Regularización masiva y sin control 

Probablemente mañana el Consejo de Ministros consuma una de las decisiones más imprudentes e irresponsables de los últimos años. La anunciada regularización masiva de inmigrantes en situación irregular no es una medida humanitaria bien diseñada, ni una reforma estructural del sistema migratorio, ni siquiera un intento serio de ordenar un problema complejo. Es un atajo jurídico… hacia el precipicio social. Lo que se ahorrará en rigor se pagará después en cohesión, en seguridad y en prosperidad. 

El Gobierno habla de medio millón de regularizaciones. Otras estimaciones elevan la cifra por encima del millón. Pero más allá del número, que ya es en sí mismo significativo, lo verdaderamente preocupante es el cómo. No se exige un contrato de trabajo previo que acredite un proyecto de integración económica. Tampoco se exige, de forma efectiva, la comprobación de antecedentes penales en los países de origen o de tránsito. Basta con una declaración responsable. Un papel firmado. Un trámite burocrático mínimo para un asunto de máxima trascendencia. Quien haya hecho de la picaresca un modo de vida difícilmente encontrará en ese requisito un obstáculo serio. 

Esta decisión no solo es imprudente. Es, además, profundamente insolidaria. Y lo es en tres planos distintos. 

En primer lugar, es insolidaria con Europa. Mientras muchos países de la Unión están reforzando sus mecanismos de control y ordenación de los flujos migratorios, España opta por una vía unilateral que desborda el marco común. El espacio Schengen se basa en la confianza mutua. En la idea de que todos los socios cumplen unas reglas mínimas en materia de fronteras y seguridad. Cuando uno decide saltárselas, no solo asume un riesgo propio, sino que compromete al conjunto. Convertirnos en la puerta trasera de Europa no es un gesto de generosidad, es un acto de traición a nuestros socios. 

En segundo lugar, es insolidaria con los españoles. Porque las políticas públicas no se miden solo por la intención, sino por sus efectos. Y esta medida tendrá efectos. Sobre la sanidad, sobre la educación, sobre los servicios sociales, sobre el mercado de la vivienda. El propio Consejo de Estado ha advertido de la ausencia de un análisis serio del impacto presupuestario. No se trata de negar derechos, sino de reconocer límites. El Estado del bienestar se resentirá y quienes más lo sufrirán son precisamente los más vulnerables. 

Pero hay una tercera insolidaridad, quizá la más olvidada: la que afecta a los propios inmigrantes que han hecho las cosas bien. A quienes han esperado, han cumplido los requisitos, han trabajado y se han integrado respetando las normas. ¿Qué mensaje se les envía cuando se coloca en el mismo plano al que ha seguido el camino legal y al que lo ha ignorado? La ley deja de ser un marco de convivencia para convertirse en una sugerencia opcional. Esta regularización es, pues, un golpe a cualquier idea de justicia. 

La residencia, como la nacionalidad, no puede ser un regalo. Debe ser una conquista cívica. Un reconocimiento a un proceso de integración real. Convertirla en un instrumento coyuntural, en una decisión de conveniencia política, es degradar su valor. Y abre la puerta a una sospecha: la de que, detrás de algunas decisiones, no hay solo cálculo humanitario, sino también cálculo electoral. Cambiar papeles por papeletas es una tentación peligrosa para cualquier democracia. 

Además, la medida nace con un problema de legitimidad. No cuenta con un amplio respaldo parlamentario. La mayoría del Congreso de los diputados se ha mostrado contraria. Y, sin embargo, el Gobierno avanza, apoyado en una minoría, forzando los procedimientos, esquivando debates, evitando votaciones incómodas. El episodio de la enmienda del Partido Popular en el Senado, que exigía acreditar la ausencia de antecedentes penales mediante documentos oficiales, es revelador. Se bloquea su tramitación simplemente porque resulta incómoda para el relato gubernamental. 

Y aquí aparece una constante de esta legislatura: la degradación de los contrapesos institucionales en nombre de la urgencia política. Ya ocurrió con la ley del “solo sí es sí”, donde el voluntarismo ideológico se impuso al rigor técnico con consecuencias bien conocidas. Y puede volver a ocurrir ahora. Porque las políticas públicas no son inmunes a la realidad. Si se diseñan mal, generan efectos indeseados.  

Resulta especialmente paradójico que esta regularización llegue justo cuando ha entrado en vigor la reforma legal contra la multirreincidencia. Durante años, ciudades como Barcelona han sufrido una sensación de impunidad creciente frente a determinados delitos. Se da ahora un paso en la buena dirección, reforzando las herramientas legales para combatir esa lacra. Y, al mismo tiempo, con esta regularización se dan varios pasos hacia atrás.  

La política exige decisiones difíciles. Nadie lo niega. Pero precisamente por eso exige también prudencia, rigor y sentido de Estado. La inmigración es uno de los grandes retos de nuestro tiempo. Merece un debate serio, una estrategia a medio y largo plazo, una combinación equilibrada de humanidad y legalidad. Lo que no admite es la improvisación y la demagogia. España necesita ordenar sus flujos migratorios, no desbordarlos. Necesita integrar, no simplemente regularizar. Necesita fortalecer sus instituciones, no tensionarlas aún más. Si mañana el Consejo de Ministros perpetra la regularización masiva y sin control, los españoles (y no solo los españoles) lo vamos a lamentar más pronto que tarde.