Andorra, el retiro dorado de los jueces españoles
Magistrados de Barcelona y Girona copan los cargos de mayor responsabilidad de la judicatura andorrana
Andorra es un país pequeño. Su actividad criminal (sin contabilizar la delincuencia de cuello blanco), es mínima. Por consiguiente, la plantilla de la policía andorrana es escueta. Sin embargo el principado tiene una estructura judicial formidable, aparentemente desproporcionada en relación con el escaso volumen de trabajo.
En la cúpula aparece el Consell General de Justicia, algo así como el Consejo General del Poder Judicial, en versión andorrana. Por debajo del Consell se encuentra el Tribunal Superior de Justícia, o lo que equivaldría al Tribunal Supremo, la más alta instancia jurisdiccional.
A continuación encontramos el Tribunal de Corts, algo parecido a la Audiencia Nacional española y en la base, a pie de calle, se encuentra la Batllia, la primera instancia civil y penal andorrana. A esta estructura se ha de añadir, naturalmente, la Fiscalía General de Andorra y todas sus ramificaciones.
Jueces españoles con vocación andorrana
Llama la atención cómo algunos reputados jueces españoles, procedentes de destinos en Cataluña, han ido copando los puestos de mayor responsabilidad de dicha pirámide judicial. Así, el presidente del Tribunal Superior andorrano es José Manuel Abril Campoy. El vicepresidente es Enrique Anglada, el juez que mantuvo la imputación de Oriol Pujol por el caso ITV.
El presidente del Tribunal de Corts es Josep María Pijuan, (ex instructor del caso Palau). El presidente de la Sala Civil del Tribunal Superior andorrano es el magistrado Carlos Cruz, procedente de la Audiencia de Girona y la magistrada de lo penal de este mismo órgano judicial es Fátima Ramírez. Los jueces españoles pueden, previo permiso del CGPJ, compatibilizar cargo en Andorra (y, por consiguiente duplicar salario) con su destino en España.
Un exsenador de CDC trabaja para los jueces andorranos
Economía Digital ha podido saber que, quien también tiene un despacho oficial en el Consell Superior de Justicia de Andorra, es el ex senador de Convergencia i Unió, y ex vocal del CGPJ por la federación nacionalista, y actual socio del despacho de abogados de Roca i Junyent, Ramon Camp. Fuentes jurídicas señalan que Camp tutela el «fichaje» de los jueces y se encarga de «su formación».
La justicia andorrana está en deuda con la española por el caso BPA. Será muy interesante conocer qué papel van a jugar los jueces andorranos-españoles en la tramitación de las distintas rogatorias solicitadas (y por solicitar) alrededor de la familia Pujol y de CiU.
«La sociedad no se va a conformar con medias tintas ni con posturas equidistantes. No se lo perdonarán a unos jueces que cobran o han cobrado suculentos sueldos y dietas de dos estados a la vez», asegura un destacado representante del gremio.
