la participación de las personas que no están integradas de forma orgánica y funcional en la administración tributaria representa una «intromisión ilegal» en el ejercicio de sus funciones.
