Jaume Collboni y Ada Colau, en una imagen de archivo. EFE/Marta Pérez

Los puntos calientes de la negociación entre Colau y el PSC

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El control de Ciutat Vella y de las áreas de Seguridad, Cultura y Economía enconan las conversaciones para formar un bipartito en Barcelona

Barcelona, 28 de junio de 2019 (04:55 CET)

Quince días. Es el plazo en el que el número dos  de Ada Colau, Joan Subirats, confiaba que se cerraría el acuerdo de gobierno entre Barcelona en Comú (BComú) y el PSC.  Eso decía, al menos, el día siguiente del pleno de investidura de Colau. Pero, casi dos semanas después de la reelección de la alcaldesa, no hay novedades. Este jueves, la número dos de Junts per Catalunya 8JpC) en el Ayuntamiento de Barcelona, Elsa Artadi, protestó, metió prisa y le reprochó a Colau su lentitud a la hora de conformar un nuevo gobierno.

Pero el caso es, diga lo que diga la oposición, comunes y socialistas han optado por tomarse la negociación con calma. De entrada, y para cubrirse las espaldas, el mismo sábado que tomó posesión, Colau ya firmó dos decretos que fijaban un primer cartapacio provisional, de modo que todas las concejalías, las sectoriales y las de distrito, están ya ocupadas por ediles de BComú. Es decir, ya hay un gobierno municipal operativo a todos los efectos. A la espera, eso sí, de una reformulación en la que se integren en el ejecutivo los socialistas de Jaume Collboni.

Normalmente, el plazo entre la toma de posesión y el pleno en el que se aprueba el cartapacio es de aproximadamente un mes, pero, en primer lugar, no está estipulado en ninguna parte que deba de ser así. Y, en segundo, en ese pleno la parte que se vota del cartapacio no es la que se  refiere a los nombramientos y la distribución del gobierno, que dependen exclusivamente de la alcaldía, sino las asignaciones de presidencias y vicepresidencias de las comisiones sectoriales, las composiciones  de los consejos de administración de las empresas públicas, la designación de los miembros del Ayuntamiento en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), la distribución y retribución de los consejeros de distrito (que no son cargos electos) y el reparto entre los grupos municipales de los 124 cargos de confianza que puede nombrar el consistorio.

Lo ideal sería celebrar ese pleno en el mes de julio. Pero tampoco sería la primera vez que se pospusiera hasta septiembre. Y, en todo caso, toda esa parte podría acordarse incluso aunque no hubiera un acuerdo de gobierno entre comunes y PSC que, en todo caso, las partes esperan despachar en las próximas semanas.

Pero la ausencia de una fecha límite y los recelos provenientes de los guiños al independentismo de los comunes y de la forma en que acabo, hace apenas año y medio, el primer bipartito entre los de Colau y los de Collboni, con estos últimos expulsados en represalia por el aval socialista a la aplicación del 155, aconsejan ir paso a paso. La negociación cuenta además con algunos puntos especialmente espinosos. Son los que tienen que ver con estos cuatro ámbitos que detallamos a continuación.

Economía

El área más importante del Ayuntamiento, también la más codiciada, claro, es la económica. Cuando se pactó el anterior bipartito, en la primavera de 2016, el primer teniente de alcalde y mano derecha de Colau, Gerardo Pisarello, conservó el control de las cuentas municipales, es decir, de la elaboración y ejecución del presupuesto, mientras que Collboni asumió bajo el paraguas de la segunda tenencia de alcaldía un paquete que incluía, por un lado, las áreas de Empresa y Turismo y Comercio y Mercados (por bien que cada una de ellas tenía asignado un concejal, y el que estaba al cargo de la primera, Agustí Colom, era de los comunes), y, por otro, el control de Barcelona de Serveis Municipals (B:SM), la más importante de las empresas municipales, y la promoción de la ciudad, lo que comportaba la coordinación con Fira de Barcelona, el Mobile World Congress o el Consorcio de la Zona Franca. Es decir, los socialistas ocupaban plazas estratégicamente claves y a cambio asumían la relación con sectores económicos enfrentados a Colau, como las asociaciones de comerciantes o el Gremio de Hostelería.

Liquidado aquel bipartito, todo volvió a estar bajo control de los comunes.  Ahora, el PSC cuenta con ocho concejales, en lugar de los cuatro que tenía entonces, lo que hará valer para que esta vez Collboni asuma la primera tenencia, no la segunda, y habrá que ver cómo se reparte el goloso pastel económico.

Seguridad

Uno de los puntos de fricción, según fuentes conocedoras de las conversaciones, es el de la seguridad. Colau se pasó su primer mandato tratando de suavizar su tirante relación con la Guardia Urbana y vio cómo se disparaban las gráficas de hechos delictivos y cómo la seguridad se encaramaba al primer puesto de preocupaciones de los barceloneses, donde sigue, mientras no conseguía que la Generalitat reforzara la plantilla de Mossos d’Esquadra asignados a Barcelona. 

Pero en el equipo de Colau, que asumió personalmente las responsabilidades en ese ámbito, están satisfechos con el trabajo de Amadeu Recasens, el comisionado fichado para gestionar la Urbana, y que fue confirmado por Colau en el cargo en el reparto de tareas provisional que la alcaldesa firmó el 15 de junio. Recasens  ha conseguido controlar más de un incendio y que, en la tensa relación del cuerpo policial con el gobierno, la sangre no llegue al río.

Pero los de Collboni aspiran también a quedarse con esa área, no en vano incorporaron como número tres en su candidatura a Albert Batlle, que –además de haber sido ya edil barcelonés durante dos décadas, de 1983 a 2003– fue director general de los Mossos entre 2014 y 2017, cuando renunció al acelerar el gobierno de Carles Puigdemont con la apuesta unilateral que culminó en octubre.

Ciutat Vella

La mayoría de desafíos de seguridad que ha tenido que afrontar Colau, y que siguen vigentes, tienen como escenario Ciutat Vella, que ha sido también fuente de conflictos entre los comerciantes y los comunes en general y la concejal Gala Pin en particular, conflictos que los socialistas recondujeron mientras estuvieron en el gobierno. El distrito es también el que soporta más presión turística, y está pendiente de una remodelación de la Rambla que es otro de los grandes retos pendientes del mandato.

Con Pin fuera de escena, porque renunció a volver a presentarse a las elecciones, Colau asignó de entrada el distrito al edil Jordi Rabassa. Pero, del mismo modo que es una inagotable patata caliente, Ciutat Vella también comporta un protagonismo que la convierte en una pieza codiciada igualmente por los socialistas y a la que los comunes tampoco quieren renunciar. El pulso está servido.

Cultura

Cuando Colau y Collboni cerraron su anterior acuerdo, hace tres años, el área de cultura fue asignada a los socialistas. Eso comportó el cese de la hasta entonces comisionada Berta Sureda. El plan de Collboni era designar para el cargo a Xavier Marcé, un veterano gestor cultural que siempre ha operado en la órbita de los socialistas. El nombramiento llegó a ser anunciado, pero hubo que dar marcha atrás porque los comunes, forzados por sus bases, lo vetaron, de modo que Collboni asumió personalmente la competencia y Marcé fue contratado como asesor del líder socialista.

Ahora, Marcé es concejal. Pero los comunes encontraron finalmente a su hombre para la cultura en la persona de Subirats, uno de los ideólogos y fundadores de BComú, que fue nombrado comisionado tras la expulsión del PSC y que en la campaña asumió el número dos de la candidatura. Subirats consta ahora en el cartapacio provisional como primer teniente de alcalde y responsable de Cultura, Educación y Participación.

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