Las irregularidades de Prosegur que ha puesto en riesgo la opción de optar a concursos públicos
La Inspección de Trabajo de Barcelona sancionó a Prosegur con una multa de 37.500 euros tras constatar vulnerabilidades en años anteriores
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La posible prohibición a Prosegur de contratar con el sector público durante nueve meses y diez días por orden del Ministerio de Hacienda ha puesto el foco sobre uno de los gigantes de la seguridad privada en España.
Esta medida estaría en vigor hasta junio de 2026, supone el veto por infracción grave en materia profesional, recogido en el artículo 71.1.b de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
La raíz del problema se asocia al contrato de servicios de vigilancia y seguridad en ADIF, especialmente el lote 3 Nordeste, zona Cataluña.
Diversos sindicatos, como ADN Sindical y FORT, destaparon irregularidades como la presunta facturación de horas no trabajadas, uso indebido de personal sin habilitación y rotaciones excesivas, especialmente en puntos críticos como la estación de Barcelona Sants.
La Inspección de Trabajo de Barcelona sancionó a Prosegur en 2022 y 2023 con una multa de 37.500 euros tras constatar jornadas de hasta 24 horas seguidas, más de 40 días consecutivos sin descanso, y 2.000 horas extra en un solo año para algunos vigilantes, vulnerando lo dispuesto en el convenio colectivo estatal del sector y la normativa de seguridad privada.
Los vigilantes, además, denunciaron descansos ínfimos entre jornadas y la imposibilidad de librar al menos un fin de semana al mes, lo que deterioraba fuertemente las condiciones laborales.
El sindicato FORT dio cuenta de estos hechos tanto al presidente de ADIF, Pedro Marco de la Peña, como al ministro de Transportes, Óscar Puente, exigiendo transparencia y medidas frente a la “caja de Pandora” abierta por las irregularidades.
Prosegur: procedimiento administrativo y repercusiones en el sector
La prohibición sucede tras el registro oficial en ROLECE, quedando Prosegur fuera de la opción de contratar en el sector público durante el periodo correspondiente.
El artículo 71.1.b contempla el veto para empresas sancionadas por infracciones graves en materia profesional, laboral o social, competencia o medioambiental, aunque los medios señalan que Hacienda no ha difundido aún el motivo técnico concreto de la sanción a través de resolución administrativa pública.
El sindicato solicitó a ADIF información detallada sobre las horas de servicio y desempeño en el lote 3 Nordeste. Tras una denegación inicial por parte de la empresa pública, la reclamación avanzó hasta el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que dictaminó a favor de los sindicatos y obligó a ADIF a remitir información relevante sobre las “horas descubiertas”, lo que evidenció que las sospechas de facturación indebida y cobros por horas no trabajadas no eran infundadas.
El impacto es considerable en el sector de la seguridad privada, uno de los más dinámicos en España, pues Prosegur ha sido adjudicataria histórica de numerosos contratos públicos de vigilancia para infraestructuras críticas, estaciones y vías ferroviarias, como evidencian los mayores concursos licitados por ADIF en los últimos años.
Los sindicatos insisten en que “la impunidad empresarial debe terminar”, y piden que las administraciones revisen con mayor rigor las condiciones laborales de los trabajadores, quienes, según denuncia FORT, ven vulnerados reiteradamente sus derechos, con jornadas extenuantes y descansos insuficientes
