Carmena mantiene ‘en precario’ al 80% de la plantilla de Empleo de Madrid

Los trabajadores denuncian que el 80% de la plantilla de la oficina de empleo de Madrid no tiene plaza fija y está en peligro

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La oficina de empleo del Ayuntamiento de Madrid, el ente encargado de buscar empleo a los parados madrileños, mantiene al 80% de su plantilla sin plazas fijas. Son los llamados “funcionarios precarios” de la administración pública de Manuela Carmena.

Los trabajadores del organismo autónomo encadenan contratos temporales o de interinidad desde 1992, el último año en el que se convocaron oposiciones, según ha denunciado un grupo de trabajadores.

Sólo un pequeño número de empleados en el organismo son funcionarios con plaza fija. Del resto, al menos la mitad han tenido que acudir a los tribunales para lograr el reconocimiento como “trabajadores indefinidos”, una condición más estable pero que no les garantiza el trabajo «para toda la vida».

Puestos en riesgo en el Ayuntamiento de Madrid

Los indefinidos de la oficina de empleo cobran el mismo salario y tienen los mismos beneficios (vacaciones, pagas extras, entre otros) que los funcionarios, pero en cualquier momento pueden perder su puesto de trabajo. El Ayuntamiento de Madrid prepara una oferta extraordinaria de empleo para asignar los puestos de trabajo por oposiciones, bajo las directrices del gobierno central que seguirán también otras administraciones. 

Dado que la mayoría de trabajadores encadenan contratos temporales o de interinidad, un buen número de empleados podría perder su puesto en los próximos meses.

Un buen número de los empleados de la oficina de empleo de Madrid pueden perder el puesto en los próximos meses

“La oficina de empleo cuenta con el mayor número de trabajadores precarios de todo el Ayuntamiento de Madrid”, explica una representante sindical de CCOO, sindicato mayoritario en el organismo. “La situación no se repite en ningún otro departamento u organismo autónomo. Los gobiernos anteriores (Ana Botella y Alberto Ruiz Gallardón) pretendían privatizar el servicio. Hoy arrastramos esta situación que tampoco ha sido resuelta con el actual gobierno”, agrega.

«El 80% de los contratos están en fraude de ley y la mayoría son trabajadores mayores de 50 años con pocas posibilidades de reincorporarse en el mercado laboral si pierden su empleo. Es un auténtico drama social», explica Miguel Ángel Lorenzo, portavoz de Somos Sindicalistas de Madrid.

Las nuevas oposiciones podrían dejar a decenas o centenares de trabajadores (muchos de ellos mayores de 50 años) sin sus puestos de trabajo. El gobierno central junto y los grandes sindicatos pactaron el año pasado la convocatoria de ofertas de empleo público en toda España. Así, las comunidades autónomas y ayuntamientos de toda España lanzarán los concursos entre 2018 y 2019. Es el período en el que unos 300.000 trabajadores públicos se juegan sus puestos de trabajo, según las asociaciones de interinos. 

¿Fraude de ley en Madrid?

El Ayuntamiento ha reconocido que sólo una minoría de la plantilla de la oficina de empleo tiene plaza fija. El gobierno municipal también admite que una buena parte de los trabajadores han logrado su condición de indefinidos en los tribunales, algunos de ellos tras demostrar que sus contratos han sido extendidos más allá de los tres años que marca la ley.

Pero fuentes del organismo explican que la situación ha sido heredada de gobiernos anteriores y que durante los últimos tres años (en los que ha gobernado Carmena) no se han producido conflictos judiciales por este motivo.

La mitad de la plantilla ha acudido a los tribunales para que se le reconozca su condición de «indefinido»

El Ayuntamiento también ha explicado que el proceso de regularización en marcha, conocido como “oferta extraordinaria pública de empleo” obliga a garantizar que los puestos de trabajo públicos sean designados mediante los principios de igualdad, mérito y capacidad, garantizados en la Constitución.

Los responsables municipales también han explicado a este medio que los actuales trabajadores tendrán un reconocimiento por la labor desempeñada en los últimos años (una puntuación añadida que les dará ventaja sobre el resto de aspirantes) pero no puede garantizar a todos los trabajadores que mantendrán sus puestos porque la ley exige la convocatoria de empleo público.

Ahora, para no terminar en el paro, los trajadores de la oficina de empleo no tendrán otra salida que la de estudiar y memorizar los temarios para defender sus plazas.

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