Alaya manda al Supremo el ‘caso de los ERE’
La juez eleva la causa por los indicios contra siete aforados, entre ellos Chaves y Griñán
El Tribunal Supremo ha recibido este martes la exposición razonada de la juez de Sevilla más conocida en el país, Mercedes Alaya. Tres años después de iniciar la investigación del caso de los ERE, la magistrada ha elevado la causa a la sala de lo penal por los indicios de que afecta a “varias personas aforadas”, tal y como ha informado el alto tribunal sin ofrecer más datos.
La lista incluye, como mínimo, dos nombres clave de la política andaluza de los últimos años. El presidente de la comunidad durante 19 años y del PSOE a lo largo de 12, Manuel Chaves, y su sucesor en la junta, el también socialista José Antonio Griñán. Ambos son miembros de las Cortes, el primero diputado y el segundo senador, y Alaya no tiene competencias para investigarlos. También aparecen otros ex consejeros del gobierno autonómico. La lista incluye a Francisco Vallejo, Antonio Ávila, José Antonio Viera, Manuel Recio y Carmen Martínez Aguayo.
Una sola causa
El documento que ha recibido el Supremo va acompañado de varios tomos del sumario, indican fuentes judiciales a Europa Press. Alaya ha enviado la causa íntegramente al alto tribunal, tal y como decidió la Audiencia Provincial de Sevilla el pasado 30 de julio.
Este juzgado y la magistrada se oponían a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, partidaria de dividir en piezas separadas el caso de los ERE y limitarse a remitir a la instancia superior la parte que afecta a los aforados.
Imputados
La causa se juzgará junta. El Supremo deberá decidir en los próximos días si la acepta a trámite y si lo hace de forma parcial o completa. Será la sala de lo penal quien decida si finalmente son imputados los siete acusados, a quien Alaya señaló el pasado diciembre al considerar que eran conocedores de las irregularidades detectadas en la aprobación de los expedientes de regulación de empleo e hicieron la vista gorda.
Desde ese momento, todos están preimputados. La juez los imputó pero la Fiscalía primero y la Audiencia de Sevilla después revocaron esta decisión al considerar que no estaba suficientemente motivada.
