Ada Colau (centro) en un acto en Barcelona el 28 de junio, junto con Ernest Maragall, Jaume Collboni y Marilén Barceló. Foto: EFE/QG
stop

El consistorio de Ada Colau exige en una carta a la UE más medidas para poner coto al alquiler turístico ilegal

Economía Digital

Ada Colau (centro) en un acto en Barcelona el 28 de junio, junto con Ernest Maragall, Jaume Collboni y Marilén Barceló. Foto: EFE/QG

Barcelona, 29 de junio de 2019 (14:00 CET)

Si el consistorio de Ada Colau no puede cumplir una de sus grandes promesas –frenar el alquiler turístico ilegal–, será mejor que lo haga la Unión Europea (UE).

Así consta en una carta que el Ayuntamiento de Barcelona envió a los representantes del Estado y de la Generalitat en la UE pidiendo su colaboración para implementar medidas de protección frente a este fenómeno.

Firmada por la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, y remitida a la delegada de la Generalitat ante la UE, Meritxell Serret, y al embajador y representante de España ante la UE, Pablo García-Berdoy, la misiva apela la colaboración de las autoridades europeas para conseguir este objetivo.

"Las ciudades precisan de un marco legal europeo que ampare su capacidad de intervención sobre el mercado de la vivienda y que exija la cooperación de las plataformas de alquiler vacacional", dice la carta, que expone a Barcelona como una de las ciudades de "más contundencia" contra el alquiler turístico ilegal.

Colau en Barcelona y otras nueve ciudades contra Airbnb

Una decena ciudades en total han suscrito a un manifiesto reclamando a Europa que sea más contundente para exigir responsabilidad a las plataformas de alquiler vacacional, como Airbnb. Las ciudades firmantes acusan problemas de acceso a la vivienda para locales como efecto de la turistificación masiva.

Junto con ciudades como Berlín, Ámsterdam, Bruselas, Valencia, París y Múnich, entre otras, Barcelona urge a la UE "medidas contra el impacto del turismo ilegal" y reivindicar "un marco legal europeo que dé herramientas a los municipios para intervenir sobre el mercado de la vivienda".

Los municipios encendieron la alarma después de que el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea afirmara que plataformas como Airbnb "simplemente proporcionan un servicio más de la sociedad de la información", liberándolas de responsabilidad ante las normativas relativas al alquiler turístico.

"Es hora de establecer nuevas disposiciones legales para lograr un crecimiento equilibrado en materia turística, al tiempo que garantizamos nuestro mercado de la vivienda y la calidad de vida de nuestras ciudades", manifiestan en la carta conjunta.

Las diez ciudades reclaman "compromisos legales firmes para que las plataformas cooperen con nosotros en programas de registro y en la entrega de datos de alquiler por cada vivienda que se anuncia en su servicio", según recoge Efe.

Suscribir a boletines

Al suscribirte confirmas nuestra política de privacidad